El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíbe que ningún funcionario federal, ni de los poderes Legislativo y Judicial o de los órganos autónomos pueda ganar más que el presidente de la República.
La legislación fue aprobada por 65 votos en favor y 49 en contra, luego de que se rechazaran las reservas promovidas por senadores del PAN, PRI y PRD. El ordenamiento fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El proyecto precisa que ningún servidor público, obligado por la Ley, recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.
Para determinar la Remuneración Anual Máxima en 2021 se tomará como base la aplicada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.
Se incluye también el Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), como referente para la determinación de las retribuciones de los trabajadores del Estado, una metodología que nunca antes se había aplicado en el país.
Previamente, la Cámara de Senadores aprobó en lo general la ley, por 90 votos en favor y 28 en contra.
La senadora del PRI, Nuvia Mayorga, criticó que el dictamen no contuviera con claridad la determinación para regular las remuneraciones del Ejecutivo: “No se establecen parámetros que sirvan como referencia, remuneraciones que deben ser justas y en proporción a la labor que ejerzan. El marco regulatorio no subsana la totalidad, y el dictamen no cumple con los objetivos de la materia”.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo que su fracción parlamentaria no está en contra de la austeridad republicana, sino en contra de un dictamen inconstitucional que no cumple con la sentencia emitida por la SCJN para garantizar certeza jurídica y salarios justos.
Mientras tanto, el senador morenista Martí Batres Guadarrama, dijo que con la nueva ley se establecen reglas claras, parámetros y criterios, como lo pidió la Suprema Corte, para generar un sistema que delimite las percepciones en el servicio público. Con ello, acotó, “se refrenda la convicción de que las remuneraciones no pueden ser fuente de enriquecimiento”.
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