La última oferta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado a los agentes sociales en el marco de la negociación de la reforma de las pensiones especifica tanto los distintos tramos como la cantidad de las cuotas que los trabajadores autónomos deberán abonar a la Seguridad Social sobre la base de los rendimientos de su actividad. Con esta fórmula, el departamento que dirige José Luis Escrivá pretende hacer efectiva su promesa de instaurar un sistema que permita a los trabajadores por cuenta propia tributar de una manera más flexible y acorde a su situación real. Esto es, serán ellos los que establezcan cuál es su base mínima de cotización (a tenor de las previsiones de ingresos que realicen de manera particular), y basándose en ellas les corresponderá una cuota acorde.
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Este nuevo esquema que recoge el último borrador presentado por Seguridad Social, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, contempla 13 tramos de rendimientos ―que van desde la cotización mínima (inferior a 3.000 euros) hasta la máxima (superior a 48.841 euros)―, y terminaría disponiendo de un rango de cuotas que oscilaría entre los 90 y los 1.220 euros. Esta escala estaría vigente, sin embargo, a partir de 2032, ya que, según se recoge en el documento, aunque el nuevo sistema “se aprobará en 2022″ y “no producirá efectos económicos hasta 2023″, el despliegue “será progresivo hasta un máximo de nueve años”. En su primer año de vigencia, las cuotas ―asociadas a los mismos 13 tramos de rendimientos―, irán desde los 200 hasta los 400 euros.
Actualmente, el colectivo de autónomos, compuesto por 3.079.900 trabajadores por cuenta propia según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre de 2021, dispone del sistema de tributación por módulos (o de estimación objetiva, como también se le conoce), que junto con el de estimación directa, normal y simplificada puede emplear para declarar sus rendimientos en función de su variabilidad.
Seis cambios al año
Esta nueva norma viene a sustituir este esquema, menos flexible, y con ella el Gobierno pretende abrir el abanico de posibilidades. Para ello permitirá que los autónomos puedan llevar a cabo hasta seis cambios de tramos al año para adaptarse a la fluctuación de sus ingresos. Sin embargo, también establece que una vez terminado el año se revisarán esas cotizaciones, y para aquellos que hayan cotizado por una base inferior a los rendimientos declarados se llevará a cabo un sobrecargo en forma de ajuste. De la misma forma que quienes hayan pagado de más recibirán una compensación.
En 2021 los autónomos que cotizan por la base mínima abonan una cuota de 286,1 euros, y los que lo hacen por la máxima, 1.233,2. Atendiendo al nuevo balance ―que estará vigente en 2032―, se situarán por debajo de esta cuota mínima todos aquellos autónomos que obtengan ingresos de hasta 17.000 euros (a partir de ese baremo ascendería ya a 305). Lo que supone una rebaja considerable y entrega algo más de oxígeno para las cuentas de muchos trabajadores.
Sin embargo, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) muestran su rechazo a este planteamiento, fundamentando su desacuerdo en el periodo de estabilización de nueve años de transición de la norma. “No vamos a consentir que esta regularización dure nueve años. Se tiene que llevar a cabo como máximo en tres”, advierte Eduardo Abad, presidente de UPTA.
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