Washington, 4 abr.- Los expresidentes salvadoreños Elías Antonio Saca y Mauricio Funes o la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti encabezan una lista de corruptos en Centroamérica elaborada por el Departamento de Estado de EE.UU. que una congresista criticó este jueves por incluir solo a imputados y condenados.
Además de Saca, condenado a 10 años de cárcel; Funes, fugado a Nicaragua; y Baldetti, condenada a 15 años; la lista incluye a varios exfuncionarios de alto rango hondureños, salvadoreños y guatemaltecos vinculados a corrupción o narcotráfico.
El Departamento de Estado elaboró esta lista en respuesta de un requisito del Congreso incluido en la ley de presupuesto para 2019 del Pentágono.
La congresista estadounidense Norma Torres, nacida en Guatemala, promovió dicho requisito y tras recibir ayer la lista criticó que solo se hayan incluido nombres obvios y conocidos y avisó que está “considerando todas las opciones” que tiene como representante para forzar al Gobierno a dar más información.
“Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google”, dijo Torres, que calificó la lista de “farsa”.
“Sabemos”, añadió, “que el Gobierno de EE.UU. tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe”.
Es por eso que Torres acusó al Gobierno de Donald Trump de “encubrimiento” y de ser “cómplice de la corrupción en Centroamérica”, citando la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Corrupción (Cicig) de Guatemala o los presuntos vínculos con el narcotráfico del hermano del presidente de Honduras.
“Debido a la complicidad de este Gobierno, Honduras y Guatemala están en camino de convertirse en narcoestados”, concluyó.
En respuesta a las críticas, un portavoz del Departamento de Estado dijo a Efe que el informe entregado al Congreso “no tenía como objetivo identificar a todos los individuos sospechosos de corrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador”.
Defendió que la lista “cumple estrictamente” con el requisito que debía incluir “nombres de altos funcionarios del Gobierno ‘que se sabe que cometieron o facilitaron’ actos de corrupción o tráfico de narcóticos”.
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