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“Déjala ahí, que esa es del triunfador”, le dijo Martín Ponce, de 14 años, a su mamá sobre la camiseta con la que había salido campeón de la liga regional esa misma tarde del 21 de diciembre de 2019. Martín Ponce era el enganche y figura de la quinta división del Club 25 de Mayo, en la pequeña localidad serrana de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, Argentina. Orgulloso del logro, el joven quería mirar la camiseta número 10 un rato más antes de que su mamá la pusiera a lavar. Jésica, la hermana mayor, dice que siempre estaba sonriendo, siempre dispuesto a echar una mano. “Era de esos chicos que todo le salía bien, que todo le salía fácil: la escuela, las amistades, el fútbol…” Se había probado en Boca, donde pudo conocer a su ídolo, Carlitos Tevez, y tomarse una foto con él; un recuerdo que atesoraba más que nada.
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Esa noche de sábado, saliendo de una fiesta en una casa, uno de sus amigos se trenzó en una pelea con otro chico, y Ponce intercedió para defenderlo. De acuerdo con lo que contaron los testigos a la familia, él pegó al agresor de su amigo, tirándolo al suelo y dejándolo ahí. Tras eso, otro adolescente se acercó con un cuchillo y se lo clavó tres veces en el tórax al joven, que de inmediato se comenzó a desangrar. No llegó al hospital; murió en el camino. El menor que lo apuñaló tenía 15 años.
Marisol Maldonado, la madre de Martín, repasa los recuerdos de su hijo mientras fuma cigarrillos en cadena. “No conozco al chico; mi hija Gisela sí porque iban a la misma escuela, y de ahí sabemos que tenía muchos conflictos. Parece que su mamá tiene problemas de adicción. Que lo golpeaba. Con mi hijo no se conocían”, relata. “Nos enteramos de que lo iban a largar hace unos meses del Complejo Esperanza, pero parece que adentro apuñaló a otro chico, y por eso sigue ahí. Nuestro abogado nos fue sincero y dijo que no hay posibilidades de que sea juzgado por lo que hizo porque es menor de edad. Yo quisiera que mis hijas no se lo tengan que cruzar jamás. Que esto termine acá”.
Maldonado cuenta que los primeros meses tras el asesinato de su hijo se los pasó medicada y en cama. Que lo más difícil es tratar de encontrar una explicación. Superar los miles de escenarios posibles que no sucedieron, donde a su hijo esa noche no le pasaba nada. Donde el desconsuelo y el vacío no se vuelven omnipresentes.
El Complejo Esperanza es la mayor institución de rehabilitación para menores de edad de la provincia argentina de Córdoba. Abusos sexuales masivos, guardias delincuentes que cobran por dar protección, asesinatos a internos, palizas brutales y restricciones propias de una cárcel de adultos son la moneda habitual en este centro.
“Si a un pibe lo encierras, lo que le estás diciendo es ‘mirá, vas a tener que seguir siendo violento porque en ese espacio la violencia se transforma en un recurso multiuso, necesario’. Lejos de resolver el problema, generás las condiciones para que se termine espiralizando. Hay algo que no se está pudiendo desactivar, que es la velocidad, la urgencia. Porque los problemas no se desandan de un día al otro”, reflexiona por teleconferencia Esteban Rodríguez Alzueta, quien indaga sobre estas relaciones sociales como investigador en la Universidad Nacional de Quilmes. “Es una sociedad que ha fetichizado la juventud. Eso la ha empoderado. Generó expectativas. Pero ese empoderamiento no llegó a los jóvenes varones. La violencia puede ser una suerte de comodín que viene a rellenar un vacío. En especial en esos pibes silvestres que crecieron a la intemperie, a cielo abierto”, añade.
Tamara Pez, psicóloga de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba, analiza: “La pobreza afecta la capacidad simbólica para interpretar y resolver situaciones. Quita opciones de la mesa. El fracaso es de las instituciones. Si un pibe no puede llegar a horario a la escuela porque lo para la policía, o no puede tener clases porque la escuela está destrozada, ¿eso no es violencia?”. Ella, que convive con esas frustraciones a diario, comenta cómo dentro de las mismas instituciones hay luces de esperanza con equipos que están intentando otros caminos con un alto grado de éxito.
Santiago, Benjamín, Ezequiel, Darío, Valentino, Patricio y Alexis, de edades entre 15 y 21 años, viven juntos en La Casa de Achával, un proyecto piloto de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba donde los procesos se construyen, como propone Rodríguez Alzueta, con paciencia. Los siete jóvenes atraviesan procesos judiciales y carecen de un núcleo familiar que los contenga. En la casa cuentan cada uno con habitación propia; libertad para ir y venir; comida en la heladera. El proceso es acompañado por un grupo de asistentes sociales y psicólogos y por el director del hogar Sergio Mancini, un excura católico.
La violencia extrema e incomprensible está lejos de ser un patrimonio de la pobreza
El proyecto no dista de ser algo menos que revolucionario en el contexto de la institución que lo alberga —la misma a cargo del mencionado Complejo Esperanza— y sus lógicas dominantes. Mancini y Mara González, una de las psicólogas a cargo, relatan cómo en la casa los problemas se resuelven hablando, una, dos, o mil veces si es necesario. Los plazos se ponen en años. En esas dinámicas los vacíos se van llenando con planes y proyectos de vida.
“Cuando yo era chico sufrí mucha violencia familiar. Eso se fue acumulando en mí. Cuando ejercí violencia ciegamente, que salió una persona muy lastimada, fueron sentimientos acumulados por años. Hasta el día de hoy a veces pienso ‘yo puedo hacer eso’ y se me vienen imágenes. Si veo sangre me pongo mal. Yo vivo con dolor en las manos”, cuenta Alexis Giménez, el mayor del grupo. De 21 años, trabaja de repositor, estudia pedagogía social y escribe poesía.
Valentino, a poco de cumplir los 18 años, siente que nunca tuvo opciones. Su madre lo abandonó a los 11. “Me la cruzaba por la calle y ella miraba para otro lado”. Durante cinco años aprendió a pasar frío extremo, hambre extrema y a sobrevivir solo hasta que, por robar, entró en el sistema. Pasó un año en el Complejo Esperanza antes de llegar a la Casa, esperando visitas que nunca llegaban.
Santiago, de 15 años, el menor de la vivienda, escucha atento y en un momento rompe a llorar en silencio mientras se refugia en el afecto de Mara González, la psicóloga, que es lo más parecido a una buena madre.
Los pibes de La Casa de Achával comparten experiencias de violencia y privación desde bien pequeños. De no tener otros recuerdos, ni otros ejemplos. De bancársela o ser perro de alguien. De sentir que la primera vez que se les presentaron opciones fue en la casa, a la cual la mayoría llegó previo tránsito por el Complejo Esperanza. Hablan de cómo cuesta superar la mirada de los otros, para quienes ellos son “unos negritos de mierda” y cómo esa mirada les saca lo peor.
La violencia extrema e incomprensible está lejos de ser un patrimonio de la pobreza. En Argentina, el rugby, deporte practicado especialmente por jóvenes de clases media y alta ha saltado de las páginas del deportivo a las policiales demasiadas veces como para hablar de hechos aislados.
Alejo Paz, un joven de 19 años, jugador del club Córdoba Athletic y referente en su división, se presta a una conversación a la cual el mundo del rugby en general le suele ser esquiva. “Hay mucho odio de clases, de ambos lados, de clase alta hacia clase baja, y viceversa. He visto y sentido ese tipo de situaciones, como que te miren mal por estar en una fiesta que no es de tu ambiente. El odio de clases se vive mucho. El ‘che, negro de mierda’ no se nos va. ‘Negro villero’, el ‘puto’, el ‘trolo’… Hay que sacarlo”, afirma.
El último caso más sonado se produjo en el verano del 2019, después de que un grupo de jóvenes, compañeros de división en un club de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, masacrara a golpes de puños y patadas a Fernando Báez Sosa, un joven de 19 años, a la salida de una discoteca en la ciudad balnearia de Villa Gesell, en la costa bonaerense. El foco expuso ante la sociedad algo que en el ambiente del rugby se conocía mucho y condenaba poco: la convivencia en casi todos los clubes de algunos jóvenes violentos e hiperentrenados que salen a demostrar, puestos en alcohol y otras drogas, lo que sus cuerpos pueden. El caso también expuso lo que comenta Paz: un odio de clases salvaje. Fernando Báez era un pibe morocho, hijo de inmigrantes, que había ahorrado mucho tiempo para esas vacaciones. Su apariencia fue el motivo por el cual arrancó la agresión.
“Creo que no se puede separar al rugby de lo que vive el resto de la sociedad, y ahí aparece el gran tema de la desigualdad y sus consecuencias, que no solo son los pibes de algunos barrios más pobres que salen a robar más, sino que distancias a muchos pibes de clases medias y altas del resto de la sociedad. Eso no es gratis, todos pagamos el precio” señala Pablo Carballo, presidente del Tala Rugby Club en conversación telefónica.
Tala fue puesto en el foco de la escena cuando cumpliéndose un año del asesinato de Báez Sosa, un jugador de 19 años perteneciente al club, golpeó hasta desfigurar a otro joven en una fiesta dentro de un barrio privado. Alejo conoce al joven del Tala involucrado en el episodio. Dice que nunca le pareció un chico violento, por el contrario, y que el hecho de verlo involucrado en una situación así le hizo tomar aún más conciencia de lo insostenible de la situación sin cambios reales y profundos.
“No se le cae injustamente al rugby, se merece que lo golpeen. Me parece bien que nos den una cachetada de realidad”, dice Paz, y agrega una sensación tan difícil de medir como evidente: “Nos pasa algo, vos lo notas en la calle, cómo ante el mínimo desencuentro la gente se insulta, se pelean, te tiran el auto. Pareciera que hay muchos que están listos para estallar”.
Abel Suárez tenía 26 años, dos hijos y pareja; con ellos vivía en el periférico barrio San Jorge, en Córdoba. Trabajaba como vendedor ambulante de productos de limpieza. Su familia relata que la noche del pasado 13 de febrero salió con un amigo buscando alguna fiesta, clandestinas todas por las restricciones de la pandemia, y que habían ido hacia Yofre, el barrio aledaño donde solía pararse en alguna esquina a vender sus productos.
Lo mataron por ser negro, por ser pobre. Abel era un papá presente, cariñoso, súper trabajador; nunca dejaba que nos faltara nada
Irupé, viuda de Abel Suárez
Los relatos que llegaron a la prensa describen que Suárez arrebató un teléfono a Leandro Daguero en la calle y este lo persiguió hasta atraparlo, momento en se presentaron dos policías que patrullaban la zona: el cabo Jorge Ferreyra y el agente Hernán Campos. Fue entonces que Daguero estranguló con un brazo a Suárez hasta dejarlo sin vida mientras lo insultaba, y con el otro brazo filmaba toda la escena en su teléfono móvil, sonriendo a la cámara. Daguero, de 19 años e hijo de una farmacéutica de barrio, subió el vídeo de la ejecución a su estado de Whatsapp, donde se viralizó en cuestión de minutos. La familia de Suárez se enteró de todo cuando esa misma madrugada les llegó compartido ese vídeo por Instagram. Al día siguiente, la Fiscalía ordenó la detención de Daguero y de los policías Ferreyra y Campos, acusados de haber sido testigos de todo y no haberlo impedido.
“Lo mataron por ser negro, por ser pobre. Abel era un papá presente, cariñoso, súper trabajador; nunca dejaba que nos faltara nada”, relata Irupé, su viuda, quien pasa de las lágrimas a la furia contenida mientras sostiene en brazos a su hijo menor, de 10 meses de edad. Abrazada a sus pies está la mayor, de cuatro años. La familia, vecinos y amigos de Suárez cortaron una avenida a dos calles de la casa de Daguero, en Yofre Norte, reclamando que la justicia actuara y que no se tapara el crimen ni la negligencia policial.
“Pienso en el odio, en la dominación que hay en esta sociedad. Hay una cuestión de demostrar a los demás de lo que vos podés hacer. El poder sobre otro es un sentimiento muy fuerte”, reflexiona el rapero Negro Yoni Díaz, de 25 años, conversando en el patio de la casita de la Fundación La Morera, en la villa El Tropezón, uno de los bolsones de carencias más grandes de la ciudad de Córdoba. En la conversación también esta Ezequiel Kowalsky, de 22 años, que es muralista y estudia trabajo social en la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos crecieron y viven en la villa, y ambos trabajan en La Morera dictando talleres y apoyando a jóvenes que quieren cambiar un rumbo o que tienen problemas y no pueden contar con nadie más.
“Esto es intergeneracional: el papá, el abuelo. Es gente que vino a la ciudad creyendo que iba a poder trabajar, pero lo que le tocó fue crisis tras crisis y acabar en las villas. La mayoría de la gente de acá no es de acá; mi vieja se vino del norte de la provincia a trabajar. A mi viejo lo mataron de un corchaso. El papá de mi viejo se murió acá de viejito. Hay pequeñas búsquedas y constancias de personas que se dejan la piel queriendo tener una vida digna y otros que no lo pueden hacer. Que se pasan la vida intentando”, opina Díaz.
Como muchos jóvenes de la villa, Díaz conoció de niño lo que es quedar tras las rejas después de que la policía le apuntara con un arma en la nuca y le pusiera la cara contra el suelo. “No nací para estar encerrado, que me verdugueen, nací para otra cosa. Perdí muchas amistades cuando dejé esa vida, pero también gané muchas otras cosas. Sorprender a la gente con mi arte, ganar un concurso de música nacional, salir de gira. Salir del barrio, que no es poca cosa. Acá se achica todo. Acá hay chicos que no salen si no los llevamos. Ahí se les abre la cabeza”, relata el rapero.
Kowalsky cuenta una experiencia de vida similar a la de su amigo: “Mi viejo terminó matando a una persona. El año pasado se murió; hace nueve que no lo veía. Él compró el paquete de violencia completo: no mató a mi vieja, pero mató a su compañero. Me quedé con mucho rencor porque no conociera lo que estamos haciendo acá, porque él me trajo acá, y estoy orgulloso de ser de acá. Hay nobleza y sinceridad en eso, en compartir necesidades, porque las necesidades de uno son casi idénticas. Pienso en toda esa violencia que mamó mi viejo”.
Lo que Kowalsky y Díaz enseñan a otros jóvenes del barrio es que existen otros caminos posibles, aunque difíciles, como dice el rapero: “Estamos abriendo una puerta a una alternativa que antes no existía. Hay changos que ya salieron y está mortal verlos. Acá, si no terminas siendo cartonero o transa [timador], terminas en la obra. Son todas formas de explotación. Nosotros venimos a plantear que se puede ser otra cosa: un musicaso, un artista, un carpintero”. Concluye con una reflexión temeraria: “La salida de estos pibes es al estallido. Personal o colectivo”.
“No importa en realidad si esto empeora o mejora, lo que tenemos que pensar es que no puede seguir así. Si lo que queremos es reducir la violencia de todos los niveles, no solamente de los populares, hay que resolver valores culturales de fondo. Recordar que los jóvenes están muy interiorizados en esta cultura, que son los que más celulares consumen, los que más redes usan, y todo desde una corta edad”, plantea Valeria Plaza, abogada e investigadora del Conicet-UNC. Con una extensa trayectoria estudiando políticas estatales de seguridad y abusos policiales, la experta conoce de primera mano el desconcierto estatal ante la criminalidad juvenil: “No hay estrategias del Estado para estos jóvenes. No son convocados. Y después esta la mirada de la sociedad. Pareciera que desde la de algunos feminismos hoy este sector de jóvenes no califica como víctima, están en un no lugar. ¿Qué lugar social y que estrategia se van a dar para que sean parte? Si no, vas a aniquilarlos. Es un suicidio social”.
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