El lunes 3 de mayo, Nayib Bukele reunió a casi todos los representantes diplomáticos acreditados en El Salvador para montar una escena: durante casi dos horas, después de convocarlos a una reunión privada en la Casa Presidencial, el joven mandatario se quejó porque algunos de sus países habían condenado públicamente la destitución de todos los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal del Estado, una jugada política ejecutada por la nueva Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista— dos días antes, el sábado 1 de mayo, y que fue leída por la comunidad internacional como un golpe a la separación de poderes y un anticipo de lo que se venía con el Congreso controlado por su Gobierno.
Como apuesta diplomática, aquella parecía una escena delirante: con los delegados extranjeros ubicados como un decorado para su discurso, Bukele dijo que “no había nada que condenar”; les habló de su popularidad y de los votos que había sacado en las elecciones, se quejó de la ausencia del encargado de negocios de los Estados Unidos, les leyó artículos de la Constitución desde su teléfono y repitió que estaban equivocados: “El hecho de que cinco personas piensen lo mismo no quiere decir que tengan razón. En Alemania, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno. Es decir, mucha gente puede estar equivocada”, dijo en esa reunión. Primer plano a su cara: gesto solemne. Al otro día, rompiendo la privacidad que les había prometido, transmitió la reunión por cadena nacional. En un punto, al menos, nadie se equivocaba: aquello parecía un anticipo de una nueva fase en su Gobierno.
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A casi dos años de asumir la presidencia de El Salvador, del idilio de Nayib Bukele con Washington —”su aliado más importante”, dijo luego de llegar al poder en 2019— y de la relación de adoración que tenía con el Gobierno de Donald Trump, ya no queda casi nada. La llegada de Joe Biden al poder cambió radicalmente las cosas. Mientras que a Trump prácticamente lo único que le importaba era que El Salvador detuviera la migración y las caravanas y “no le interesaba mucho la concentración de poder y otras cosas”, explica Geoff Thale, presidente de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), “la Administración de Biden es distinta. Su visión es que para detener la migración tiene que haber un compromiso para frenar todo lo que la causa, que incluye la corrupción, la falta de institucionalidad, la falta de seguridad, la impunidad…”.
Las cosas empezaron mal desde el principio, con un selfi que no pudo ser: en febrero, según reportó AP, antes de las elecciones legislativas en su país, Bukele hizo un viaje no anunciado a Washington con la intención de reunirse con algún representante del nuevo Gobierno de Biden, pero nadie lo recibió. Más allá de los protocolos, los funcionarios de Estados Unidos —un país donde viven dos millones y medio de salvadoreños que aportan la mayor parte de las remesas que representan más del 20% del producto interior bruto del país— querían evitar, justamente, que un encuentro así pudiera ser utilizado como una señal de respaldo antes de la votación. El presidente salvadoreño desmintió que su viaje tuviera otras intenciones que no fueran personales, pero no tardó en tomar revancha: en abril, Bukele dejó plantado al enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien terminó su gira por Centroamérica sin poder reunirse con el mandatario en medio de la primera crisis migratoria de la era Biden.
“No me gusta que nos llamen Triángulo Norte”, les dijo Bukele a los diplomáticos en la reunión del 3 de mayo, “pero ellos han decidido llamarnos así unilateralmente. Algún día los vamos a llamar ‘cuadrado de Norteamérica’”. El encargado de negocios de Estados Unidos no estaba allí para escucharlo y el presidente parecía molesto por no poder explicarle, como hizo con los demás, que después de destituir a los miembros de la Sala de lo Constitucional, su aprobación subió dos puntos en las encuestas, y que no había motivos para condenar lo que había hecho el Congreso. Pero no todos fueron críticos: en medio de las condenas internacionales, la embajada de la República Popular China publicó un tuit en el que decía que, básicamente, ellos no interferían en los asuntos internos de otro país.
Tres semanas después, Bukele celebraba por Twitter la ratificación de un acuerdo de cooperación con China: “500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones”, escribió el mandatario luego de que la Asamblea Legislativa aprobara el plan firmado en 2019 con ese país para construir un estadio de fútbol, una biblioteca, un muelle, plantas potabilizadoras de agua y desarrollos turísticos. “Señor presidente, nada de China viene sin condiciones”, le respondió la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE UU, Julie Chung.
‘Sin condiciones’
Evan Ellis, un profesor de estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College que ha estudiado la influencia china en el país centroamericano, dice a EL PAÍS: “Para mí es muy fascinante que estos acuerdos hablen de lo que El Salvador está obligado a hacer para los chinos y no hay nada de lo que China está obligada a hacer para cumplir con las leyes de soberanía de El Salvador”. Para Ellis, este movimiento del Gobierno salvadoreño sería el primer paso para “entregar el país a los chinos”. El Congreso de mayoría oficialista, señala, “ha firmado este convenio por el que los chinos tienen derecho a hacer todo: investigación, diseño y construcción”.
Lo que más preocupa a Ellis es el Beijing Asia Pacific Xuan Hao Project Investment, un megaproyecto de inversión que ya mostraba las intenciones de China en la región desde antes sde que El Salvador ratificara el actual convenio de cooperación. Según un folleto informativo del proyecto al que el investigador tuvo acceso, el desarrollo contempla la creación de una zona de libre comercio en el sureste de El Salvador, un área estratégica de casi 2.800 kilómetros cuadrados al norte del Golfo de Fonseca, del Puerto de la Libertad al de la Unión, con accesos a Honduras y Nicaragua y para el que se prevé una inversión de 23.000 millones de dólares. Allí se prevé construir un parque industrial, un puerto, un aeropuerto y zonas turísticas, entre otras cosas. “Es básicamente convertir El Salvador en una zona para la expansión comercial de China en América Central”, afirma el experto, que compara lo que sucede hoy en El Salvador con el intento de los chinos de crear un canal en Nicaragua.
“Los sandinistas firmaron este convenio con Wang Jing para entregar básicamente una cuarta parte del país para construir este canal, aunque al final fracasó”, señala. Como en el caso de Nicaragua, en El Salvador, el acuerdo marco de cooperación se ratificó con la mayoría absoluta legislativa del partido en el poder y, a su juicio, en ambos casos pretenden beneficiar a “élites corruptas interesadas y empresas chinas” y servir intereses comerciales estratégicos y económicos más grandes del país asiático.
El acuerdo marco entre China y El Salvador, que había sido firmado en 2019, fue ratificado por la Asamblea Legislativa del país centroamericano el miércoles, un día después de que en Estados Unidos se hiciera pública una lista de 17 funcionarios centroamericanos corruptos hecha por el Departamento de Estado a petición de la congresista californiana Norma Torres, de origen guatemalteco, que incluye a la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, el exministro de Seguridad Rogelio Rivas, y el legislador Guillermo Gallegos, líder del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que llevó al presidente al poder en 2019.
Aunque la lista publicada esta semana no tiene ningún efecto inmediato, en las próximas semanas se publicará la Lista Engel. “Puede haber sanciones específicas sobre cuentas bancarias en EE UU, sobre transacciones internacionales y restricciones de visa”, apunta el presidente de WOLA. “Hay países como Venezuela o Cuba a los que no les importa mucho. Pero en Centroamérica mucha gente tiene cuentas bancarias en EEUU, muchos transfieren su dinero por medio del sistema bancario estadounidense y muchos tienen segundas residencias en Miami, Houston u otros lugares. El impacto puede estar en esos individuos”. Thale recuerda que entre los salvadoreños incluidos hay gente “muy cercana” a Bukele, lo que podría ser un “golpe serio al presidente y su círculo directo en el poder”. Su impresión, dice, “es que EE UU está avanzando desde la retórica y la palabra hacia la acción”.
El mismo miércoles 19 de mayo que la Asamblea ratificó el acuerdo con China, la Casa Presidencial de El Salvador publicó también una foto de Bukele con diplomáticos rusos y una cita que decía: “No tiene nada de malo tener buenas relaciones políticas siempre y cuando sean con respeto. Sabemos que el potencial de la relación con Rusia es grandísimo”. Dos días después, este viernes, la agencia de cooperación estadounidense USAID anunció el desvío de fondos que debían estar destinados a instituciones públicas, como la Policía Nacional y el Instituto de Acceso a la Información Pública, a grupos de la sociedad civil en respuesta a lo sucedido el 1 de mayo.
José Luis Sanz, corresponsal del periódico El Faro en Washington, no cree que el plan inicial de Bukele fuera a llevar las relaciones con EE UU al punto en que están hoy, pero “estamos hablando de alguien que tiene la personalidad y la manera de gobernar de un jugador compulsivo o del especulador en Bolsa que piensa que la única manera de terminar ganando es seguir invirtiendo, seguir apostando. Estamos en una lógica de escalada en la que Nayib Bukele nunca reconoce ni la más mínima derrota o la más mínima grieta en su estrategia o en su acción”. El problema es que aquello con lo que apuesta no es gratuito, dice Sanz: “De los salvadoreños que viven en Estados Unidos no solo se alimentan las finanzas de El Salvador, sino también buena parte de las esperanzas de los salvadoreños”.
Para el historiador Carlos Gregorio López Bernal, de la Universidad de El Salvador, las posibles acciones que Estados Unidos pueda tomar ante esta escalada de tensiones no perjudicarán en gran medida al Gobierno de Bukele, pero sí podrían acabar golpeando a una población con enormes vínculos con ese país. “Yo creo que estos gobiernos autoritarios latinoamericanos ya conocen esos límites y saben que van a tener un costo, pero que puedan sobrevivir con ellos”.