Texas está cerca de eliminar la necesidad de tener un permiso para portar armas en público. Greg Abbott, el gobernador del Estado, tiene en su escritorio la reforma HB1927, que fue aprobada el domingo por el Congreso local a puerta cerrada, y solo espera la promulgación. El político republicano, un fervoroso creyente del derecho a la posesión de armas, ha anunciado que la firmará y publicará en los próximos días. La medida ya ha sido criticada por demócratas y por activistas que abogan por mayores controles de armas. Los especialistas han alertado también del giro que algunos estados conservadores han tomado respecto a la segunda enmienda en los primeros meses de la Administración demócrata en la Casa Blanca.
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En Texas, hasta el momento, basta con que el sheriff del condado, la policía local o estatal den el visto bueno a portar un arma tras una revisión de antecedentes y una toma de huellas dactilares. Esta se otorga por cinco años a mayores de 21 años que hayan aprobado un curso práctico de seis horas, un examen escrito y una prueba de tiro. Las autoridades han dado más de 1.5 millones de permisos en Texas, que son válidos para portar pistolas en otros 37 Estados, pero que no tienen validez en sitios como hipódromos y aeropuertos.
La iniciativa, que ha sido aprobada por las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado de Austin (capital del Estado), elimina los requisitos antes mencionados. Bastará con tener 21 años. Las pruebas serán sustituidas por un curso gratuito en línea. Los senadores locales, sin embargo, añadieron una enmienda a la norma que hace más duras las penas para todos aquellos que porten armas teniendo antecedentes penales o de violencia doméstica. Además de los tiroteos públicos, las armas han mostrado ser un mortal ingrediente para la violencia machista en Estados Unidos. Cada año más de 600 mujeres, 16 cada hora, son asesinadas por sus parejas de acuerdo a datos de Giffords, un centro de políticas públicas enfocado al control de armas. El 55% de los feminicidios involucran una pistola.
El director de Giffords, Peter Ambler, ha reprobado este martes la decisión de los tejanos. “De forma trágica, las comunidades del Estado experimentarán aún más los dañinos efectos de la violencia armada con la promulgación de esta ley temeraria”, afirmó el especialista en un comunicado. El diario Texas Tribune publicó el lunes un sondeo que señala que el 59% de los habitantes del Estado, de 29 millones de personas, cree que los permisos de portación deben continuar vigentes. La cifra entre republicanos, sin embargo, se reduce al 39%. El 59% pide eliminarlos.
Verónica Escobar, una congresista demócrata en Washington originaria de El Paso, ha criticado la norma. “La verdad es que nuestras muertes no importan”, escribía la legisladora de origen latino en las redes sociales, en referencia de la cruda matanza ocurrida el 3 de agosto de 2019 en un supermercado de la ciudad fronteriza. Patrick Wood Crusius, un joven blanco de 21 años, entró entonces a un Walmart a matar latinos. 23 personas murieron y otras 23 fueron heridas. “El Legislativo de Texas ha decidido expandir el fácil acceso a la portación de armas sin permisos”, se quejaba Escobar en Twitter este lunes. Joe Moody, un congresista demócrata local de la misma comunidad, afirmó el domingo que los habitantes de El Paso “esperaban algo mejor y aun así eso es lo que obtuvieron”.
Las policías locales acudieron en abril al Congreso para rechazar la norma. “Por la seguridad de nuestros ciudadanos, queremos asegurarnos que todo aquel que porte una arma de fuego esté bien entrenado, siga las medidas básicas y entienda la importancia de la responsabilidad al usar un arma”, dijo Mike Mata, del departamento de policía de Dallas. Los legisladores republicanos, no obstante, consideraron que el entrenamiento y los permisos obstaculizan el derecho constitucional a portar armas, avalado por la segunda enmienda.
Abril dejó un impulso conservador que permitió reformas como la de Texas. El Gobierno de Joe Biden prometió ese mes una serie de medidas federales para hacer más difícil la posesión de armas. A esta acción llegaron reacciones en una veintena de estados republicanos. Iowa y Tennessee han sido los casos más recientes que se han sumado a la tendencia. Ambos desaparecerán los permisos desde el próximo 1 de julio.
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