Las placas tectónicas de la política chilena siguen en movimiento luego de las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, cuando las fuerzas que lideraron la transición cayeron derrotadas frente a la izquierda y los independientes. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general reponer la obligatoriedad del voto y revertir años de baja participación: en la última elección solo acudió a las urnas el 43,41% de los chilenos. Con 107 votos a favor, 16 votos en contra –todos de la coalición oficialista– y 23 abstenciones, la iniciativa será estudiada por la comisión de Gobierno, de la misma Cámara, para luego seguir su curso legislativo en el Senado.
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En 2019 fue discutida una reforma similar, pero no alcanzó el quórum requerido de tres quintos. La obligatoriedad del sufragio no será aplicable a los mayores de 75 años y a las personas con alguna discapacidad o dependencia. No está claro, hasta ahora, si el registro en el padrón seguirá siendo automático al cumplir la mayoría de edad, porque dependerá de la discusión futura. De aprobarse en el Parlamento, resulta improbable que alcance su vigencia para las elecciones de parlamentarias y presidenciales de noviembre.
Con el voto obligatorio, en las elecciones entre 1989 y 2009 la participación se mantuvo entre 87% y 58%. El sufragio voluntario debutó en las elecciones municipales de 2012, luego de un acuerdo transversal. La clase política apostaba a incentivar la participación de los jóvenes, pero pronto se percató de que se trataba de un error. Lo reconoció la propia presidenta Michelle Bachelet, en cuyo Gobierno se promulgó la ley. En las siguientes municipales de 2016 se alcanzó un récord de baja concurrencia, con un 36%. El actual Parlamento fue electo en 2017 con el 48% de participación y en las presidenciales de 2017 hubo un 48% en primera vuelta y un 50% en el balotaje, donde resultó electo el presidente Sebastián Piñera.
Luego de las revueltas sociales de 2019, la abstención no ha variado mayormente, por lo que los especialistas la califican de estructural. En el plebiscito de octubre pasado, donde los ciudadanos debieron decidir si reemplazar o no la Constitución redactada en 1980, en la dictadura de Pinochet, acudió a las urnas el 50,9% de los habilitados para votar. No fue un mal número, sin embargo, dado el contexto de pandemia que obligó a posponerlas en una ocasión. La participación que se alcanzó hace siete meses era el piso mínimo para estas elecciones de mayo, pero hubo un millón menos de votantes. Pese a los altos índices de vacunación (hoy hay 7,8 millones de personas vacunadas con dos dosis) y a que se organizaron las votaciones en dos días para evitar aglomeraciones, casi seis de cada 10 chilenos optaron por quedarse en su casa y no participar de unas elecciones históricas.
“El voto obligatorio es un mínimo exigible en un largo camino de tareas, como la paridad y educación cívica. Reponer este voto obligatorio es un mínimo y no la solución”, indicó en la discusión el diputado Gabriel Boric, candidato presidencial del Frente Amplio (el bloque nacido de las protestas universitarias de 2011). En la misma línea, la diputada comunista Camila Vallejo aseguró: “Tengo la convicción de que la democracia no es un juego ni una opción, sino una responsabilidad de los ciudadanos y las autoridades electas”. En el partido RN, del oficialismo, el diputado Leonidas Romero dijo que “no es posible que Chile tenga autoridades elegidas con el 40% del 40% que fue a votar”.
Las autoridades electorales, en paralelo, han apuntado a la necesidad de complementar el restablecimiento del voto obligatorio con otras medidas. “Hay que modificar además las normas de derecho público que restablezcan un solo domicilio electoral, que cambie la formación de las mesas por el domicilio y no por el Rut [el DNI], lo que permitiría asignar locales más cercanos”, aseguró Patricio Santamaría, abogado y consejero del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel). En Chile, a diferencia de países como Bolivia, en muchas ocasiones para votar hay que recorrer grandes distancias.
De acuerdo a expertos como Marcela Ríos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el voto voluntario agudizó la caída en la participación y, aunque no es la causa de la abstención, aumenta la desigualdad en el ejercicio de los derechos. En los comicios múltiples de hace dos semanas, las diferencias se produjeron entre las regiones. Mientras en el extremo norte del país, Arica, participó un 36,79%, en la central región Libertador Bernardo O’higgins, al sur de la capital, alcanzó un 47,33%. También hubo grandes distancias en la concurrencia a las urnas en comunas acomodadas y las populares de la misma capital. Mientras que en la rica Vitacura participó un 63%, en zonas sencillas como La Pintana llegó solo a un 36%.
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