Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la colaboración entre los dos países no avanzó como con otras naciones.
Por Andrea Cárdenas, Quinto Elemento Lab/Guilherme Amado, Revista Época de Brasil
La Fiscalía General de México interrogó el mes pasado a cinco testigos clave en la investigación del caso Odebrecht. Carlos Enrique Hernández Azuara, director general de Asuntos Especiales de la Fiscalía General, se presentó el 22 de marzo en la sede del Ministerio Público Federal en Sao Paulo, Brasil, de acuerdo con cuatro fuentes de Odebrecht, del Ministerio Público Federal de Brasil y del Gobierno de México.
En compañía de una traductora, Hernández acudió para interrogar a cinco ex colaboradores del área de Odebrecht que diseñó y operó el sistema secreto por medio del cual la empresa distribuyó sobornos a políticos y funcionarios alrededor de América Latina.
Este fue el primer interrogatorio en mucho tiempo. La última vez que funcionarios mexicanos interrogaron a ejecutivos de Odebrecht fue en mayo de 2017, de acuerdo con un comunicado oficial.
A un costado de la transitada avenida Paulista, encerrados en una sala del Ministerio, una secretaria, un funcionario brasileño, Hernández Azuara y representantes de la constructora tomaron las declaraciones, una tras de otra, a los testigos: Olivio Rodrigues, Ángela Palmeira, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Fernando Migliaccio.
La sesión de interrogatorios inició a la una de la tarde y se prolongó por cinco horas. Como ocurre en diligencias como esta, que suceden día con día en este edificio a pedido de fiscalías de otros países, los ejecutivos respondieron a una lista de preguntas que el gobierno de México envió con anticipación.
El Ministerio Público de Brasil suele pedir un cuestionario a fin de que los delatores tengan tiempo para buscar las respuestas y las pruebas documentales en los servidores del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el área a cargo de sobornos.
Aunque el interrogatorio ocurrió durante la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, una fuente cercana al caso, que pidió no ser identificada, informó que la diligencia fue solicitada en la administración anterior.
En enero de 2017 la entonces Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General- inició una investigación por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Directivos de Odebrecht confesaron ante la Justicia de Brasil haber pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin cuando éste trabajaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, de nuevo, siendo ya director de Petróleos Mexicanos.
Durante la administración de Peña Nieto la colaboración entre los dos países no avanzó como en otros lugares. Según comunicó el Ministerio Público de Brasil en octubre de 2018, el gobierno mexicano se había negado a firmar un acuerdo que le permitiría recibir información sobre el caso, siempre que no la utilizara en contra de los delatores.
“Lo que vimos fue una parálisis total, no se movió absolutamente nada en el caso, a pesar de que el propio ex procurador (Rául Cervantes) dijo que estaba listo el expediente”, dijo Alfonso Hernández Valdez, integrante del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entrevistado sobre el tema. La falta de consecuencias legales y el retraso en los interrogatorios tiene una explicación, señaló: “las instituciones de impartición de justicia se mueven muchas veces con criterios políticos y no jurídicos”.
Un mes antes del encuentro en Sao Paulo, en marzo pasado, el nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que está retomando los grandes casos que dejó sin resolver el gobierno anterior, y mencionó a Odebrecht, a la Estafa Maestra y a Ayotzinapa; “tenemos cuatro o cinco temas verdaderamente, ¿qué les diré?, simbólicos, que sin ellos, nadie nos va a creer”, comentó durante una sesión con legisladores, según el diario El Economista.
A la diligencia de Sao Paulo, no acudió ningún funcionario vinculado a la nueva administración. Quinto Elemento Lab y la revista Época de Brasil corroboraron con fuentes del Ministerio Público de Brasil, del gobierno mexicano y de la empresa, que quien se presentó a la cita fue Carlos Enrique Hernández Azuara, un funcionario que reporta al subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Ambos estaban en la Procuraduría desde la administración de Enrique Peña Nieto; Muñoz directamente vinculado al caso Odebrecht.
Además, fuentes cercanas al caso coincidieron en que el interrogatorio siguió la lista de preguntas que envió la entonces Procuraduría y que estaban enfocadas a corroborar la información -ya conocida- sobre la presunta entrega de 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya.
Dicha información fue publicada por Quinto Elemento Lab en 2017 con la difusión de los interrogatorios realizados a tres altos ejecutivos de Odebrecht, que fueron grabados por el Ministerio Público de Brasil. Los videos secretos fueron obtenidos por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de IDL Reporteros (Perú), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil), Sudestada (Uruguay) y Quinto Elemento Lab, de México.
A fin de que Hernández Azuara pudiera interrogar a los cinco testigos de Odebrecht, debió firmar un acuerdo que autoriza a México utilizar la información con la condición de no levantar cargos contra los delatores, procesados en Brasil.
Los nuevos interrogados
Sao Paulo, una ciudad a más de siete mil kilómetros de la Ciudad de México, no es la sede del Ministerio Público de Brasil, pero sus oficinas en esta ciudad se convirtieron en la central del caso, ya que ahí está el corporativo Odebrecht y ahí viven muchos de los ejecutivos que colaboran en esta investigación internacional.
En un salón provisto con una cámara de video, una mesa oval y sillas, se desarrolló el viernes 22 el interrogatorio a los cinco colaboradores de Odebrecht. Ellos son parte de un grupo de 77 hombres y mujeres que trabajaron para la empresa, y que están siendo procesados o que ya fueron sentenciados en Brasil por su participación en esta trama de corrupción corporativa. La justicia brasileña les ofreció considerar una posible reducción a sus penas si colaboran en las investigaciones que realizan los gobiernos de Brasil y de otros países.
Todos los interrogados por Hernández Azuara eran parte de, o colaboraban con el Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina a cargo de diseñar y operar el entramado financiero que sirvió para enviar los sobornos en secreto; ellos palomearon o gestionaron los pagos a funcionarios.
Entre los testigos está Olivio Rodrigues, el más importante operador de la red de sobornos de Odebrecht. Él llegó a manejar hasta 20 firmas establecidas en paraísos fiscales, con cuentas en Antigua y Panamá, desde donde salieron millones de dólares para pagar los sobornos.
Rodrigues fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco utilizado para el pago de sobornos; también controlaba las cuentas de Klienfeld Services Limited y de Innovation Research Engineering and Develop LTD, de las que salieron los presuntos pagos indebidos para Lozoya.
También fue llamado a declarar Luiz Antonio Mameri, el hombre que palomeaba los sobornos de Odebrecht siendo vicepresidente de la empresa para América Latina y Angola. Quinto Elemento Lab reveló en 2017 una de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil en la que admitió haber autorizado los pagos a Lozoya.
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Aunque la atención del caso en México ha estado concentrada en Emilio Lozoya, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) puso al descubierto información sobre presuntos pagos ilegales a funcionarios y a políticos en Michoacán y Veracruz.
Justo otro de los personajes interrogados fue Fernando Migliaccio, pieza central en el diseño de la estructura de sobornos. En declaraciones que hizo en el pasado a la Justicia brasileña reveló información de transferencias hechas a Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma en Veracruz que tiene relación con una red de prestanombres vinculados, a su vez, con Javier Duarte, de acuerdo con MCCI.
Ángela Ferreira Palmeira también rindió testimonio. Los investigadores de Brasil la identifican como la contadora del Departamento de Operaciones Estructuradas. Su nombre apareció en una cadena de correos que interceptó la Fiscalía de Brasil, en los que se refirió a transferencias para un funcionario en Michoacán, según el reportaje de MCCI.
Luiz Eduardo Da Rocha Soares es otro de los testigos que declaró y aunque no ha salido a la luz información sobre su relación con el caso mexicano, su testimonio ha permitido esclarecer el pago de sobornos en el caso peruano, según IDL Reporteros, medio que lo ubica como el ex tesorero internacional de Odebrecht.
Antes de esta diligencia, la Procuraduría General de la República participó en al menos dos otras misiones en Brasil, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. La primera vez, en febrero de 2017, participó en una reunión de fiscales de diversos países, donde se acordó el plan de colaboración.
Un comunicado oficial de la Fiscalía mexicana indica que luego tomaron la declaración a otros tres directivos de Odebrecht: el dueño y Presidente de la empresa, Marcelo Bahía Odebrecht; el ex director de la oficina en México, Luis Alberto de Meneses Weyll y el ex jefe de Operaciones Estructuradas, Hilberto Mascarenhas Da Silva.
Poco después, en mayo de 2017, recabaron los testimonios de Helder Campomizzi, coordinador de licitaciones de Odebrecht en México; José Vito Facciolla, director de proyectos de la empresa en el país y Guillermo Suarez Solís, representante legal de la constructora en México, indica el comunicado.
Hasta ahora, las confesiones de los delatores de Odebrecht han tenido un impacto demoledor en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Sus testimonios, muchos de ellos públicos, han sido clave para conocer el entramado de corrupción que les aseguró contratos y licitaciones millonarias.
En contraste, México y Venezuela son los únicos países de América Latina con causas legales en curso donde no han procesado penalmente a ningún implicado en la trama de presuntos sobornos.
Además de la investigación que lleva el ministerio público federal, otras dependencias del gobierno mexicano tienen expedientes relativos a Odebrecht.
La Fiscalía especializada en los delitos electorales indaga si se utilizaron fondos provenientes de Odebrecht en el proceso electoral. La Secretaría de la Función Pública impuso cinco sanciones contra la empresa y dos de sus ejecutivos. Pemex, por su parte, rescindió y terminó anticipadamente contratos a la constructora.
Sin embargo, en una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Odebrecht alega que ninguno de los expedientes administrativos guarda relación con los pagos de sobornos que ha confesado ante autoridades de Brasil y Estados Unidos.
El Gobierno federal, dice la empresa, ha ejercido una persecución para evitar esclarecer dichas confesiones, “impidiendo a la compañía el libre ejercicio de sus actividades comerciales”, según el documento al que Quinto Elemento tuvo acceso.
En la queja responsabiliza a doce funcionarios de la administración pasada, entre ellos los ex titulares de la Procuraduría, de Pemex y de la Función Pública, de orquestar una estrategia para inhibir la investigación de los hechos de corrupción que confesó hace más de dos años.