El Ministerio para la Transición Ecológica llevará el próximo martes al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con el que se pretenden frenar los llamados beneficios caídos del cielo, el exceso de retribución que las compañías consiguen por la electricidad que generan con sus nucleares y centrales hidráulicas cuyas obras ya están amortizadas. El acuerdo de gobierno firmado por Unidas Podemos y PSOE contemplaba acabar con estos beneficios. Pero es ahora, en plena escalada de los precios de la electricidad con máximos históricos, cuando el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera lleva esta ley al Consejo de Ministros para que inicie su tramitación, según confirman fuentes del Gobierno.
“El Gobierno está preocupado por el impacto del precio del CO₂ [dióxido de carbono] en el precio de la electricidad y sus posibles consecuencias en la recuperación de las economías domésticas e industrial”, argumenta Transición Ecológica, que insiste en que la fórmula legal que han elegido es respetuosa con el derecho europeo. Las estimaciones del Gobierno son que este mecanismo tendría un impacto para las eléctricas de entre 800 y 1.000 millones.
El pacto entre PSOE y Podemos establecía una cláusula con el compromiso de poner en marcha “los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como beneficios caídos del cielo, windfall profit, en inglés) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización, y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. En la anterior crisis por la subida de precios de la electricidad, en enero debido al temporal Filomena, Unidas Podemos reclamó con contundencia a su socio que aplicara lo acordado en 2019 para la formación del Gobierno.
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Ahora, cuando los precios vuelven a estar disparados por una mezcla de factores —como el precio del gas o el alza del coste de la tonelada de dióxido de carbono—, el Ejecutivo saca adelante su propuesta. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen que su iniciativa busca “acompañar a la industria y a los consumidores domésticos evitando un encarecimiento del sistema que no se corresponde íntegramente con un incremento de los costes reales de la energía que consumen”. Y desde el Gobierno apuntan a que los cambios que se operarán podrían suponer que la factura se reduzca alrededor de un 5%.
La electricidad que se genera proviene de distintas fuentes. La más cara es la producida en los ciclos combinados, que se ve influida por el precio del gas y del dióxido de carbono. Y el mercado español, como el europeo, es marginalista, lo que significa que todas las tecnologías cobran el precio de la oferta más cara necesaria para cubrir toda la demanda, lo que hace que la nuclear y la hidráulica —que tienen ya amortizadas sus inversiones y no están sometidas a los vaivenes del gas y el CO₂— reciban esa sobrerretribución que encarece la factura.
El anteproyecto de ley que previsiblemente se aprobará el martes será para la “minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado”. Esto supone que estarán afectadas principalmente las nucleares e hidroeléctricas. Aunque fuentes del Gobierno añaden que se quedarán fuera las centrales e instalaciones de menos de 10 megavatios de potencia.
Precedentes conflictivos
El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que su fórmula es “compatible con el marco europeo”. Ese es uno de los puntos más complicados de este asunto ya que las compañías eléctricas argumentan que el sistema español está respaldado y protegido por las normas europeas. Esta semana, Ribera explicó en el Congreso que su departamento estaba trabajando en una fórmula para intervenir en el mercado que fuera compatible con las reglas comunitarias.
La relación entre los distintos Gobiernos y las eléctricas no ha sido pacífica cuando el poder Ejecutivo ha intentado aumentar la recaudación y, por lo tanto, tocar los beneficios de estas compañías. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy creo un impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y lo recurrieron ante los tribunales. Pero tanto los jueces españoles como los del Tribunal de Justicia de la UE han acabado avalando este tributo que ha servido para recaudar alrededor de 12.000 millones de euros desde 2012. Ahora, fuentes del Gobierno esperan que las eléctricas también planteen una batalla legal.
La aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros, prevista para el próximo martes, coincidirá con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de factura eléctrica. Según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), podrá abaratar el precio de la luz para los 19 millones de consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada sin discriminación horaria un mínimo del 3,4%, si consumen más en las horas con menos demanda. El modelo se basa en la fijación de tramos horarios en los que el precio varía en función de la demanda. El cambio de hábitos puede suponer entre 200 y 300 euros anuales de ahorro para una familia, según la CNMC.
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