El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que el derrumbe en la mina Micarán, ubicada en Múzquiz, en la zona carbonífera de Coahuila, pudo haber sido evitable.
En el siniestro fallecieron siete mineros: Mauricio Cortez, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes.
De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, el organismo ha documentado y denunciado en los últimos 15 años -desde la explosión en Pasta de Conchos- que el modelo minero de “pocitos de carbón” y minitas de arrastre se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores y han ofrecido colaboración total para corregir estas graves deficiencias.
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“La muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos, la de los siete trabajadores de Múzquiz y la de decenas de personas más que desde 2006 han perdido la vida como consecuencia de estas inhumanas condiciones de trabajo, no son hechos fortuitos ni inevitables, sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”.
El órgano autónomo insistió en la urgencia de llevar a cabo medidas que eviten más muertes y accidentes en el ámbito minero, una de ellas, la prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón. Asimismo el compromiso público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados.
En seguida, el comunicado completo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
Múzquiz, tragedia minera evitable
11 de junio de 2021. A siete días de ocurrido el siniestro evitable en la mina Micarán, ubicada en Múzquiz, en la zona carbonífera de Coahuila, hemos tenido noticia del fallecimiento de los mineros Mauricio Cortez, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes. Destacamos que, a diferencia de lo ocurrido en 2006 en Pasta de Conchos, los trabajos de rescate de los cuerpos se mantuvieron hasta recuperar a todo.
Este doloroso episodio golpea doblemente a las y los habitantes de la zona carbonífera, pues por quince años hemos denunciado que de mantenerse las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos habría nuevas víctimas mortales, sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas de protección de la vida de los trabajadores en una región que vive y convive con esta industria.
En estos tres lustros y en administraciones de distinto signo partidario hemos documentado y denunciado que el modelo minero de “pocitos de carbón” y minitas de arrastre se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores y hemos ofrecido nuestra colaboración total para corregir estas graves deficiencias. Incluso, en el litigio que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Pasta de Conchos, hemos hecho hincapié en la urgencia y prioridad de que se implementen medidas de no repetición y rescate, lo que lamentablemente han quedado fuera de los compromisos de la actual administración. Las familias peticionarias siguen viviendo y, en algunos casos, trabajando en el carbón, y les resulta prioritario garantizar que su comunidad no vuelva a sufrir más perdidas de este tipo.
Sin embargo, al día de hoy estas ilegales condiciones de trabajo siguen siendo generalizadas en la mayoría de las empresas asentadas en la zona e incluyen la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, así como la falta de registro de todos los trabajadores ante el IMSS, con lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en la desprotección.
A pesar de esto, los empresarios del carbón han logrado mantener su operación, burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que, todo el carbón mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue por esta razón por la que el pasado octubre de 2020, en la carta con fotografías entregada al titular de la Comisión, advertimos de esta situación generalizada -con el ejemplo particular de la mina de Múzquiz- y ofrecimos reunirnos para aportar nuestro trabajo y encontrar maneras proteger la integridad de los mineros. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta.
La importancia de las medidas de no repetición, que buscan corregir las deficiencias estructurales que dan lugar a estas afectaciones a la vida de los trabajadores, se ilustra con dolorosa claridad en el caso de la familia del minero Pedro Ramírez, que antes de perderlo en la mina de Múzquiz ya había perdido a dos familiares en el siniestro de Pasta de Conchos y uno más en otras cuevas inundadas hace dos años.
Por ello, insistimos en que más que pronunciamientos o condenas públicas, lo que urge son medidas que eviten más muertes y accidentes: La prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados; la cancelación de títulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas; la elaboración de un “Protocolo Nacional de Salvamento Minero” que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero, por último, una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados.
Exigimos también que las familias de los trabajadores fallecidos en este siniestro reciban atención victimal con los más altos estándares, y que los trabajadores de este complejo minero sean liquidados con el salario real que percibían.
La muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos, la de los siete trabajadores de Múzquiz y la de decenas de personas más que desde 2006 han perdido la vida como consecuencia de estas inhumanas condiciones de trabajo no son hechos fortuitos ni inevitables, sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos.
Reiteramos nuestra solidaridad y condolencias a las siete familias que hoy están en duelo y llamamos a las autoridades a cumplir con todas las responsabilidades que les corresponden en esta materia.
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