Una jueza federal desestimó este lunes la mayoría de las demandas interpuestas por grupos defensores de las libertades civiles que acusaron al Gobierno del expresidente Donald Trump de violar los derechos de un grupo de manifestantes en junio del año pasado en una protesta racial pacífica frente a la Casa Blanca. Los demandantes afirmaron que la Administración ordenó a los agentes de la policía y soldados reservistas de la Guardia Nacional hacer uso innecesario de la fuerza para permitir una sesión fotográfica de Trump sosteniendo una Biblia fuera de la histórica iglesia de Saint John en el apogeo de las protestas raciales en Washington.
En un fallo de 51 páginas, la jueza Dabney Friedrich sostuvo que las acusaciones de que autoridades como el entonces secretario de Justicia, William Barr, o el jefe interino de la policía de Parques, Gregory Monahan, conspiraron para violar los derechos civiles de los manifestantes eran “simplemente demasiado especulativas”. Las denuncias del movimiento Black Lives Matter, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y varios activistas “no muestran suficientes eventos, conversaciones o documentos que indiquen un acuerdo entre los acusados para violar los derechos [de los demandantes] basados en [su] pertenencia a una clase protegida”, escribió Friedrich.
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Ese 1 de junio, justo antes del toque de queda en Washington, Trump advirtió en un mensaje a la nación de que desplegaría al ejército para sofocar las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd. Al tiempo que hablaba, agentes de la policía y miembros de la Guardia Nacional dispersaron con gas lacrimógeno y garrotes una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca. La acción descolocó a los participantes. Minutos después, el mandatario caminó desde su residencia hasta la iglesia de Saint John, donde posó con una Biblia sin hacer declaraciones.
El Departamento de Justicia había instado a que se desestimara la demanda argumentando que las autoridades estadounidenses son inmunes a las demandas civiles por acciones policiales llevadas a cabo para proteger a un presidente. La jueza avaló este argumento para desestimar la mayoría de las demandas, asegurando que la ley otorga inmunidad a los funcionarios en los litigios civiles.
“El fallo esencialmente le da al Gobierno federal luz verde para usar la violencia, incluida la fuerza letal contra los manifestantes, siempre que los empleados federales afirmen estar protegiendo la seguridad nacional”, afirmó en un comunicado Scott Michelman, director legal de ACLU en Washington. Arthur Ago, director del proyecto de justicia penal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, otro de los grupos demandantes, sostuvo que el fallo sentaba un “precedente sumamente peligroso” y que exfuncionarios como Barr estaban “saliendo impunes”.
La jueza Friedrich permitió que procedieran las demandas que impugnan las continuas restricciones de acceso de los manifestantes a Lafayette Square, la plaza que se ubica frente a la Casa Blanca donde ocurrió el episodio el 2 de junio, y contra los departamentos de la policía local de Washington y del condado de Arlington, Virginia.
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