María prefiere no dar su apellido. Tiene 84 años. Lleva 60 de ellos en el Reino Unido. Muchos más que en Asturias, su tierra natal. Se lanzó a la aventura de la inmigración, acabó casada con un inglés. Arrastra su carrito en la fila de un Savers de Londres, una popular cadena de productos de limpieza y perfumería de precios bajos. Tiene esa cosa de las abuelas españolas de dar las órdenes y su explicación. “Toma, bebe, ¿no ves que te estás poniendo rojo del calor?”, le pone en la boca una botella de agua al nieto, agarrado al carro con una mano. Ya hace tiempo que tiene el llamado EU Settlement Status (permiso de residencia para ciudadanos de la UE). La burocracia pierde su lógica en situaciones extremas. No entiende que tras el Brexit le exigieran simplemente demostrar que había estado en el país en los últimos cinco años, si lleva en él casi toda la vida. La que le preocupa es su hermana. “Tiene 87 años. Está divorciada y vive sola. Tiene ya algo de demencia senil. Nadie ha contactado con ella, y tampoco se ha movido. Yo creo que deben pensar que ya murió hace años. Imagino que no perderá su pensión”, cuenta.
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Las personas más vulnerables: ahí está el agujero que han denunciado varias asociaciones humanitarias ante la llegada inminente del 30 de junio. Ese día termina el plazo para que los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido antes del Brexit pongan en orden su situación. Uno de los mayores procesos de regularización en la historia del país. Alrededor de 5,6 millones de personas han solicitado su permiso de residencia. A través de un proceso completamente en línea, han tenido que demostrar con documentos (un impuesto municipal, un contrato de arrendamiento, un recibo de la luz…) su estancia en territorio británico durante al menos seis meses antes del 31 de diciembre de 2021. Fue entonces cuando acabó el periodo de transición acordado entre Londres y Bruselas, antes de la salida definitiva de la UE. Unos 5,2 millones están ya en situación legal. Bien con un Settlement Status (permiso de residencia), para los que llevaban ya más de cinco años en el Reino Unido, o con un Pre-Settlement Status (permiso previo de residencia), para los que no alcanzaban ese plazo y deberán estar pendientes de renovarlo cuando lleguen a él.
Pero hay cerca de 400.000 atrapados en un cuello de botella, que el Ministerio del Interior intenta despejar estos días. Miles de solicitudes electrónicas y llamadas que deben ser atendidas en el último minuto. El secretario de Estado de Inmigración, Kevin Foster, ha prometido flexibilidad, buena fe y sentido común. Con la ley en la mano, a partir del miércoles todo aquel que se halle en situación irregular no podría tener un contrato laboral o alquilar una vivienda. Empresarios y arrendadores están obligados a comprobar la situación de los nuevos empleados e inquilinos. Pero Foster asegura que esta exigencia no será retroactiva. Es un problema a resolver entre el Gobierno y el ciudadano. Los ciudadanos que hayan iniciado el trámite y no hayan obtenido respuesta, obtendrán un “certificado de solicitud”. Los que aún no hayan hecho nada por modificar su situación, recibirán una nota de aviso con un plazo extra de 28 días para actuar.
A partir de ahí, se abrirá un largo periodo de problemas individuales, porque es imposible que una operación tan compleja como la llevada a cabo no tenga multitud de flecos sueltos o casos no controlados. “La cuestión está en el grado de rigidez que el Gobierno esté dispuesto a usar en la aplicación de estas normas”, advierte Catherine Barnard, profesora de Derecho Laboral y experta en Derecho Comunitario, que ha participado en el último informe sobre el proceso de regularización presentado por la asociación UK in a Changing Europe. “¿Va a poner en marcha una política de hostilidad absoluta contra los que se encuentran en los resquicios del sistema? ¿O usará más bien el sentido común?”, se pregunta.
Nadie es capaz de poner una cifra fija, pero sí de hacer estimaciones razonables, al número de personas “en los resquicios del sistema”. Personas mayores que no ven necesario demostrar un arraigo ganado durante décadas, o ajenas a la información sobre el proceso de regularización bombardeada en los medios durante más de tres años; niños nacidos en el Reino Unido cuyos padres dan por hecho, erróneamente, que adquirieron la nacionalidad británica; menores abandonados en casas o centros de acogida; y los más vulnerables, las personas sin hogar, muchas de ellas con un deterioro de su salud mental. Mucho más después de una larga pandemia. Un cálculo optimista sitúa en 50.000 todos estos casos. Los más pesimistas hablan de 150.000.
La sombra del escándalo Windrush sobrevuela estos días el debate público en el Reino Unido. Fue la generación bautizada así por el Empire Windrush, el barco que llevó en 1948 hasta las costas de Inglaterra al primer grupo de emigrantes caribeños que habían nacido en tierras del Imperio y se consideraban británicos de pleno derecho. En 2018 se descubrió que centenares de ellos habían sido acosados, despojados de sus derechos civiles, o amenazados con la deportación. Más de 80 quedaron en tierra de nadie cuando regresaron de una visita a sus países de origen y Londres rechazó su entrada. “El Ministerio del Interior asumió las lecciones de Windrush, y ha entendido que si esta vez no hace bien las cosas, puede acabar provocando otro escándalo político y sufrir una grave perdida de credibilidad”, asegura Jonathan Portes, profesor de Económicas en el King’s College de Londres. Sus trabajos han ayudado a detectar la bolsa de ciudadanos comunitarios que el proceso de regularización ha vuelto a situar bajo el radar. Los servicios consulares de España, por ejemplo, tenían registrados en territorio británico a 150.000 de sus nacionales. El EU Settlement Scheme ha hecho que afloren un total de 300.000.
El 30 de junio será el final de un proceso y el inicio de un largo periodo de incertidumbre. La resistencia del Gobierno británico a emitir una prueba física documental de residencia, convencido de que todo debe ser digitalizado para evitar trampas, provocará durante años una división tecnológica. No es lo mismo la gran multinacional que gestiona sin problemas los trámites de contratación de sus empleados expatriados que el modesto arrendador obligado a comprobar los papeles de su futuro inquilino. Las lagunas en la seguridad jurídica, apunta el informe de UK in a Changing Europe, deberán suplirse con pragmatismo y flexibilidad. “El gran consenso durante el referéndum del Brexit [2016] fue que el Reino Unido debía ser generoso con todos los ciudadanos de la UE que habían vivido, trabajado y contribuido al crecimiento de este país (…). El Gobierno británico necesita demostrar que cumple con sus promesas”, afirma la organización.
Una nueva ley de inmigración para endurecer la entrada
Cuando a finales de mayo diversos medios de comunicación europeos comenzaron a contar cómo sus ciudadanos habían acabado retenidos en centros e inmigración del Reino Unido, se hizo evidente que el Brexit había cambiado las cosas. Españoles, italianos o búlgaros que aún confiaban en poder embarcarse en la aventura británica fueron retenidos en el aeropuerto y deportados de inmediato. La pandemia y la escasez de vuelos hizo que muchos acabaran confinados durante días. La nueva ley de inmigración, uno de los proyectos que el Gobierno de Boris Johnson se dio más prisa en aprobar, es mucho más dura y restrictiva, y sitúa a los ciudadanos comunitarios en el mismo nivel que los inmigrantes procedentes del resto del mundo. Es un sistema de puntos que favorece más las necesidades económicas del país que las aspiraciones de mejora del recién llegado. Exige un elevado nivel de inglés, premia las titulaciones académicas y requiere un contrato de trabajo previo o una oferta académica para poder entrar. Apenas se contemplan excepciones para necesidades temporales, en sectores como la agricultura o la sanidad pública. Y no vale cualquier oferta. Es necesario un salario mínimo de casi 31.000 euros para poder obtener el permiso de residencia.
El discurso del Gobierno camufla en una política de brazos abiertos hacia el talento exterior el sentimiento antinmigración que reveló el Brexit. La ministra del Interior, Priti Patel, con fama ganada de dura, anima a los ciudadanos británicos a apropiarse de los trabajos que hasta ahora realizaba la mano de obra extranjera. La realidad debe aún demostrar que vaya a cumplirse ese propósito voluntarista. Cerca de 1,3 millones de inmigrantes abandonaron el Reino Unido durante la pandemia ante la falta de oportunidades. Las industrias agrícola o de la hostelería ya han reclamado al Gobierno de Johnson una mayor flexibilidad, porque el coronavirus comienza a remitir, pero la falta de demanda laboral ha puesto en serio riesgo su actividad económica.
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