La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado este lunes al Estado hondureño por la muerte de Vicky Hernández, una mujer transgénero que fue asesinada a los 26 años durante el golpe de Estado de Honduras de 2009. La sentencia, que por primera vez determina la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans, se ha hecho pública en el día del orgullo LGBTI+ y cuando se cumplen doce años de la ejecución de la joven, que era trabajadora sexual y una activista reconocida de San Pedro Sula.
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Según la nota de prensa emitida por la corte, los jueces constataron que “existían varios indicios de la participación de agentes estatales” en la muerte de la activista, “que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales”. El asesinato de la joven se produjo durante un toque de queda por el golpe de Estado y en un contexto de ataques y violencia contra la población trans, muchas veces de manos de las fuerzas de seguridad pública, que han continuado hasta el día de hoy. Desde ese día y hasta la fecha, 122 personas transgénero y 389 miembros de la comunidad LGBT han sido asesinadas en Honduras, según datos de Cattrachas, una de las organizaciones no gubernamentales que impulsaron el caso de Vicky en la Corte Interamericana.
Durante el juicio, que se celebró en audiencias virtuales por la pandemia, el Estado reconoció “parcialmente su responsabilidad internacional porque las autoridades no efectuaron con la debida diligencia la investigación por el homicidio”, se lee en el comunicado de la corte. Además, el Tribunal determinó que tanto en vida como durante la investigación de su muerte, “se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández” y que su madre y su hermana se vieron afectadas por el sufrimiento de su muerte, la discriminación permanente que sufrió y la impunidad del caso.
Entre las medidas de reparación que la corte le solita al Estado de Honduras está continuar las investigaciones del homicidio, llevar a cabo “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, la implantación de una beca educativa para mujeres trans, que llevará el nombre de Vicky Hernández, la creación de un plan para la capacitación para los cuerpos de seguridad, la adopción de un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos y la adopción de protocolos para el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra las personas LGBTI.
“Hoy, a 12 años del Golpe de Estado, se establece que hay suficientes indicios para responsabilizar al Estado de Honduras por la primera muerte violenta conocida por la Corte Interamericana que ocurrió durante el régimen de facto de Roberto Micheletti”, se lee en un comunicado de la organización Cattrachas, que califica la decisión de “histórica”. La ONG hondureña cree que con esta sentencia la corte crea un “gran precedente para las personas trans en toda América Latina, en la medida que señala que la falta de reconocimiento de la identidad de género es una violación de derechos humanos”.
En las audiencias virtuales del caso de Vicky Hernández, los jueces de la corte, que tiene su sede en San José (Costa Rica), pudieron escucharon a otras mujeres transgénero en calidad de testigos y expertas, como la perito argentina Marlén Wayar o una amiga de la joven, Claudia Spellmant, que contó en su testimonio que ejercer la prostitución es casi la única salida para las mujeres transgénero en un país que las discrimina sistemáticamente. Según Cattrachas, este martes habrá concentraciones en cuatro ciudades de la región —Tegucigalpa, Lima, Bogotá y Buenos Aires—, para celebrar la sentencia.
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