La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes el escrito de acusación en el que pide seis años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González por dos delitos de cohecho por la adjudicación irregular, en 2004 y 2006, de sendos contratos para la construcción y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II, en la capital. Según el escrito de la fiscalía, el exdirigente del PP madrileño urdió un sistema para que parte del beneficio de aquellas adjudicaciones recayera en una empresa vinculada a dos familiares, lo que permitió a la trama embolsarse más de medio millón de euros.
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El fraude en los contratos del campo de golf es la tercera pieza del caso Lezo —uno de los macrosumarios de corrupción que ha salpicado al PP madrileño en los últimos años— en la que Anticorrupción ya ha presentado escrito de acusación contra González. En las dos anteriores (la compra irregular de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II y la adjudicación, en 2007, de las obras del tren a Navalcarnero a la constructora OHL), la Fiscalía pide para él un total de 12 años de prisión.
En el nuevo escrito, Anticorrupción describe la operativa de la trama, en cuya cúspide sitúa a González, que en aquellos años presidía el consejo de administración del Canal de Isabel II en su condición de vicepresidente de la Comunidad, cargo que ocupó desde 2003 a 2012, cuando asumió la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. Junto a él, la Fiscalía sitúa a Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública y hombre de la máxima confianza de González. La Fiscalía destaca que ambos aprovecharon “la preeminencia orgánica y funcional de sus cargos” para propiciar de manera irregular cambios sustanciales en los concursos y acordar con la empresa adjudicataria la subcontratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL.
Los tres socios de esta empresa eran José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente popular, que “ostentaban la titularidad [de dicha compañía] a través de personas interpuestas, con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este”, recoge la Fiscalía en su escrito. Para cada uno de los tres y para De Miguel, Anticorrupción pide la misma pena que para el expresidente madrileño: seis años de cárcel por dos delitos de cohecho.
El primero de los contratos presuntamente amañados fue el adjudicado a la constructora Dragados para la “consolidación, impermeabilización y ajardinamiento” de los terrenos donde se iba a instalar el campo de golf. En 2004, un año después de la concesión, la trama modificó el proyecto y, en lugar de convocar una nueva licitación como obligaba la ley al suponer un incremento cercano al 38% del presupuesto inicial, acordó con la constructora encargarle los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte de ellos, valorados en más de 3 millones de euros, a la empresa del hermano y el cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid pese a que la sociedad de estos “carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos”.
De hecho, Tecnoconcret subcontrató a su vez aquellos trabajos a otras dos compañías (Onlygolf y Fieldturf España), a las que cobró presuntamente una comisión del 8%, “obteniendo así un beneficio de 381.029 euros por su innecesaria e impuesta intermediación”, recalca el escrito de Anticorrupción. Ese dinero, procedente de las arcas públicas, se la repartieron los tres socios de la empresa en 40 pagos en efectivo que eran contabilizados en las cuentas de la compañía como abonos a sociedades instrumentales de los propios acusados por servicios ficticios, compras personales y consumos en restaurantes o como “cobrado en b”, detalla la Fiscalía.
El segundo contrato bajo sospecha adjudicaba, por un periodo de cinco años, la gestión y explotación de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo adjudicó, en 2006, a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicación, las sociedades de la UTE crearon la firma Green Canal Golf, que subcontrató a Tecnoconcret el mantenimiento del césped de la instalación deportiva por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, “que carecía de capacidad para ejecutar ese trabajo”, lo subcontrató a su vez con Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la sociedad de los familiares de González logró “por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 20%”. En total. 123.752 euros. El reparto de este dinero entre los tres socios también se hizo mediante entregas de dinero en efectivo camufladas con facturas falsas y con la compra de un vehículo de alta gama para Pablo González, el hermano del expresidente madrileño.
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