La convención constitucional chilena de 155 miembros, que tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva Constitución, se ha instalado este domingo en Chile y ha elegido como presidenta a una indígena mapuche, la doctora y académica Elisa Loncón, de 58 años. Es una señal política hacia las mujeres, en un órgano paritario compuesto por 77 mujeres y 78 hombres gracias al empuje del movimiento feminista. Pero sobre todo hacia los pueblos originarios, siempre excluidos de las grandes decisiones del Estado, que enfrentan un histórico conflicto por las tierras en el sur del país. La nueva líder de la convención, nacida en una humilde comunidad de la Araucanía, ha agradecido su nombramiento con una bandera mapuche entre las manos y sus primeras palabras fueron en mapudungún.
“Un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia y desde el mar hasta la cordillera”, ha dicho Loncón en su primer discurso, que luego pronunció en castellano. Habló de “cambiar la historia de este país” y realizó un llamado de unidad: “Esta fuerza es para todo el pueblo, para todos los sectores y regiones, para todas las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones y la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación”. La líder de la convención aseguró que el órgano que le toca presidir “transformará a Chile en un país plurinacional, intercultural” y realizó un llamamiento al cuidado de “la madre tierra y las aguas”, algunas de las principales reivindicaciones que buscan los pueblos originarios. “Este sueño es el sueño de nuestros antepasados. Es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile”, aseguró la doctora en Lingüística, que en su primer discurso se refirió a los crímenes contra niños indígenas descubiertos recientemente en Canadá.
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Loncón logró 96 votos, con el apoyo de los indígenas, los socialistas y el Frente Amplio de izquierda, a los que se le sumaron luego en la segunda vuelta a los convencionales del Partido Comunista y de la Lista del Pueblo, de independientes antisistema capitalista.
La convención estará compuesta por 155 miembros, elegidos a mediados de mayo pasado. Como nunca antes en el mundo, las mujeres y hombres están representados paritariamente. Tiene una segunda peculiaridad: los 17 escaños reservados para las 10 naciones originarias, el mayor número que se haya establecido a nivel internacional para los pueblos indígenas en una asamblea de este tipo. Con una derecha arrinconada, el centroizquierda disminuido y la irrupción fuerte de los independientes de izquierda, los constituyentes tendrán un año como máximo para acordar un nuevo texto que permita a Chile encauzar su crisis política, institucional y social que amenaza su camino al desarrollo.
Algunos representantes, como el académico Agustín Squella, llegaron solos a los jardines de la sede del Congreso. Pero muchos arribaron junto a sus compañeros de lista, como lo hicieron los representantes de los pueblos originarios. Los siete mapuche, por ejemplo, realizaron temprano una ceremonia tradicional en el cerro Santa Lucía, un parque urbano del centro de la capital. Los 27 miembros de la Lista del Pueblo convocaron a una concentración en el lugar donde emergió su organización: la plaza Italia, el epicentro de las protestas. Marcharon por el centro de Santiago, en una convocatoria que fue autorizada por el Gobierno de Sebastián Piñera, pese a la compleja situación sanitaria por la covid-19. Estos convencionales no solo llamaron a manifestarse, sino que a llegar hasta las puertas del Congreso.
Fue en el marco de esta concentración donde se produjeron incidentes entre los manifestantes y Carabineros. Representantes de la Lista del Pueblo interrumpieron el inicio de la ceremonia, incluso con gritos a la representante del Tribunal Calificador de Elecciones, que tenía la misión de encabezar provisoriamente la convención este domingo hasta que se eligiera la presidencia. Salieron de la sede del Congreso alegando represión policial, porque argumentaron que la ceremonia no podía continuar en estas condiciones. Mientras las Juventudes Comunistas denunciaron que una de sus representantes fue agredida por Carabineros, la institución policial indicaba que dos de sus funcionarios resultaron heridos. Luego de acusaciones cruzadas, sin embargo, el establecimiento de la convención continuó cuando la jefa de ceremonia comunicó que no había ni represión, ni detenidos ni heridos. Pasada la una de la tarde, los constituyentes asumieron sus cargos, con una aceptación conjunta a viva voz que ha podido observar todo Chile, por las transmisiones en directo de todos los canales de televisión.
De inmediato, los 155 representantes comenzaron la votación para elegir su presidencia. Esta decisión era ampliamente esperada, porque daría las primeras luces sobre las fuerzas internas dentro de la convención. La presidencia tiene no solamente una importancia simbólica, sino de inmenso poder en el desarrollo de la discusión, pese a que no están normadas todavía sus atribuciones. Era una elección totalmente abierta, aunque existía cierto consenso en que el cargo debería ocuparlo una mujer. “Sería una linda señal del pueblo de Chile que la convención esté presidida por una indígena mapuche”, señaló Elisa Loncón, la actual presidenta de la convención, en entrevista con EL PAÍS.
En Chile se habla de un día histórico, porque con la asunción de la convención arranca un año importante y complejo, en el que 155 constituyentes de procedencias diferentes, con alta atomización y la derecha disminuida, deberán acordar una nueva Constitución que será sometida a plebiscito en el segundo semestre de 2022. Pero para llegar a este domingo 4 de julio ha debido transcurrir un largo proceso. La Constitución vigente data de 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet, aunque formalmente la carta fundamental tiene la firma del socialista Ricardo Lagos, que en 2005 realizó importantes reformas a algunos de los enclaves autoritarios. Desde fines de los años ochenta, a la Constitución vigente se le han aplicado medio centenar de modificaciones, tanto a fines de la dictadura como en los sucesivos gobiernos democráticos. En octubre de 2019, cuando la democracia chilena estuvo en peligro en el marco de las revueltas sociales, la clase política en su conjunto dio una salida institucional al conflicto con el ofrecimiento de un proceso constituyente. La excepción fue el Partido Comunista que, sin embargo, se sumó al proceso y consiguió seis convencionales.
Desde que a mediados de mayo los ciudadanos eligieron a los 155 constituyentes, con apenas el 43,41% de participación ciudadana, el ambiente político ha estado marcado por la tensión. A comienzos de junio, 34 de ellos plantearon seis “garantías democráticas” para el funcionamiento de la convención, en las que expresan que el órgano no debe subordinarse a las normas acordadas por la clase política el 15 de noviembre de 2019, que posibilitaron el proceso. “Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos”, manifestó este grupo de independientes, de los pueblos originarios y de la Lista del Pueblo, un movimiento anticapitalista que alcanzó 25 escaños. Es uno de los asuntos que comenzarán a resolverse desde este domingo en Chile: si la mayoría de la convención está por respetar determinados acuerdos, como el quórum de dos tercios para aprobar determinadas normas constitucionales.
Chile comenzará a redefinirse en asuntos fundamentales. La convención discutirá su régimen político y sistema de Gobierno, porque existe algún consenso en que el presidencialismo a la chilena –exacerbado, incluso en el contexto latinoamericano– mostró deficiencias con las revueltas de octubre de 2019. Se debatirá sobre la descentralización y regionalización, en un Estado unitario y fuertemente centralizado en la capital, como el chileno. Los 155 constituyentes deberán acordar diferentes asuntos relativos a los pueblos originarios, como su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad, que implicaría autodeterminación. Es un tema central, dado los históricos problemas de relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, que mantienen a la zona de la Araucanía en un conflicto centenario. El órgano constituyente discutirá el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado –los derechos económicos y sociales son debates calientes– y asuntos especialmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central.
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