La investigación judicial por la muerte del oso Cachou sigue recabando indicios para tratar de aclarar quién lo envenenó con anticongelante. La jueza de Vielha lleva más de un año instruyendo unas diligencias que nunca hubiesen arrancado si se hubiera dado por buena la versión oficial difundida en un primer momento por las autoridades del Valle de Arán, y que aludía a una pelea con otra fiera como causa de la muerte de Cachou.
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Los pinchazos telefónicos ordenados por la jueza para dar con los responsables del crimen del animal han revelado que el Consejo General de Arán, el órgano de gobierno regional, encargó las tareas de seguimiento y cuidado de los osos del Pirineo a técnicos que eran manifiestamente contrarios a la reintroducción de fauna salvaje en la comarca. El principal investigado, Aran Medan, era uno de los guardas forestales que tenía acceso directo y actualizado a los datos sobre la localización del oso. Esa información procedía del collar GPS que llevaba Cachou y tenía que ser confidencial, pero las diligencias judiciales sacan a la luz que el guarda la compartía con “desenvoltura” y sin cuidado alguno. El sospechoso era miembro de un grupo de Whatsapp, con más de 140 contactos, bautizado como Plataforma AntiOsos y, según consta en las actuaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS, compartió de manera reiterada datos sobre la localización de los plantígrados.
Los ataques a rebaños de cabras, ovejas y potros que fueron atribuidos a Cachou y Goiat, habían propiciado que a ambos se les colgara la etiqueta de conflictivos y agresivos. Esa fama enardeció el rechazo de una parte de vecinos del Valle de Arán, básicamente ganaderos y apicultores, a la presencia del oso en el entorno. Se le hace culpable de perjuicio económico. En ese clima hostil, Aran Medan rompió la “obligación de guardar secreto” que debía respetar por su cargo profesional, reprocha el sumario. La intervención de las comunicaciones pone al descubierto que pasó información incluso “a una persona relacionada con furtivos”, y que no le importó que, al revelar datos sobre el paradero del oso, su comunicante le confesara un plan inquietante: “Ya estoy informado, voy a ir el sábado a pegarle cuatro tiros”.
En otra comunicación, ya posterior al hallazgo del cadáver de Cachou, una interlocutora le dice: “A ver si podemos matarlos a todos”. Cuando se descubrió que el fallecimiento del oso no fue accidental y se activaron las pesquisas de los Mossos d’Esquadra, Aran Medan trató de borrar el rastro de sus actuaciones. Los investigadores dejaron constancia de que en las escuchas percibieron en él una “preocupación creciente” a medida que sabía que se iban tomando declaraciones. Consta que hizo llamadas y mandó mensajes a un gran número de contactos pidiendo borrar cualquier información sensible que él hubiera podido facilitar. En una de las comunicaciones se le graba exigiendo discreción: “Yo te había enviado el enlace del oso y se me puede caer el pelo”. Cuando, en otra llamada, una amiga le muestra su extrañeza por la súbita cautela que muestra al hablar, “yo estoy contra el oso”, le recuerda ella, el guarda descubre sus sospechas: “Yo también, pero tengo el teléfono pinchado”. La conversación termina con un consejo de la amiga: “No hables más de la cuenta, cállate por si acaso”. Sin embargo, antes de colgar, aún queda un último comentario grabado de ella: “La gente se muere de coronavirus y no tienen ni un entierro, y un puto oso de mierda tiene dos autopsias”.
El guarda reside en Les, es hijo del exalcalde del municipio, y se le conoce un “estrecho” vínculo con otro de los investigados: José Antonio Boya. Este, consejero del gobierno regional, tiene caballos y cabras y había sido el presidente de una asociación de criadores de potros del Pirineo. Los pinchazos telefónicos reportaron que los miembros de la asociación intercambiaron “mensajes de alegría” cuando trascendió la muerte de Cachou. Según han declarado varios testigos, Boya se jactó públicamente en varias ocasiones de querer “envenenar al oso con anticongelante”. Incluso habría detallado que impregnar esponjas con miel y con anticongelante era un método infalible.
El sumario del caso Cachou descubre continuas conversaciones entre el guarda forestal Aran Medan y su vecino José Antonio Boya. En muchos casos, la charla gira en torno a las rutas que siguen los animales. La instrucción define como “difícilmente comprensible” que el guarda tuviera encomendadas las funciones de rastreo de los movimientos de los osos y que, en base a ello, pudiera acceder a todos los datos sobre su localización. Pero, no era el único que vivía en esa dualidad. Otro de los investigados es Gerard Viló, técnico de medio ambiente del Valle de Arán y sobrino de José Antonio Boya. Más allá de su trabajo en la Administración, está considerado el principal apicultor de todo el valle. También en este caso, la actividad de su teléfono móvil ha servido a los investigadores para confirmar sospechas de que participó en la trama para matar a Cachou. El análisis de los repetidores que procuran la cobertura sitúan a su teléfono muy cerca del barranco donde apareció despeñado Cachou. El técnico de medio ambiente pasó por allí el 26 de marzo del 2020. Iba acompañado de un familiar con quien hace sociedad en el negocio de la miel. La autopsia fija la muerte del oso en el 30 de marzo, pero los veterinarios que inspeccionaron el cadáver calculan que el envenenamiento se produjo “el día 26 o el 27”. Concluyen que Cachou sufrió desde aquel día “una agonía lenta y muy dolorosa”.
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