Por Carlos Manuel Juárez/Elefante Blanco
Luego que la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ofreciera disculpas públicas a las familias de personas que fueron desaparecidas por elementos navales en Nuevo Laredo, las familias de las víctimas exigieron termine la criminalización contra ellas y el abogado Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos que las representa.
En presencia de las familias de las 45 personas que fueron desaparecidas, Jessica Molina Rodríguez, esposa de José Daniel Trejo García, una de las víctimas, advirtió que no todas las mujeres buscadoras estuvieron de acuerdo en aceptar la disculpa del Estado Mexicano, pero pactaron seguir juntas en la exigencia de justicia, verdad y no repetición.
Además, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado seguimiento a la denuncia contra el alcalde con licencia de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, por el uso de camionetas clonadas vinculadas con las desapariciones, entre otras denuncias y casos presentados.
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“Hoy comparto el sentimiento de mis compañeras, y si bien una disculpa pública no borra el sufrimiento y la angustia que nos ha tocado vivir, pero al menos permite seguir como hasta el día de hoy, caminando con la frente en alto, sin esconder nuestros rostros, nos da la tranquilidad de saber que ahora no solo nosotras sabemos que siempre dijimos la verdad: fueron los marinos. Espero que con esta disculpa cese la campaña de desprestigio que hay contra nosotros y el licenciado Raymundo Ramos que ha tenido que aguantar las calumnias hacia su persona”, pronunció Molina Rodríguez.
El contralmirante Ramiro Lobato Camacho, en representación del titular de la Secretaría de Marina, almirante José Luis Arellano Ruiz, aseguró que la aceptación de la Recomendación 36VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sienta un precedente histórico en este tipo de hechos, donde son responsables elementos del Estado Mexicano.
“Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas pero estamos claras que esta es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados en lo que a nuestra institución compete. De igual manera y sobre todo, es un precedente hacia una estricta vigilancia de las operaciones navales y respeto a los derechos humanos en nuestro país”, dijo el funcionario naval.
En el acto participaron José Ramón Ibarra Flores, secretario del ayuntamiento de Nuevo Laredo; Rodolfo Monroy Velázquez, en representación del gobierno de Tamaulipas; Octavio Amezcua, representante de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Rosalba Zárate Quintana, coordinadora del programa de seguimiento de remediaciones de la CNDH; y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
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“El Estado mexicano, hoy a través del contraalmirante Lovato, ha transmitido un mensaje irrefutable continuaremos encarando este grave problema sin dobleces, sin simulación y con toda la firmeza del Estado para mitigarlo y para castigarlo”, afirmó el subsecretario Encinas.
El 9 de abril de 2021, la Semar entregó a 30 elementos navales a la FGR por su presunta participación en la desaparición forzada de personas en Nuevo Laredo de febrero a mayo de 2018. El jueves 15 de abril, un juez federal vinculó a proceso a todos los marinos, pero solo por las desapariciones de José Daniel Trejo García y Gabriel Gaspar Vázquez.
En el juzgado se dictó prisión preventiva para todos los marinos y se fijó un plazo de investigación complementaria de 6 meses. Las detenciones son parte de las causa penales 155/2020, 307/2020 y 308/2020, que corresponden a 4 víctimas del mismo ilícito, aunque el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dirigido por el abogado Raymundo Ramos, documentó 45 desapariciones forzadas presuntamente a manos de militares.
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