Se vende, se rifa o se alquila para fiestas o vuelos ejecutivos. Estas son las tres posibilidades -se dará prioridad a la que se concrete primero- que permitirían al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumplir con una vieja promesa hecha en épocas de campaña: deshacerse del lujoso avión presidencial TP-01, un Boeing 787-8 Dreamliner, bautizado con el nombre de José María Morelos y Pavón, un sacerdote que fue héroe de la independencia de México. El martes la telenovela sobre el destino de esta aeronave dio un nuevo giro.
Durante su conferencia matutina de ese día, López Obrador anunció que ha ofrecido a las compañías aéreas Delta Airlines y Aeroméxico el avión presidencial, que no ha sido vendido, para que lo usen para viajes de ejecutivos y de fiestas como bodas. “Aproveché también para ofrecerles el avión porque podrían usarlo, que lo administre Aeroméxico si lo deciden y que lo puedan usar para viajes ejecutivos o fiestas, hay la costumbre de que hay matrimonios y se casan en algún lugar del Caribe… bueno, pues para eso podría utilizarse el avión”, dijo el presidente al referirse a una reunión celebrada con directivos de las aerolíneas.
Pero el horno de la industria aérea en México no está para bollos. Delta Airlines ofreció a principios de mes comprar parte de la deuda que tiene Aeroméxico con un fondo de inversión, utilizado para paliar el bajo tráfico aéreo derivado de la crisis sanitaria por el coronavirus. “No hay empresa privada que quiera entrarle a un negocio que no va a ser negocio, aunque quizá lo estén analizando cortésmente ante la petición del presidente”, dice en entrevista Fernando Gómez Suárez, analista en materia de aviación y aeropuertos.
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Para este especialista, se trata de un ofrecimiento que difícilmente pueda aprovechar una empresa operadora de vuelos masivos comerciales, como Delta o Aeroméxico, ya que no tienen una división encargada de operar este tipo de aeronaves. “En épocas de bonanza sí se puede hacer, no en esta coyuntura económica de la pandemia, adicionalmente que no está claro cuál es el retorno de la inversión”, indica Gómez Suárez.
Deshacerse de la aeronave comprada por el expresidente Felipe Calderón y estrenada por Enrique Peña Nieto, ha sido hasta ahora imposible tras una serie de esfuerzos fallidos de la Administración de López Obrador. “El avión es muy lujoso, muy extravagante, lo hicieron a la medida, no es un avión hecho en serie, cuesta trabajo venderlo”, ha criticado el mandatario.
El primer ofrecimiento de venta, del que públicamente no se conoció ni la oferta ni el monto que el Gobierno mexicano preveía recuperar, resultó vano. Ante la falta de compradores, se anunció una rifa para sortear la nave. Poco después se añadió que se trataría de una lotería simbólica, y que se darían premios a los ganadores. Por último, el presidente anunció que serían los empresarios los que en realidad iban a pagar la lotería comprando la mayoría de los boletos.
Si no se vende ni se rifa, la posibilidad está en el alquiler. Lo cierto es que el presidente se mantiene firme en su discurso de no usar el avión presidencial y sí, en cambio, trasladarse a sus giras por el país en vuelos comerciales. Y lo ha justificado. “Nos sale mejor porque si lo usáramos, nos costaría mucho el traslado”, dijo el martes López Obrador.
Según el mandatario, al año gasta unos seis millones de pesos (254. 547 euros)en traslados aéreos en contraste con los siete millones (296.949 euros) que se gasta el TP-01 solo en servicios de comunicaciones. Hasta ahora, ni vendido, ni rifado, ni alquilado: el avión presidencial sigue sin emprender el vuelo desde hace varios meses.
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