Las cifras lo dejan claro. El proceso de regularización de trabajadores públicos temporales tendrá su mayor impacto en el personal de las comunidades autónomas. Estas concentran un 85,5% del total de interinos que hay en España, que son 622.295 según el último Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado enero. En total, las comunidades suman más de 531.000 interinos y casi nueve de cada 10, cerca de 475.000, desempeñan funciones para las consejerías de Sanidad o Educación, dos competencias transferidas que suponen las dos grandes fuentes de empleo público.
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El análisis pormenorizado de esas dos áreas deja además otros datos esclarecedores. Por ejemplo, que hay una abrumadora mayoría de interinas: las mujeres ocupan casi 3 de 4 empleos temporales. Ellas son más de 354.000 y ellos, unos 120.000. La pandemia ha requerido un refuerzo de las plantillas en los centros sanitarios y el pasado enero las comunidades sumaban 268.741 interinos en esta área. En la educación eran un poco menos, 206.055. Dentro de ambos, las categorías de personal donde más se emplea la figura del interino es en el personal sanitario (más de 206.000) y en los docentes no universitarios (187.120).
Aunque la estabilización de esos empleos supone un reto para todas las comunidades autónomas, la magnitud no es la misma. En números absolutos, son lógicamente las más pobladas las que tienen más internos trabajando en sanidad y educación. En Andalucía suman casi 95.000 y en Cataluña son 63.541 empleados. Le sigue muy de cerca Madrid con 62.506 y en cuarto lugar se sitúa la Comunidad Valenciana con 56.533. En el extremo opuesto hay cuatro comunidades con menos de 10.000 interinos, son Navarra, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Cuestión diferente es el porcentaje de interinos (sumando a los de sanidad y educación los de otras áreas) que cada comunidad tiene respecto al total de empleados públicos. Ahí Extremadura y Galicia destacan como las que tienen un porcentaje más bajo: el 14%. Navarra y Asturias duplican esa cifra con un 28%.
Un proceso diferente a los anteriores
Según los cálculos del Gobierno, el decreto para reducir la temporalidad del sector público afectará a unas 310.000 personas, la mitad de los funcionarios interinos que hay en España. Pero hay que tener en cuenta que a estos habría que sumar a otro colectivo, el del personal laboral de la Administración con empleos temporales, que también podrían beneficiarse de esas medidas. Algunos sindicatos como CC OO consideran, en cualquier caso, que la cifra del Gobierno se queda corta y la regularización laboral podría afectar hasta a medio millón de puestos.
Para hacerlo, el Ejecutivo pactó con los sindicatos cambios en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y otras medidas que facilitarán la consolidación de plazas. Lo más relevante es que en un plazo relativamente breve, antes de la primera de 2022 si todo va según lo previsto, las diferentes administraciones tienen que aprobar las plazas a cubrir con funcionarios de carrera. El cambio legal impide que estas abusen de la temporalidad, dejando la contratación de interinos solo para los supuestos vacantes por un plazo máximo de tres años, cobertura de sustituciones de funcionarios de carrera, programas temporales y picos de trabajo. A finales de 2024 España no podrá tener más de un 8% de trabajadores temporales en el sector público, según se ha comprometido con Bruselas. Esa cifra actualmente está 20 puntos por encima según algunos cálculos.
La idea del decreto es que quienes ya desempeñan sus funciones consoliden la plaza. En el concurso-oposición, la fase de concurso (los méritos) contará un 40% y el examen el 60%. Para obtener los votos de Unidas Podemos y ERC en el Congreso, y lograr así la convalidación del decreto, el PSOE aceptó tramitarlo como proyecto de ley en el que se introducirán cambios. Uno de ellos es permitir que las administraciones, si así lo desean, establezcan en sus convocatorias que suspender el examen no sea eliminatorio, aunque habrá que esperar a ver qué fórmula se da a esta idea en la nueva redacción de la ley. Para quienes no consoliden la plaza, se acordó pagar una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, a quienes estén contratados en fraude de ley (más de tres años con contratos temporales, según la doctrina del Tribunal Supremo) y vean rescindida la relación laboral. Además entrarán en una bolsa de trabajo diferente a la del resto de candidatos del concurso-oposición con vistas a favorecer su vuelta al sector público lo antes posible.
El otro gran cambio pactado en el Congreso hace referencia a quienes llevan más de 10 años en una plaza para la que no ha salido a convocatoria. Los socios parlamentarios del Gobierno exigieron que en esos casos se elimine la oposición y se acceda a la plaza exclusivamente por méritos. El planteamiento genera dudas en los sindicatos por su encaje legal. Ni el Ejecutivo ni las centrales sindicales han ofrecido estimaciones sobre a cuánta gente puede afectar este último supuesto.
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