La puesta en escena de la reunión lo decía todo. En un enorme salón y frente a un mural de pintura clásica china entre mármoles y cortinas rojas, donde hace dos días había recibido a la número dos del departamento de Estado de EE UU, Wendy Sherman, este miércoles el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se fotografiaba sonriente con una muy barbuda delegación de nueve talibanes afganos, presidida por uno de los fundadores de ese grupo, el mulá Abdul Ghani Baradar. El mensaje estaba claro: China acepta como interlocutor válido y como parte del proceso de reconstrucción de Afganistán a esta milicia tras el comienzo de la retirada estadounidense.
La reunión en la ciudad de Tianjin, la segunda que se conoce entre autoridades chinas y los talibanes desde 2019, se desarrolló con toda la pompa que la pandemia de coronavirus permite, y a satisfacción visible de ambas partes. La guerrilla afgana, que ya mantuvo excelentes lazos con Pekín durante su etapa en el poder antes de los atentados del 11-S, obtiene un respaldo crucial de China, tanto si acaba formando parte de una coalición con el Gobierno proestadounidense ―la opción que Pekín asegura preferir― o se hace con el poder en solitario. El Ejecutivo de Xi Jinping logra, por su parte, exactamente lo que quería: la promesa de que, con los talibanes en el poder, Afganistán no prestará su suelo para operaciones de grupos extremistas contra el país vecino.
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“Los talibanes en Afganistán representan una fuerza clave política y militar, y desempeñarán un papel importante en el proceso de paz, reconciliación y reconstrucción”, indicó Wang, en un comunicado distribuido por su ministerio.
El titular de Exteriores reiteró lo que Pekín espera de los talibanes: que atajen al Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (ETIM, por sus siglas en inglés), un grupo radical uigur al que China acusa de estar activo en la región de Xinjiang y de querer perpetrar actos terroristas con el fin de lograr la independencia de ese territorio, hogar de esa minoría étnica de religión musulmana. El ETIM, subraya el comunicado, representa una “amenaza directa a la seguridad nacional de China”.
Pekín recibió esas garantías. “La delegación ha asegurado a China que no permitirá que nadie use territorio afgano contra China”, ha declarado el portavoz talibán Mohammed Naeem, citado por la agencia Reuters. “China también ha reiterado su compromiso de continuar su asistencia a los afganos y ha dicho que no interferirá en los asuntos de Afganistán, pero ayudará a resolver los problemas y el restablecimiento de la paz en el país”.
El Gobierno del presidente Xi Jinping ha seguido con enorme interés el desarrollo de los acontecimientos desde que Estados Unidos inició el proceso de retirada de sus tropas del país vecino ―el pasado 1 de julio salió de la base de Bagram, en las afueras de Kabul―. Los talibanes se han hecho con las provincias de Kandahar y Badakhshan ―donde se sitúa el estrecho corredor de Wakhan, la frontera afgana con Xinjiang― y ya controlan casi la mitad del territorio de Afganistán, mientras las tropas estadounidenses continúan dando apoyo a las fuerzas del Gobierno.
El interés de Pekín es doble. Un Afganistán desestabilizado puede servir de refugio a radicales uigures, como ocurrió en el pasado, y facilitar que grupos terroristas puedan cometer atentados en Xinjiang, precisamente cuando China considera que el éxito de su campaña de reeducación entre la minoría musulmana, que lleva a cabo desde 2016, ha permitido que no se detecten actos de violencia extremista en esa región en los últimos cinco años. El atentado a principios de este mes contra un autobús en el que murieron nueve ingenieros de nacionalidad china que trabajaban en la construcción de una presa en Pakistán ha agudizado esas preocupaciones.
Por otro lado, un Afganistán en paz y libre de tropas norteamericanas no solo confirma su tesis de que Estados Unidos es supuestamente una potencia cada vez más decadente. También le permite proteger y ampliar sus intereses económicos en esa nación, sedienta de inversiones e infraestructuras. Y le abre las puertas para integrar a ese país en su iniciativa de Nuevas Rutas de la Seda, la gigantesca red de infraestructuras con la que pretende conectarse con el resto del mundo. China, que ya construye allí una autopista entre Peshawar, en la frontera paquistaní, y Kandahar, podría así conectar Kabul con el proyecto estrella de la iniciativa, el Corredor Económico China-Pakistán, y abrir una vía de acceso terrestre a mercados como Irán, Turkistán o Uzbekistán en Asia Central.
China ha propuesto un plan de paz de tres puntos para Afganistán, y la semana pasada nombró un nuevo enviado especial para las negociaciones, el diplomático Yue Xiaoyong, en una señal de que pretende un papel de mayor relevancia en el proceso. El plan quiere evitar una escalada del conflicto en el país centroasiático, restablecer las negociaciones entre los bandos afganos para lograr la reconciliación política y evitar que grupos terroristas puedan sacar provecho de la situación para implantarse en su territorio, como hiciera Al Qaeda durante los años noventa.
El propio Wang viajó hace dos semanas a Tayikistán para participar en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro de cooperación regional en materia de seguridad, y tratar de aunar posiciones sobre Afganistán con los países vecinos en Asia Central.
Mientras en Tianjin Pekín y los talibanes aproximaban posturas, en Nueva Delhi se registraban movimientos geopolíticos paralelos. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reunía con su homólogo indio, Subramanyan Jaishankar, para fortalecer las relaciones con un gigante estratégicamente situado junto a Afganistán y China, en momentos en los que Pekín y Nueva Delhi ven sus relaciones afectadas por tensiones fronterizas.
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