El comité promotor de la consulta popular de este 1 de agosto aseguró que promoverá la creación de un “Tribunal de los Pueblos” para que juzgue los crímenes del pasado, ya que tras la realización del ejercicio “no queda duda de que el pueblo mexicano tiene la victoria, una victoria democrática”.
Durante una rueda de prensa, los activistas Omar García, Epigmenio Ibarra, Ariadna Bahena y Alina Duarte leyeron un comunicado en el que señalaron que la consulta “es un parteaguas para la democracia mexicana y un importante precedente para el quehacer político y la participación directa de la ciudadanía como contrapeso a los poderes de la federación y a los poderes fácticos que inciden comúnmente en la toma de decisiones” del país.
Señalaron que el tribunal propuesto debe ser integrado por figuras de reconocido carácter ético, así como víctimas, por lo que convocaron a la población, a partidos políticos y a organizaciones civiles a reunirse en el zócalo capitalino el próximo 8 de agosto a las 12:00 horas, con el fin de que se realice el anuncio formal del plan de acción del “Tribunal de los Pueblos”.
El objetivo del Tribunal es que se pueda juzgar “a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho mexicano las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, contra la economía popular, el saqueo general del país, contra el medio ambiente, violaciones de derecho a la información de los mexicanos”.
“El objetivo de la justicia transicional es garantizar el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas, y a coadyuvar con el sistema de justicia para reparar los daños causados, esclarecer los hechos y garantizar la no repetición de los crímenes”, enfatizaron.
Mencionaron que este organismo puede ser complementario a la Comisión de la Verdad propuesta por otros actores políticos y sociales, con la diferencia de que el Tribunal puede representar un foro público para las víctimas.
Los activistas acusaron al Instituto Nacional Electoral (INE) de entorpecer la realización de la consulta, mediante la modificación de la ubicación de las casillas sin previo aviso, la puesta en disposición de una página web inaccesible para participar como observador, entre otras acciones.
“Esta institución debía encargarse de los trabajos logísticos de este proceso, pero en lugar de esto diseñó reglas y mecanismos difíciles de acceder para toda la ciudadanía, entorpeciendo en todo momento los intentos legítimos de participación del pueblo mexicano”, dijeron.
También advirtieron una campaña de la oposición: “La derecha, mediante sus diferentes actores e instituciones, buscó minar y entorpecer el proceso ciudadano, se intentó deslegitimar la lucha por la justicia y desinformar a la población, ridiculizando nuestra esfuerzo”.
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