Centroamérica era en 2020 una región con problemas graves que apenas lograba registrar progresos pequeños y puntuales en los años previos a la conmemoración del bicentenario de la independencia, pero faltaba la pandemia con sus más de 37.000 muertos y las desgracias sobre las vidas de millones de personas.
La pequeña reducción de la pobreza en años recientes y la disminución de las altas tasas de asesinatos eran pasos significativos, pero no evitan que ahora, a las puertas de la fecha que los gobiernos preveían como un festejo por dos siglos desde la ruptura con España, la angosta región centroamericana aloja un cóctel de problemas. Rezagos y nuevas angustias sociales, ambientales, económicas y políticas resultan en la mayor crisis desde las guerras en las últimas sacudidas de la Guerra Fría.
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El momento es “extremadamente complejo”, concluye el Informe Estado de la Región 2021, un compendio de investigaciones que cada cuatrienio retrata a los ocho países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) coordinadas desde San José por un centro de pensamiento llamado Programa Estado de la Nación, con financiamiento público y cooperación internacional. Fue presentado a menos de dos meses de la fecha de la independencia y en momentos de señales adicionales del “retroceso significativo en estabilidad política”, como indica el documento.
Con más de 37.000 muertes por la covid-19, incluso considerando la falta de datos en Nicaragua, la región ha recibido la pandemia como la gota que derrama el vaso lleno de problemas más o menos comunes para los territorios que pertenecieron al imperio español hasta 1821. Son Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, a los que se agregan Panamá en el extremo sur del istmo y la caribeña República Dominicana, miembro pleno del SICA. Son ocho países que alojan a 60 millones de habitantes, un 33% más que la población cuando comenzó este siglo, con una ventaja actual por cantidad de personas en edad productiva.
Pasadas tres décadas desde los Acuerdos de Paz y el surgimiento del sistema de integración centroamericana, el diagnóstico indica que la institucionalidad democrática se desploma en varios países y presenta grietas en otros, lo que dificulta atacar los problemas sociales ahora agravados por la pandemia. Cuatro de cada diez centroamericanos reportan haber sacrificado un tiempo de comida después del golpe del virus y las restricciones sanitarias sobre economías poco diversificadas. Unos 10 millones de empleos se perdieron en 2020 y en general la pobreza alcanza al menos al 20% de la centroamericana, aunque se había ido reduciendo; en Honduras eran pobres siete de cada 10 personas antes de la pandemia y en Nicaragua, la mitad.
“Son rezagos históricos que mantienen a la región en una debilidad crónica”, dijo Alberto Mora, coordinador del Informe al advertir que Costa Rica y Panamá registran indicadores menos graves, pero tampoco están exentos de un duro golpe socioeconómico por su cuenta y por efecto de las dinámicas comerciales intrarregionales y los movimientos migratorios.
En marzo de 2020, cuando llegaron los primeros contagios de covid a Centroamérica, la región ya estaba de cuidar. Cerca 40% de la fuerza laboral no asistió jamás a la educación secundaria y la solidez de sus empleos era ínfima. El daño pandémico cayó más fuerte sobre los más vulnerables y el efecto tampoco es desconocido para Centroamérica: la desigualdad social. El 20% de más recursos recibe casi 15 veces los ingresos que recibe el 20% más pobre, sin que siquiera se asomen políticas públicas capaces de revertir la brecha en la riqueza originada en parte desde los tiempos de la colonia.
Hacia el futuro, los problemas ya comenzaron. El informe advierte bajas tasas de matrícula en la educación formal. Aunque a primaria asiste el 85%, casi la mitad de los niños en edad preescolar no han acudido jamás a las aulas y en la secundaria los porcentajes de exclusión son mayores, con casos especiales como Guatemala, donde solo el 30% asiste a los colegios. El empeoramiento de las economías y las dificultades de conectividad para atender clases virtuales pudieron haber agudizado las debilidades de los sistemas educativos que en julio de 2021 no habían retomado el curso normal. Costa Rica, que suele considerarse un modelo educativo en el continente, tampoco ha logrado normalizar el calendario ni mantener en contacto a miles de estudiantes.
Con los sistemas sanitarios comprometidos por la pandemia, la educación rezagada y golpeada, y mayores necesidades básicas de las familias, los gobiernos tampoco tienen la capacidad de elevar la inversión social de manera significativa. El gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es aún más bajo que el de América del Sur y varios países del Caribe, advierte el informe. Además, la generación de riqueza global ya estaba casi estancada, pues en 2019 el PIB registró un crecimiento promedio de 1,6%, casi tres puntos menos que la cifra del 2015. La pandemia acabó de herir a las economías de la región en 2020, incluso a las más diversificadas, pues Costa Rica enfrentó la mayor contracción en 40 años, con 4,5% y Panamá se redujo un 18% después de liderar el crecimiento en este siglo en el Istmo.
Distinta es la tendencia del gasto militar, que se ha incrementado con fuerza desde 2010 como promedio regional. En El Salvador, Honduras y República Dominicana es de 45 dólares o más el gasto per cápita anual en las fuerzas armadas. Aunque no hay guerras ya, los Estados las han dirigido a la represión de la violencia y del crimen organizado, con un éxito relativo, pues la tasa de asesinatos bajó en casi todos los países y el promedio regional pasó de 30 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 21 en 2020.
La pandemia agrava la situación
Esta disminución en los homicidios, sin embargo, no alcanzan para compensar los factores que empujan a miles de centroamericanos a desplazarse en su país, huir a otra naciones de la región o a Estados Unidos, con todo y los obstáculos en el camino y el destino. A las migraciones de tipo económico y forzadas por las pandillas en el “triángulo norte” se sumaron tendencias nuevas en años recientes: la movilización masiva en las llamadas “caravanas”, el aumento de mujeres migrantes mayor que el de los hombres y el resurgimiento del desplazamiento forzado de población por motivos políticos, señalaron los investigadores. El total de solicitudes de refugio planteadas por centroamericanos en 2019 fue un 52% mayor que el del año 2000, un incremento que pueden atestiguar especialmente los nicaragüenses después del estallido de protestas y represión en 2018.
A esos factores se suman los desastres relacionados con causas naturales, en especial los alteraciones climáticas, como los huracanes ETA y Iota en 2020, que en Guatemala dejó más de 200 muertos y una crisis de tipo humanitario de la que aún no se recuperan y que también ha forzado a familias a emigrar. El Informe señala que en los últimos 30 años hay un aumento abrupto de este tipo de desastres en Centroamérica y que más del 90% son consecuencias de eventos meteorológicos sobre una zona que los expertos señalan como especialmente vulnerable ante el cambio climático.
Como una sombrilla que cubre lo social y lo económico, la estabilidad política muestra también un deterioro al detenerse en la última década los avances impulsados desde los acuerdos de paz. “El Estado de derecho ha sido históricamente el componente más débil del proceso de construcción de institucionalidad democrática que se inauguró con el cese de la guerra. Es el componente peor evaluado en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, reporta el Estado de la Región. También apunta a la crisis detonada en 2018 en suelo nicaragüense como una muestra del “retroceso significativo en el componente de estabilidad política y ausencia de violencia”, además del deterioro en la calidad de procesos electorales, como el programado para noviembre con todas las ventajas para que se vuelva a reelegir Daniel Ortega.
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