El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, considera que no debe tomar partido en la controversia sobre los avales que pretende presentar la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF). Por ello dirigió este miércoles un escrito a sus superiores jerárquicos consultando si existen causas por las que deba rechazar la confección del informe jurídico que le solicitó el tribunal sobre si debe admitirse o no la propuesta de emplear esos avales para hacer frente al afianzamiento de los 5,4 millones de euros que se reclaman a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana por los gastos indebidos en la promoción del proyecto de independencia de Cataluña en el extranjero, entre 2011 y 2017.
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La tesis de García Monteys es que puede existir un conflicto de intereses entre lo que le pide el Tribunal de Cuentas y el papel que corresponde a la Abogacía del Estado en este asunto. Fuentes de la propia Abogacía niegan que haya existido tensión alguna entre García Monteys y sus superiores al plantear ahora estas dudas. En el propio tribunal se estima que la consulta elevada es en realidad un anticipo de la decisión que probablemente tome la Abogacía en el sentido de evitar pronunciarse sobre los avales. De hecho, cuando el Tribunal de Cuentas pidió el dictamen de la Abogacía, la interpretación unánime fue que se buscaba que el Gobierno tuviera que fijar su posición sobre una cuestión que podría complicar la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán.
El resquicio hallado por la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, para no tener que informar se refiere a una posible incompatibilidad entre la función consultiva que le reclama el Tribunal de Cuentas al pedirle el informe y la función que como parte del procedimiento corresponde a este departamento. En el escrito a sus superiores, García Monteys razona que “la posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva”. García Monteys añade: “Como consecuencia de lo anterior, la emisión del informe podría afectar a la posición de esta Abogacía en el procedimiento en trámite, condicionando el resto de su actuación, y también a la propia tramitación de las actuaciones previas, al poder dar lugar a un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes”. García Monteys, en suma, pone en bandeja a sus superiores que le digan que lleva razón y que no elabore el informe que se le pide.
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