El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, aseguró que su remoción presidente del organismo -a la que no reconoce validez jurídica- existe una lucha de poder “entre actores políticos” que están “saboreando” la crisis institucional que debilita el trabajo jurisdiccional para garantizar la validez de los procesos electorales.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que supone quiénes pueden estar detrás de la decisión de removerlo como presidente del Tribunal, aunque no quiso mencionar nombres pues no cuenta con evidencia de ello.
Acusó que los magistrados que votaron por su remoción tuvieron “una actitud golpista” y su actuación fue irregular, que estuvo vinculada a las dos presidencias fallidas previas a su designación.
Janine Otálora renunció en enero de 2019, tras la crisis por validar la elección de 2018 en Puebla, que dio el triunfo a la fallecida panista Marta Erika Alonso frente al actual gobernador, el morenista Luis Miguel Barbosa. Vargas había elaborado un proyecto para anular la elección.
Tras la renuncia de Otálora fue designado el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien en noviembre de 2020 fue sustituido por José Luis Vargas en una elección que ganó por cuatro votos contra tres.
Consideró que lo ocurrido no tiene precedentes y que se trató de “una toma de la institución sin fundamento legal alguno”, por lo que los cinco jueces constitucionales que votaron por su remoción provocaron una crisis constitucional.
Calificó como ilegal el nombramiento de Reyes Rodríguez como presidente y de Rodrigo Sánchez García como secretario general de acuerdos y dijo que su mandato termina en noviembre de 2023. En ese sentido, la remoción sienta un precedente para que en el futuro le pueda suceder lo mismo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los presidentes de las cámaras legislativas o incluso al presidente de la República.
“En lo que pasó ayer hay delitos, que alguien usurpe funciones y determine cuestiones que no están en su ámbito de atribuciones”, enfatizó.
Vargas apuntó que la Ley Orgánica establece que la única forma de que pudiera separarse del cargo es por la muerte, ausencia o renuncia y no ha renunciado. No obstante, aseguró que consideraría dejar el cargo si ya no hay condiciones para ejercerlo, aunque esta decisión tendrá que sopesarla cuando la SCJN determine a quién corresponde legalmente la presidencia del Tribunal.
En torno al argumento esgrimido por los magistrados sobre su desempeño, dijo que como presidente tiene la obligación de rendir cuentas anualmente ante la Corte y que, en todo caso, ese sería el momento para señalar presuntos incumplimientos.
Mencionó que durante su gestión se ha reducido la plantilla del organismo, que era obesa y en la que incluso existían casos como el de una familia entera que laboraba en el TEPJF. También dijo que se detectaron irregularidades importantes en la gestión anterior, por lo que esto forma parte de este “golpe” en su contra. “A nadie le gusta que llegue alguien y que revise”, apuntó.
Emplazó al magistrado Reyes Rodríguez a que presente elementos de prueba de una alteración en la asignación de casos, ya que es uno de los señalamientos hechos sin que hasta el momento exista una denuncia ante el Ministerio Público por esa circunstancia.
José Luis Vargas dijo que, en todo caso, una comisión formada por miembros de la Judicatura debería analizar las quejas que pudiesen existir en su contra, pero reiteró que la manera en la que actuaron sus compañeros fue “golpista” pues no dialogaron ni recurrieron a las instancias correspondientes.
Coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que hay una circunstancia grave, pues un Tribunal como el electoral no puede dar un “show” como el que se ha dado, con dos presidentes, uno en funciones y otro que se dice legítimo. “Creo que eso confunde mucho a la sociedad”, precisó.
Pidió que en lo que se resuelve el recurso que presentará ante la SCJN se suspendan todas las decisiones que puedan poner en riesgo al Tribunal, ya que él tiene la potestad legal en temas como el pago de nómina, pues tiene la firma autorizada.
El magistrado aclaró que la controversia que presentará con carácter de urgente ante la Corte está considerada en el artículo 11 fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y es una figura similar a la consulta que realizó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sobre el artículo transitorio que amplía su mandato.
Consideró que la sesión alterna convocada por los cinco magistrados que lo destituyeron violó su derecho como juzgador y el de la magistrada Mónica Soto, pues se resolvieron asuntos de índole jurídico penal sobre los que tenían derecho de voto. En ese sentido, dijo que los actos sancionados durante la sesión son nulos de pleno derecho.
En torno a la impugnación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de enriquecimiento ilícito, dijo que el titular del órgano, Santiago Nieto Castillo, ahora pretende perseguirlo por posible lavado de dinero. Sin embargo, para que exista este delito tiene que demostrarse la procedencia ilícita de los recursos y que él pudo demostrar que todo su dinero es lícito.
Acusó que Nieto siempre ha tenido un “interés personalísimo” en el Tribunal y que demostrará ante el Ministerio Público que lo presentado por la UIF no tiene fundamento.
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