El Gobierno de Ceuta admitió este martes que no contaba con ningún documento escrito que informase de forma individual sobre las circunstancias de cada uno de los 45 menores que han sido devueltos a Marruecos y que entraron en la ciudad entre el 17 y 18 de mayo durante la crisis fronteriza. Según explicó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que compareció finalmente junto a Mabel Deu, vicepresidenta y consejera con competencias en materia de menores, el criterio que ha definido qué niños serían repatriados ha sido solo el perfil de vulnerabilidad establecido por los técnicos de la Fundación Samu, responsable del dispositivo de acogida.
Confirmaban así la denuncia por el incumplimiento de la ley de Extranjería de las ONG que dieron lugar a las reclamaciones de la Fiscalía al día siguiente de comenzar los traslados —el pasado viernes—, y a la posterior paralización judicial de 15 repatriaciones. Hasta que el pasado lunes, el Gobierno autónomo optó por dar un margen de 72 horas mientras se dirimen las “disquisiciones judiciales”, como calificó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el hecho de que confluyan dos textos legales: la norma de extranjería y un acuerdo bilateral con Marruecos. Tanto Marlaska como Vivas invocaron la prevalencia del acuerdo por encima de la ley.
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“Ningún menor de los calificados como vulnerables ha sido trasladado”, insistió Juan Vivas, que calificó el procedimiento de “polémico” y “excepcional”. El presidente ceutí salía así al paso de las muchas dudas sobre la legalidad de esta medida, manifestadas por el Defensor del Pueblo y organismos internacionales de defensa de los derechos de la infancia.
Por su parte, Marlaska concedió otra entrevista televisiva en La Sexta, donde explicó que fue el Gobierno de Ceuta quien solicitó que se activase el acuerdo de 2007 para proceder a la devolución de los menores. “Lo que se determina es reagruparlos de manera asistida, para volver a su entorno social y con su familia, tal y como recoge la Convención del Niño”, defendió el ministro, asegurando que “se ha respetado el ordenamiento jurídico en su conjunto”. No obstante, advirtió: “Veremos qué dicen los tribunales y si hay que corregir algún matiz se corregirá, pero todas las actuaciones van dirigidas a salvaguardar el interés superior del menor”.
El Ministerio de Interior procedió el pasado viernes a ejecutar lo que el ministro Marlaska define como “retornos asistidos” de menores marroquíes a través del paso fronterizo del Tarajal. El ministro llegó a decir que los chicos “querían volver”, pero la realidad, como aseguró Save The Children (ONG delegada por la consejería ceutí para efectuar esas valoraciones) es que no se les había entrevistado, ni fueron escuchados por el ministerio fiscal para incluir el preceptivo informe en el expediente de expulsión.
En medio de la opacidad del procedimiento y de las múltiples reclamaciones y denuncias que se sucedían desde instancias judiciales y civiles y de miembros del propio Gobierno de coalición, el lunes, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta detuvo el traslado a Marruecos de 15 chavales como medida cautelar urgente ante una demanda de varias ONG.
Como respuesta, el Ejecutivo local decidió a última hora de ese día suspender hasta el viernes todas las devoluciones, de las que se han efectuado al menos 45 en tres grupos de 15 niños. El presidente ceutí no ha aclarado si existe o no una orden judicial que obligase a detener el dispositivo, pero sí ha informado de que la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma notificó su voluntad de parar las repatriaciones ante un requerimiento de información por parte del Juzgado. Desde el Ministerio se niega que se solicitase el cese de los traslados a la delegación ceutí.
La noche del lunes, la vicepresidenta y consejera de Presidencia con competencia en materia de menores, Mabel Deu, aseguró a los medios que un juzgado había ordenado cautelarmente la paralización de las devoluciones. Pero este martes, en rueda de prensa, Deu aclaró que solo tenía conocimiento de la comunicación de la Delegación. “No tenemos constancia oficial ni conocemos el origen [del requerimiento]”, dijo apoyada por Vivas. “La coordinación entre ambas instituciones es diaria”, insistió.
“Agilidad” y “eficacia”
Vivas insiste en que el Acuerdo bilateral con Marruecos da “amparo jurídico” a las devoluciones pese a la inexistencia de informes individuales de los menores devueltos, que estaban siendo realizados por el Área del Menor, un departamento dependiente de la Consejería de Presidencia, con Deu a la cabeza, y en colaboración con Save The Children, que había realizado 352 entrevistas entre los más de 1.000 menores reseñados por la Policía desde el 17 de mayo. Ninguno de los 45 niños que han sido repatriados desde el viernes pasado había sido entrevistado por la organización, según confirmó EL PAÍS.
“El Acuerdo, tal como nosotros lo concebimos, no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales”, aseguró Vivas, que entiende que las decisiones se han tomado con el ánimo de actuar “de manera eficaz” ante una situación de “emergencia humanitaria” en Ceuta que dura ya tres meses y que ha colapsado los recursos autonómicos. Entre las 10.000 personas que Marruecos permitió cruzar la frontera masivamente el pasado mes de mayo como respuesta al hecho de que España hubiese atendido en un hospital al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entraron centenares de menores, de los que unos 700 continúan en la Ciudad Autónoma.
Según ha reconocido Deu, partidaria de la “agilidad” que ofrece el acuerdo bilateral, su equipo no tenía ningún informe escrito derivado del departamento del que ella misma es responsable última, pero sí comunicación verbal sobre los distintos perfiles de los niños con los que ha trabajado durante tres meses un equipo técnico multidisciplinar de la Fundación Samu, entidad especializada en asistencia social contratada por el Ejecutivo local para coordinar el dispositivo de atención a los menores desde mayo. Tales informes fueron remitidos por el Área del Menor, que se oponía al procedimiento negociado entre Madrid y Rabat.
Listados de nombres
Los traslados se han efectuado a partir de unos listados de los que dispone la Fundación Samu y en los que aparecen los nombres de los niños. Coinciden con los que usa la Policía para llevar a cabo las repatriaciones a Marruecos. El criterio establecido para elaborarlos depende de la consideración de los recursos de acogida, de sus condiciones de habitabilidad (este martes se detectaron 77 nuevos contagios de coronavirus) y de la evaluación general de los perfiles de los menores distribuidos en los centros. A partir de ahí, el orden se corresponde a la edad de los niños, de mayor a menor edad, y se iban eligiendo cada día los que se mandan al otro lado de la frontera. Fue el equipo de Mabel Deu el que pidió a la Fundación el listado. En el proceso no participa el área de Menores.
El documento sobre el que se trabaja para devolver a los niños consta de siete columnas que aparecen debajo del nombre del centro, en este caso el polideportivo de Santa Amelia, donde se acogían a los niños más mayores y que presentaba peores condiciones de habitabilidad. Esas eran las razones para pretender vaciar este primer enclave de acogida. De izquierda a derecha, en cada casilla, aparece un número correlativo de menor a mayor, la nacionalidad, el apellido, el nombre, el NIE, la fecha de nacimiento y la edad. Escrita a mano aparecía la fecha del día en el que se van a realizar las expulsiones y el número (también manuscrito) del 1 al 15. Pueden verse algunos subrayados con rotulador fluorescente: la Fundación Samu sabía el día anterior qué menores serían repatriados cuando por la mañana llegase la policía a buscarlos.
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