El Gobierno griego ha culminado el refuerzo de su frontera terrestre con Turquía en previsión de una eventual oleada de refugiados afganos tras la toma del poder de los talibanes. Las autoridades helenas quieren impedir que se produzca una crisis de refugiados como las vividas en 2015, cuando casi un millón de refugiados —en su mayoría sirios— entraron al país, y en 2020, cuando el Ejecutivo turco dio vía libre a los refugiados que se hallaban en su territorio para presionar a la Unión Europea a fin de que renegociara los términos y la financiación del acuerdo antimigratorio de 2016.
“Nuestras fronteras permanecerán seguras e inviolables”, afirmó el ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, durante una visita al área este viernes. “La crisis en Afganistán ha creado nuevas situaciones en la esfera geopolítica y, al mismo tiempo, nuevas oportunidades para las corrientes migratorias. Como país europeo, participamos en las instituciones de la Unión Europea, donde se están tomando una serie de decisiones. Pero, como estado, no podemos esperar pasivamente a su posible impacto”.
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A lo largo de la frontera que marca el río Evros se ha instalado un sistema de vigilancia electrónica integrado que incluye nuevas torretas, cámaras térmicas y un dirigible aerostático. Además, tras 10 meses de trabajos, se ha completado una nueva verja de 5 metros de altura a lo largo de 27 kilómetros en torno a la localidad de Feres, en el sur de la frontera grecoturca. Se trata de una zona en la que el límite no coincide exactamente con el río y se introduce tanto en tierra de Grecia como de Turquía. Del mismo modo, se ha reforzado la valla existente desde 2012 en el norte de la frontera, en torno a la localidad de Orestiada, donde tampoco el borde territorial pasa por el río sino por tierra y que había resultado bastante dañada durante la crisis de refugiados del pasado año.
La valla construida en 2012 fue muy polémica, pues las organizaciones de derechos humanos argüían que su resultado sería desviar la ruta migratoria hacia el sur, a través del mar Egeo, mucho más peligrosa, como finalmente ocurrió. La Unión Europea —en plena época de rescates financieros y medidas de austeridad— aseguró que no pondría un euro para su construcción y criticó duramente al Gobierno griego por erigir la valla. En cambio, tras la crisis de los refugiados de 2015, las autoridades comunitarias han avalado los esfuerzos de Atenas por fortificar su frontera con Turquía, mirando para otro lado ante las repetidas devoluciones en caliente o incluso ante el uso de munición real contra los refugiados.
La cuestión migratoria ha agriado las relaciones entre Turquía y Grecia, si bien en este caso ambos países parecen dispuestos a cooperar. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, mantuvieron el viernes una conversación telefónica de media hora en la que ambos coincidieron que una eventual llegada de refugiados afganos supondría “un serio reto” para ambos países y acordaron exigir a las autoridades europeas que se ayude a los países limítrofes con Afganistán a mantenerlos dentro de sus fronteras.
“Debemos recordar a nuestros amigos europeos este hecho: Europa, que se ha convertido en centro de atracción para millones de personas, no puede mantenerse fuera del problema de los refugiados fortificando sus fronteras”, advirtió el líder turco en una comparecencia unas horas después de la conversación con Mitsotakis: “Turquía no tiene ningún deber, responsabilidad u obligación de convertirse en el almacén de los refugiados de Europa”.
De hecho, Ankara ha reforzado también su frontera con Irán enviando más efectivos militares y levantando un muro de cemento. Esto ha provocado que, según fuentes en la zona, se reduzca algo la llegada de refugiados y migrantes que continuamente utilizaban esta montañosa frontera para acceder a Turquía como primer paso antes de dirigirse hacia territorio de la Unión Europea.
Según datos de ACNUR, en 2021, menos de 5.000 personas han llegado de forma irregular a territorio griego desde Turquía, el 60% a través de la frontera del río Evros y el resto a través del mar Egeo. De ellos, casi la mitad eran afganos. Las fuerzas de seguridad turcas, por su parte, han detenido durante este año a 83.000 personas en situación irregular (tanto en las fronteras como dentro de su territorio), de los que algo más de 35.000 eran afganos. Estos detenidos son enviados a centros de procesamiento para su posterior deportación.
Esta semana, la portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo, avisó a los Estados de que “tienen la responsabilidad legal y moral” de permitir “buscar la seguridad” a los afganos que huyen, y recordó que los tratados internacionales prohíben su devolución a Afganistán en caso de que puedan sufrir consecuencias por ello. Desde inicios de año, más de medio millón de afganos han sido desplazados por el conflicto entre los talibanes y el ya derrocado Gobierno del país, aunque la mayoría ha permanecido dentro de Afganistán, fundamentalmente en Kabul.
Con todo, los países del entorno se están preparando y, por ejemplo, Irán ha habilitado campos de refugiados en las provincias vecinas a Afganistán donde tiene previsto mantenerlos e impedir que se desplacen por el resto del territorio.
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