Dos días después de las elecciones del 6 de junio pasado, la OEA felicitó a los ciudadanos por su participación y al gobierno de México y a las autoridades electorales por llevar a cabo los comicios “de manera exitosa“.
Ante la denuncia que hicieron esta semana en el organismo los dirigentes del PAN, PRI y PRD, quienes acusaron una presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones pasada, ayer el presidente López Obrador recordó que en su momento la OEA había emitido una opinión:
La organización sí expresó“su más profunda preocupación por la extrema violencia que afecta a la política mexicana”.
Estableció que “la principal amenaza al proceso electoral han sido los altos niveles de violencia, incluyendo el asesinato de candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos, funcionarios públicos, equipos de las campañas, así como de familiares de estas personas”.
En la página de la OEA se puede encontrar dicha opinión, con fecha del 8 de junio, la cual se reproduce a continuación:
La Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021 en México felicita a la ciudadanía por su compromiso democrático, al Gobierno de México y a las autoridades electorales por llevar a cabo estos comicios de manera exitosa. Destaca también el nivel de participación que, según datos preliminares, superó el 52%, más de cuatro puntos porcentuales por encima de las anteriores elecciones de medio periodo.
La Misión, encabezada por el argentino Santiago Canton, estuvo compuesta por 36 integrantes de 16 nacionalidades, incluyendo especialistas en distintas áreas temáticas. El informe preliminar, publicado hoy, contiene hallazgos y recomendaciones en materia de organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, y de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, justicia electoral, voto en el exterior, seguridad electoral, así como acceso a medios de comunicación, uso de redes sociales y libertad de expresión.
Las elecciones del pasado domingo ratificaron la importancia que tiene para la democracia mexicana la fortaleza institucional, el profesionalismo y la experiencia de sus autoridades electorales autónomas e independientes. A lo largo de los últimos 30 años, el anterior Instituto Federal Electoral (IFE) y el actual Instituto Nacional Electoral (INE) han organizado 23 elecciones federales y, en conjunto con los organismos públicos locales (OPLs), 271 elecciones locales. Fue precisamente la solidez de las distintas instituciones que componen el sistema electoral lo que facilitó llevar a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, particularmente considerando que se celebraron en un contexto de pandemia.
El proceso electoral también evidenció avances muy significativos en materia de inclusión, que implica la expansión de los derechos de la ciudadanía. La Misión saluda la extensión del principio de paridad de género en todos los órganos y poderes del Estado, así como la adopción de legislación para combatir la violencia política en razón de género. Estas medidas colocan a México entre los marcos normativos más avanzados del mundo en esta materia. Asimismo, la Misión celebra la expansión de la acción afirmativa para la participación política de los pueblos indígenas de 13 a 21 distritos electorales y la adopción de medidas de acción afirmativa para personas afromexicanas, con discapacidad, de diversidad sexual y migrantes. Estas decisiones van en línea con la jurisprudencia y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el sentido de garantizar el derecho efectivo a elegir y/o ser electas a funciones públicas y legislativas. De la misma manera, la Misión saluda el proyecto piloto para el voto de personas en prisión preventiva, de cara a su implementación integral en la elección de 2024. Estas medidas denotan un sistema político-electoral que ha avanzado de forma decisiva en la senda de la inclusión.
Sin perjuicio de lo anterior, la Misión expresa su más profunda preocupación por la extrema violencia que afecta a la política mexicana. La principal amenaza al proceso electoral han sido los altos niveles de violencia, incluyendo el asesinato de candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos, funcionarios públicos, equipos de las campañas, así como de familiares de estas personas. La Misión rechaza de manera enérgica todas las formas de agresión física o psicológica que se dieron en el marco de las elecciones, y que buscaron empañar y/o inhibir el ejercicio ciudadano de participación política en algunas entidades federativas del país. La violencia estuvo focalizada en determinadas zonas, y la Misión expresa profunda consternación ante la brutalidad de los hechos y su impacto sobre la sociedad.
La Misión destaca que, en este contexto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó, a partir del mes de marzo, una iniciativa denominada “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”. Esta iniciativa avanza en la dirección correcta, al buscar articular a los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal en una política de prevención, protección e investigación judicial frente a la violencia política. Sin embargo, diversos actores manifestaron a la misión que, considerando la gravedad de la situación, el programa no fue implementado con la debida antelación.
La Misión reitera que la violencia socava los cimientos de la democracia. Por ello, resulta esencial que, una vez finalizado el actual proceso electoral, el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil inicien inmediatamente un diálogo conducente a ponerle fin a la violencia política.
Más allá de los casos particulares, cuyo estudio y resolución compete a las autoridades respectivas, este proceso electoral puso en evidencia el delicado balance de valores y principios que coexisten en el modelo de comunicación política en todo proceso democrático moderno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental a la libertad de expresión, el derecho de información y el deber de rendición de cuentas que conmina a todas y todos los servidores públicos; principios que reciben amplia tutela en el sistema internacional e interamericano de derechos humanos. Al mismo tiempo, la Constitución establece límites al comportamiento de los servidores públicos en la contienda política debido a su capacidad de incidencia, que se deriva del poder simbólico y material de su investidura y de la plataforma comunicativa a la que tiene acceso un alto cargo público.
En este sentido, la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose en específico al contexto mexicano y a las regulaciones contenidas en el artículo 41 constitucional, ha manifestado que el interés legítimo del Estado en promover elecciones libres, accesibles y equitativas puede justificar la imposición de reglas sobre la difusión de propaganda política durante las épocas electorales, al tiempo que recordó que “el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiere la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público, y que las expresiones sobre funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos deben gozar de un margen de apertura particularmente reforzado. Tanto el diseño de las normas como su aplicación o implementación debe tener en cuenta este delicado equilibrio que debe existir entre los principios de equidad y transparencia electoral por un lado, y el derecho a la libertad de expresión por el otro”.
En este proceso la autoridad electoral recibió 190 quejas por violación a la normativa constitucional relativa a la imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la competencia y límites a la propaganda gubernamental. Más allá de los casos concretos, la Misión enfatiza la obligación para todas las personas de acatar y actuar dentro del marco normativo establecido para los procesos electorales. Esta obligación es tanto más importante cuando se trata de las figuras con mayor poder en la jerarquía del aparato estatal.
A su vez, la MVE/OEA recibió reclamos por parte de parte de distintos actores políticos y sociales, quienes alegaron que funcionarios públicos de alto nivel gozaron de una cobertura mediática que, a su criterio, era desproporcionadamente amplia y que el contenido de la comunicación gubernamental en ocasiones transgredió los artículos 41 y 134 de la Constitución Política. Al respecto, la Misión retoma la Declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, OSCE y OEA, que plantea el riesgo de que un gobierno en ejercicio reciba cobertura desproporcionada por parte de los medios de comunicación.
Parte del debate jurídico suscitado durante este proceso se debe a que el artículo constitucional que regula estos temas requiere mayor precisión sobre los alcances de los límites y restricciones. Esto daría mayor certeza y claridad sobre las conductas de los funcionarios públicos que estarían permitidas o prohibidas.
La Misión agradece la colaboración brindada por las autoridades administrativas y jurisdiccionales que permitieron el ejercicio de su trabajo. Asimismo, agradece a los representantes de partidos políticos, de la sociedad civil, de medios de comunicación, de la academia y de la comunidad internacional con las que tuvo oportunidad de reunirse. Por último, agradece también las contribuciones financieras de los gobiernos de Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Perú y República Dominicana, que posibilitaron el despliegue de esta Misión, y reitera su felicitación a la ciudadanía y las autoridades involucradas en este proceso electoral por el éxito con que se llevaron a cabo las elecciones más grandes y complejas de la historia mexicana.
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