El contralor general de Bolivia, Henry Ara Pérez, acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de incumplir con las medidas internacionales a la hora de auditar y revisar las actas electorales en el marco de los polémicos comicios de 2019.
Para Pérez, la OEA no revisó las 35 mil actas que presentaban posibles irregularidades, tal y como sostiene la organización, sino que llevó a cabo un “muestreo”. “Esto nunca va a llevar a establecer cuáles eran las actas que realmente pudieron ser fraudulentas”, matizó, según informaciones del canal de noticias BTV.
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Así, explicó que el informe presentado por la OEA se basaba en “conjeturas” y no en “pruebas suficientes y competentes”. “Este es un informe que no responde a una auditoría, ¿y por qué lo decimos?, porque claramente el Convenio establecía que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas”, ha indicado.
En este sentido, señaló que el informe presentado “incumple todas las normas nacionales e internacionales requeridas”. “Nosotros podemos establecer que este documento proporcionado por la OEA se basa en conjeturas y no en calidad de prueba competente y suficiente, que es un elemento fundamental para la auditoria”, detalló.
En la imagen, Luis Almagro, secretario general de la OEA. Foto: Reuters
Por su parte, el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, y el fiscal Edwin Quispe arremetieron contra la OEA, a la que culpan de la “desestabilización del país, precisamente por no hacer correctamente la auditoría”.
El Gobierno de Bolivia mantiene que el supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 “nunca se probó” y que, tras los comicios, se produjo un “golpe de Estado” que, con el “acompañamiento” de la OEA y la “complicidad” de “grupos insubordinados que rompieron la cadena de mando, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente constituidas”, en palabras del actual presidente, Luis Arce.
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El expresidente Evo Morales se había proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato, pero su principal rival, Carlos Mesa, que quedó segundo, denunció un “fraude gigantesco”.
Las partes accedieron a que la OEA realizara una auditoría con la que detectó “irregularidades”. Morales renunció el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces ‘número dos’ del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.
Líderes políticas de más de una veintena de países muestran su apoyo a Áñez y exigen su liberación
Cientos de mujeres de más de una veintena de países, en su mayoría líderes políticas y sociales de la derecha, mostraron su apoyo a la expresidenta ‘de facto’ de Bolivia, Jeanine Áñez, cuya situación han denunciado, y han pedido su puesta en libertad de forma inmediata.
Entre las más de 260 mujeres que han suscrito el comunicado en respaldo de Áñez se encuentran figuras de la política española como la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso; las diputadas del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo y Macarena Olona, del ultraderechista partido Vox; la diputada en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio (Vox), y la portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Valentina Martínez, entre otras.
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A ellas se suman la opositora venezolana María Corina Machado (de Vente Venezuela) y la abogada defensora de los Derechos Humanos Tamara Suju. Todas ellas lamentaron las condiciones en las que se encuentra Áñez, encarcelada desde el pasado mes de marzo por sedición y terrorismo, imputados por su participación en el golpe de Estado que significó la salida del poder del expresidente Evo Morales, luego de las elecciones de 2019.
El manifiesto defiende que Áñez, que se proclamó presidenta interina del país después de la renuncia de Evo Morales en el marco de las fuertes protestas que se registraban en el país, “condujo el proceso de sucesión del poder como establece la Constitución de Bolivia”.
“Esa sucesión constitucional y legítima en la Presidencia de Bolivia tuvo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), así como de varios países que, adicionalmente, rechazaron el fraude electoral que trajo como consecuencia la renuncia del señor Evo Morales”, dicen en su pronunciamiento.
Así, recalcaron la inocencia de Áñez y reivindicaron su derecho a “defenderse en libertad y dejar de permanecer detenida preventivamente”. En este sentido, recordaron que ésta sufrido un deterioro de su estado de salud y solicitaron que sea trasladada a un centro para ser atendida.
Además, expresaron su apoyo a aquellos que “luchan por defender la democracia y la libertad, sobre todo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde también regímenes autoritarios y criminales están sometiendo a los ciudadanos a la represión, a la violencia y a la persecución judicial”.
(Con información de Europa Press y Aristegui Noticias)
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