El precio de la luz es ahora mismo uno de los principales caballos de batalla de Unidas Podemos (UP) y, como tal, el problema entrará en la negociación entre los socios de Gobierno para los Presupuestos del próximo año. Fuentes de partido confirman que este asunto, junto con la ley de vivienda o la reforma fiscal, formará parte del debate con el PSOE para sacar adelante las cuentas, aunque, remarcan, “no habrá líneas rojas”. La tensión desatada en los últimos días por la negativa de los socialistas a aceptar la propuesta de la formación para limitar los precios de la energía nuclear e hidroeléctrica fue rebajada este viernes con el registro de una iniciativa en el Congreso firmada por ambos partidos para poner en marcha una comisión de estudio sobre la materia, un paso casi simbólico tras unas semanas plagadas de desencuentros públicos.
Las posiciones en cuanto a la intervención de precios siguen alejadas, pero la creación de un órgano de control no permanente en la Cámara baja para estudiar el precio de la luz y mejoras en el sistema eléctrico, una iniciativa similar —aunque rebajada en rango— a la propuesta hace una semana por Más País, Compromís y Nueva Canaria, escenifica un punto de encuentro dentro del Ejecutivo de coalición.
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Tan solo un día después de que UP presentase de manera unilateral una proposición de ley para la creación de la empresa pública de energía, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, máxima representante de la formación izquierdista en el Ejecutivo, llamó a “cuidar la coalición” y a “mejorar los mecanismos de convivencia”. “Los grupos parlamentarios tienen dinámicas propias”, señaló durante una entrevista en Radio Euskadi a primera hora del día. “Lo importante es que desde el Gobierno gobernemos y solucionemos los problemas de la ciudadanía”, añadió.
La ministra de Trabajo quiso “poner en valor” las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atajar la subida en los últimos meses. Se refirió así a la reducción de la fiscalidad tanto en el IVA como en el impuesto de generación eléctrica, la limitación de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas o la creación de un fondo de sostenibilidad por un importe de 7.000 millones de euros que incidirá en la factura de la luz. Podemos quiere que estas últimas propuestas sean aprobadas mediante real decreto ley, pero el PSOE prefiere que sigan su tramitación en el Congreso para tener más garantías jurídicas.
“Mientras sea vicepresidenta sobran los ruidos”, añadió en declaraciones a los medios desde el País Vasco horas más tarde. “Es legítimo que los ciudadanos constaten las diferencias entre socios, pero para eso no hay que elevar la voz, sino trabajar y elevar propuestas”, zanjó la vicepresidenta, fiel a su máxima, aplicada desde que sucedió a Pablo Iglesias en la coordinación, de manejar discretamente las diferencias dentro del Ejecutivo. “La vocación es que la coalición dure mucho tiempo. Seguramente esto es una mala noticia para la oposición”, añadió Díaz, informa Pedro Gorospe.
Que el Ejecutivo agote la legislatura hasta la convocatoria electoral de 2023 es un objetivo compartido por ambas partes, conscientes de que enfrente está un PP que hoy por hoy solo accedería al poder con el apoyo de Vox. De ahí que Podemos no quiera imponer líneas rojas en la negociación presupuestaria, y, más aún, antes de sentarse a la mesa. El Gobierno, además, tiene la firme intención de priorizar la agenda social en los próximos meses, por lo que condicionarlo todo a una cuestión concreta podría poner en peligro esa inversión en áreas fundamentales para el partido de Ione Belarra.
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