La muerte no ha sido el final de la controversia que ha rodeado durante toda su vida a Abimael Guzmán. Ahora, Perú debate qué hacer con el cadáver del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable de la muerte de 35.000 personas entre 1980 y 2000. La fiscalía decidirá en estos días si entrega su cuerpo a sus familiares o directamente lo reduce a cenizas. El país teme que el sitio donde pueda ser enterrado se convierta en un lugar de peregrinación.
Guzmán, un líder ideológico que elucubró en la sombra cientos de atentados, murió el sábado a los 86 años en una cárcel militar de máxima seguridad de Lima. Llevaba recluido desde 1992. A las dos semanas de capturarlo fue exhibido públicamente en una jaula, vestido con un traje de rayas. De su vida entre rejas se sabía muy poco. Lo último, que su salud había empeorado a inicios de julio. La autoridad penitenciaria comunicó entonces que se negaba a comer y a ser trasladado a un hospital, pero por recomendación de su abogado aceptó. Tras algunos días hospitalizado, volvió al sitio de reclusión militar. Dos meses más tarde, ha muerto por neumonía.
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De oficio, el cadáver de un preso se entrega a sus familiares luego de que un fiscal investigue las causas de muerte. Pero no estamos ante un caso cualquiera. Guzmán representa el mal en Perú. Sus acciones terroristas son de una frialdad que asusta. En una ocasión mandó matar a decenas de personas a hachazos. La única familiar del muerto es Elena Iparraguirre, esposa y número dos de Sendero Luminoso. Fueron detenidos el mismo día. Ella continúa presa. Este domingo, una amiga de la viuda se presentó con una carta poder en la Tercera Fiscalía del Callao para pedir que le entreguen los restos, aunque técnicamente debió haber presentado un poder notarial.
El Gobierno prefiere que el cuerpo sea cremado para zanjar el asunto de una vez por todas. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, aclaró que ellos no tienen atribuciones sobre el caso, pero prefieren que sea así. “El Ministerio Público debe analizar el ordenamiento jurídico haciendo prevalecer el orden público, de ese modo, evitar que sea enterrado como cualquier otro preso, que daría lugar a que le rindan culto u homenaje, lo cual constituiría además delito de apología al terrorismo. Para eso debería disponer la incineración del cadáver, a fin de que terminemos definitivamente con esto”, comentó en radio Exitosa.
Por otro lado, congresistas de oposición y líderes de opinión exigen que el Ejecutivo apruebe un decreto supremo para hacer desaparecer los restos de Guzmán. La parlamentaria fujimorista Rosangela Barbarán rechazó la idea de que los lancen al mar. Un exministro de Interior del gobierno de Ollanta Humala coincidió con ella: “No deben contaminar el mar de Grau con sus cenizas”, dijo este lunes en la emisora Radioprogramas José Luis Pérez Guadalupe, quien también es especialista en asuntos penitenciarios.
En paralelo, la mañana del lunes, seis congresistas de formaciones de derecha acudieron a la sede de la Fiscalía del Callao, donde está el cadáver de Guzmán desde el sábado. Algunos de ellos hicieron tendencia el sábado la frase “Queremos ver el cuerpo”, mientras en Facebook y cadenas de mensajería algunos ciudadanos difundían la versión de que un helicóptero se había llevado a Guzmán, vivo. La Fiscalía les comunicó las diligencias que realizó desde el levantamiento del cadáver. Uno de los voceros de la campaña de Keiko Fujimori sobre un supuesto fraude electoral también puso en cuestión la versión de la muerte de Guzmán, al igual que políticos del partido Aprista. “Los peruanos empiezan a exigir que muestren el cuerpo de Abimael Guzmán. Sospechan que no sea cierto que haya fallecido y que este gobierno lo ha liberado”, tuiteó Daniel Córdova, excandidato al Congreso.
Hace algunos años, como parte de un curso universitario sobre el cuerpo y la persona, la antropóloga María Eugenia Ulfe abordó con sus alumnos el debate de qué pasaría cuando Abimael Guzmán falleciera. “Una cosa que nos quedó claro es que desde el Estado no se previera la situación, porque nunca hemos tenido un debate público sobre estos asuntos. No hay una ley ni un programa que sepa qué hacer con quienes cumplen su condena”, explica la autora del libro Reparando mundos. Víctimas y Estado en los Andes peruanos, en el que estudia las atrocidades que sufrieron familias peruanas a causa de Sendero Luminoso.
“Vemos que la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario están actuando apegados a la ley, pero por otro lado los políticos en Lima y en las redes vociferan sin detenerse un minuto a pensar ni respetar el dolor ajeno. Por ejemplo, quienes fueron víctimas de Sendero Luminoso en Huanca Sancos, luego de la muerte de Guzmán siguen con su vida: el silencio dice más sobre lo incomensurable del dolor que el vociferar”, comenta Ulfe. “Quienes gritan sobre el cuerpo de Guzmán hacen como él, ‘incendiar la pradera’. El silencio y la cautela serían necesarios en este momento porque el clima político está muy polarizado: no hay espacios de diálogo”, sostiene la investigadora.
Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del destacamento del Ejército Colina -creado durante el gobierno de Alberto Fujimori para desaparecer a opositores- comentó que la muerte de Guzmán evidencia la falta de una legislación postconflicto. “Como Estado no hemos identificado esos vacíos legales en 20 años. ¿Cómo se procede, quién decide? Hay el mismo vacío para la restitución de cuerpos enterrados no identificados”, señaló.
La propia fiscal general, Zoraida Ávalos, ha reconocido este lunes tal vacío legal: indicó que no hay un marco normativo para que el Ministerio Público ordene la incineración del cadáver de Guzmán, sin embargo dijo que el fiscal decidirá considerando el impacto social de la cuestión.
Como parte de la controversia, los opositores al Gobierno demandan que el Ejecutivo manifieste de manera más contundente un mensaje tras el deceso del cabecilla terrorista. A menudo, durante la campaña, sus enemigos quisieron identificar a Castillo con el terrorismo, solo por el hecho de ser de izquierdas. El domingo, en una actividad en Cajamarca, el presidente Pedro Castillo aseguró que su gobierno seguirá “luchando contra el terrorismo”.
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