La visita de Pablo Casado a Berlín del jueves pasado tenía el objetivo de sumarse a la despedida del primer plano de la política de Angela Merkel y debatir con sus colegas del Partido Popular Europeo los problemas que afronta la democracia cristiana y el conservadurismo político. Hoy vive asediado en múltiples lugares de Europa por partidos que a su derecha cuestionan y a menudo vulneran los valores básicos de la tradición liberal europea. También en España el PP padece esa presión, sin que logre en muchas ocasiones establecer barreras que distingan su posición política del discurso de la ultraderecha de Vox. La tentación de cuestionar sin matices la acción de gobierno de la coalición es crónica y hasta previsible en la formación de Abascal pero no debería serlo en un partido cuya experiencia de poder lo separa del estilo hooligan de Vox.
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A casi dos años vista de la fecha prevista para las elecciones generales, Casado dio un mitin ante sus homólogos europeos. Comparar el funcionamiento del Estado y de la justicia en España con Polonia y Hungría es algo más que un calentón verbal o una exageración retórica porque ignora a conciencia —o intencionadamente— la inadecuación de ese paralelismo entre España y las prácticas de Polonia o Hungría, reprobadas por la UE en forma de bloqueo de los millonarios fondos comunitarios. Casado tuvo que matizar horas después esa analogía, tan próxima de forma paradójica a algunas de las líneas argumentales del independentismo más caliente en Cataluña. Además de falta de rigor, su acusación partidista atenta contra los intereses de España. Casado llegó a decir que se está gastando mal el dinero de los fondos europeos en nuestro país. Una buena parte de esos fondos serán gestionados por las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP.
También en Berlín volvió a defender Casado su propuesta de que sean los jueces quienes elijan directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, aunque en Europa son escasísimos los países que lo hagan como Casado quiere que se elija al órgano de gobierno del poder judicial en España. La agilidad o la habilidad para negociar la renovación del poder judicial por parte del Gobierno podrá ser discutible, y de hecho ha sido discutida repetidamente, pero reproducir a escala europea el discurso local sobre el afán de control de la justicia de Pedro Sánchez emite un mensaje distorsionado inaudito en un partido que se presenta ante sus socios como una alternativa de gobierno. O se aportan pruebas de esa gravísima acusación —leyes, decretos, injerencias— o su autor queda retratado como abanderado de quienes están dispuestos a erosionar el Estado en la lucha partidista.
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