Francia tendrá más policía en la calle, mejor formada, con más recursos y presupuesto -dispondrá incluso de un uniforme nuevo- y sujeta a menos burocracia. Pero serán unas fuerzas del orden sometidas también a una mayor vigilancia, en vista de que algunos casos de abusos y derivas racistas han dejado en parte de la ciudadanía una “confianza debilitada” en quienes deben protegerla. Tras meses de debates con representantes policiales y expertos, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha esbozado este martes sus planes para reforzar y modernizar la policía, en un ambiente preelectoral en el que todo gesto o discurso se interpreta como un acto de campaña.
Hablar de seguridad y de reformas en la policía no es nunca una cuestión sencilla, pero menos aún en una Francia que calienta motores electorales. Macron sabe que la cuestión de la seguridad y las promesas de apoyo a los agentes del orden son de los temas favoritos de la derecha en todos sus espectros, especialmente de quien las encuestas perfilan como su principal rival ante las presidenciales de abril, la líder ultraderechista Marine Le Pen. El macronismo, incluso aunque el presidente no haya oficializado aún su candidatura a la reelección en el Elíseo, observa además a la derecha otro enemigo a batir: Xavier Bertrand, uno de los principales rivales conservadores, que no dudó el martes en criticar las palabras de Macron como un “discurso de candidato” de alguien que “ha pasado de la seguridad durante todo su mandato”.
“La seguridad no es solo cuestión de nuestras fuerzas de seguridad. Es un deber, la causa misma de nuestra nación, un bien común, la primera de nuestras libertades”, ha defendido Macron en un discurso en la escuela nacional de policía de Roubaix, al norte del país.
Pero no solo obsesiona la seguridad. Francia fue el año pasado uno de los países que vivió protestas más fuertes contra el racismo y la violencia policial a raíz de la muerte en Estados Unidos del afroamericano George Floyd a manos del agente blanco que lo había detenido, un caso que tiene varios paralelismos galos. Macron sabe también que el país lleva en alerta máxima desde la serie de atentados yihadistas de 2015 —que están de nuevo en los tribunales—. Y su mandato ha estado marcado por múltiples y largas protestas sociales, especialmente de los chalecos amarillos, que han acabado con la paciencia de unas fuerzas del orden que dicen sentirse desbordadas, agotadas y abandonadas por los poderes públicos y la sociedad a la que deben proteger.
Reaccionar ante este panorama complejo ya le costó el puesto a uno de los tres ministros de Interior de la era Macron, Christophe Castaner. En plena oleada de protestas tras la muerte de George Floyd, el primer poli de Francia anunció en junio de 2020 “tolerancia cero con el racismo en las fuerzas del orden”, algo que indignó profundamente a policías y gendarmes, que salieron a la calle a denunciar una “estigmatización” injusta y lo que veían como una falta de apoyo del Gobierno. Un mes más tarde, Castaner era sustituido por Gérald Darmanin, uno de los ministros más a la derecha de Macron. La indignación policial sin embargo volvió a bullir en diciembre de ese año, cuando el propio presidente usó, en una entrevista con el medio digital Brut, el término “violencia policial” al evocar un caso que volvió a soliviantar a la población contra las fuerzas del orden en pleno debate parlamentario sobre una controvertida nueva ley de seguridad: la paliza que recibió en París por parte de varios agentes un productor de música negro en su estudio, que fue grabada por una cámara de seguridad.
Las medidas anunciadas este martes son el colofón de la ronda de consultas que, tras todos los incidentes y tensiones del año pasado, inició el Gobierno en febrero para “acelerar la transición” de las fuerzas policiales, como dijo Macron, que ahora ha hablado de “pensar en la policía y la gendarmería de 2030”.
El mandatario, que ha recordado que ya cumplió su promesa de aumentar en 10.000 agentes las fuerzas del orden, ha anunciado este martes que habrá “más azul sobre el terreno”, prometiendo “duplicar en diez años” los efectivos desplegados en las calles de Francia, incluso si ello conlleva emplear a más personal.
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Respondiendo además a una de las demandas de las propias fuerzas del orden, Macron ha anunciado que la formación de los agentes aumentará de ocho a 12 meses y que también se incrementará en 50% la duración de la formación continuada de policías y gendarmes. También ha hablado de “inversiones históricas” en equipos, vehículos y edificios, para lo que ha revelado un aumento en 1.500 millones de euros del presupuesto del Ministerio del Interior en 2022, de los que 500 estarán destinados a estas reformas.
En una medida que busca proteger tanto la acción de los agentes como responder ante quienes denuncian abusos policiales, Macron ha fijado como objetivo que, hasta 2023, todo policía contará con una cámara personal, “una verdadera revolución”. En vista de la “confianza debilitada” de la sociedad en los agentes, el mandatario ha anunciado asimismo la creación de una “instancia de control parlamentario de las fuerzas del orden”, así como que los informes de los servicios internos policiales, la policía de la policía, sobre presuntos abusos serán “hechos públicos”. “Debemos buscar ser irreprochables” ha dicho. “Cuando haya faltas, deberán ser sancionadas. Porque cuando se quiere a las fuerzas del orden, no se les permite todo”.
El jefe del Elíseo también ha prometido que se formará mejor a los funcionarios de seguridad para que sean más receptivos a la hora de recibir denuncias, sobre todo en caso de violencia machista. Y se ha pronunciado a favor de realizar una “simplificación drástica” de la burocracia que a menudo, ha dicho, dificulta el trabajo policial. Entre otros, ha anunciado que para 2023 ya se podrán presentar denuncias por internet. También ha subrayado la necesidad de preparar mejor a los agentes para afrontar los retos tecnológicos que supone una criminalidad que cada vez más se despliega en el campo digital. Para ello, ha anunciado una nueva ley de programación y orientación para la seguridad interior que será presentada a comienzos del año próximo.
Un respiro en los problemas judiciales del Elíseo
Si las cosas acaban como se perfilan, el Elíseo podrá soltar un gran suspiro de alivio. La prensa francesa asegura que la jueza de instrucción que ha investigado al ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, por violación ha terminado sus pesquisas sin inculparlo, lo que orientaría la investigación hacia un sobreseimiento definitivo.
Darmanin afronta desde 2017 la demanda de una mujer que asegura que se sintió obligada a mantener relaciones sexuales con él en 2009 a cambio de que el entonces joven asesor judicial del partido conservador UMP (hoy Los Republicanos) le ayudara a limpiar su expediente judicial. Aunque el ministro ha negado que la forzara a tener sexo, la justicia ha reabierto en dos ocasiones las pesquisas. La última vez fue el verano pasado, poco antes de que Emmanuel Macron, que llegó al poder prometiendo la “probidad” de su equipo, lo nombrara responsable de Interior, entre la indignación de las feministas.
Pero los quebraderos de cabeza judiciales del macronismo no acaban ahí. No solo falta aún la decisión final del caso Darmanin. El viernes, Agnès Buzyn, exministra de Sanidad de Macron, fue imputada por la gestión de la pandemia, en un caso en el que están siendo investigados también otros ministros de Macron aún en activo y hasta su ex primer ministro Édouard Philippe.
Junto a ello, Eric Dupond-Moretti se convirtió en julio en el primer ministro de Justicia en ejercicio de la historia de Francia en ser imputado, por presunto conflicto de intereses. Mientras, el ministro delegado de Pequeñas y Medianas Empresas, Alain Griset, deberá comparecer a finales de mes ante un tribunal por omisión “sustancial” de su declaración de patrimonio.
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