Un juez federal ha fallado este jueves que la Administración de Joe Biden no puede continuar utilizando una orden de salud pública para expulsar a los migrantes detenidos en la frontera con México. La norma conocida como Título 42 es una excepción en la ley de salud de Estados Unidos que permite la deportación “en caliente” de los sin papeles y solicitantes de asilo. El expresidente Donald Trump la invocó en marzo de 2020 producto de la pandemia. Los críticos del republicano lo acusaron de poner la política en marcha para cerrar efectivamente el paso fronterizo, uno de sus principales objetivos de gobierno. La Administración demócrata, que ve con preocupación los brotes en el país por la variante delta, renovó en agosto la directiva de emergencia.
El juez supervisor del caso, Emmet Sullivan, le otorgó al Gobierno de Biden dos semanas para poner fin a la práctica, argumentando que ya no es necesaria como medida para atajar la propagación del coronavirus en EE UU. En la sentencia, Sullivan explica que en este caso el uso del Título 42 es “probablemente ilegal” e innecesario, considerando “la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de minimización” para atajar el virus. Los defensores de los derechos civiles han defendido activamente que no existe un fundamento legítimo de salud pública, ni autoridad legal, para privar a la gente de su derecho a solicitar asilo.
Más de 1,1 millones de migrantes han sido expulsados bajo el Título 42 desde que la política entró en vigencia: Sobre 444.000 durante los cerca de nueve meses que estuvo activa durante la Administración Trump y más de 690.000 desde que Biden asumió la presidencia en enero, según datos recopilados por la NBC. El Gobierno tiene 14 días para apelar, una opción que apoyan los líderes republicanos. Antes del fallo, la oficina de la ONU en México para los refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya habían mostrado su rechazo a la política.
Cuando Trump invocó la ley que por fin le daba a su Gobierno la potestad para expulsar hacia México a los migrantes sin que las patrullas fronterizas los tuvieran que someter a algún trámite, argumentó que quería evitar brotes de contagio en los centros de detención. La Administración actual decidió renovarla en agosto después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglos en inglés), recomendaran que continuara en vigor hasta que el riesgo de que los ciudadanos no estadounidenses introduzcan la covid al cruzar las fronteras con México y Canadá haya “dejado de ser un grave peligro para la salud pública”.
En su llegada a la Casa Blanca, Biden suspendió la práctica de expulsar a niños que cruzaban la frontera sin un acompañante, pero permitió que continuara la expulsión en caliente de la mayoría de los migrantes. En agosto, EE UU detuvo a casi 209.000, una caída de 2% con respecto a julio, pero todavía en niveles que no se veían desde el 2000, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La puesta en marcha del Título 42 ha provocado que varios de los migrantes deportados, vuelvan a intentarlo. La CBP indicó que 25% de los que encontró en agosto habían sido detenidos al menos en una ocasión el año previo. En años anteriores esa cifra rondaba el 14%.
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