El gerente de la comunidad de regantes del Viar (Sevilla) dice al presidente: “He cogido el jamón más caro, 500 euros menos el 10%”; según refleja la conversación telefónica pinchada por la Guardia Civil. A lo que el presidente contesta: “Hay que hacerlo así, Juan”. La comunicación refleja el supuesto soborno con cuatro jamones ibéricos por valor de 1.724 euros a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a cambio de que rebasaran las concesiones estipuladas para agua de riego. “Este tío, si mañana lo necesitamos, le decimos: ‘Mira, habla con la inspección y que nos eche un cable”, decía en otro momento de la conversación el mencionado “Juan”. Tras la recepción hace un año de un anónimo con conversaciones grabadas en la Fiscalía sevillana, el Instituto armado tiró del hilo hasta destapar una red de funcionarios corruptos que presuntamente concedieron mucha más agua de la autorizada a la cúpula de dicha comunidad de regantes, a cambio de prebendas.
El grupo de delitos económicos de la Guardia Civil ató las pruebas y la Fiscalía de Sevilla denunció el pasado 23 de junio a estos tres altos cargos y cinco agricultores por cohecho, falsedad, tráfico de influencias, amenazas y un delito contra la seguridad colectiva por llenar balsas de riego por encima del límite permitido y sin plan de emergencia, lo que pudo derivar en “resultados catastróficos” para las personas y el medio ambiente.
Entre los dirigentes del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destacan el expresidente Manuel Romero —hoy jefe del área de Patrimonio—, el director adjunto Joaquín del Campo y José Manuel Marcos Méndez, jefe de Área de la Zona IV de la CHG. Tanto Del Campo como Marcos niegan que recibieran en su casa los jamones, enviados por mensajero. La Guardia Civil los detuvo el pasado 28 de mayo, pero permanecen en sus puestos, según confirma una portavoz de la Confederación.
El control del agua: la guerra económica que se avecina
El Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla dirige las pesquisas, declaradas secretas hasta principios de este verano y que acumulan ya ocho imputados. Los altos cargos de la comunidad de regantes del Viar investigados son el presidente Antonio Muñoz, el secretario Mario Baselga y el gerente Juan Jesús Zamudio. Baselga declaró ante los agentes tras su detención: “Históricamente se compran jamones a miembros de la CHG, desde la comunidad de regantes”.
Riego sin autorización
Entre las irregularidades detectadas, el expresidente de la CHG Manuel Romero “autorizó el riego extraordinario de 445 hectáreas sin previa aprobación del sindicato de riegos, a sabiendas de que cualquier alteración de los riegos autorizados debería ser aprobado por el órgano de cuenca”, denuncia el fiscal jefe sevillano, Luis Fernández Arévalo. Los agentes cifraron un supuesto lucro por parte de la comunidad de regantes de 217.000 euros.
En su atestado, los investigadores censuran que la Confederación solo contabilizó en ocasiones una quinta parte del consumo real de agua de regadío por parte de la comunidad de agricultores investigada: si el consumo real de agua en la campaña de 2018 se elevó a 1.602.185 metros cúbicos, los que recogió el jefe de área de la zona IV de la CHG fueron solo 361.149 metros cúbicos, cinco veces menos. “Los metros cúbicos de agua consumidos no son reales. No constan actas de inspección realizadas en el año 2018, por lo que no se han comprobado las lecturas de los contadores”. Los agentes destacan cómo la lectura inicial y final de una finca coinciden, por lo que no se habría producido riego ese año, “lo cual se antoja un tanto inverosímil”.
La Confederación arrendó unos terrenos a la comunidad de regantes para una experiencia de nuevos sistemas de riego. Pero los agricultores no lo sometieron a licitación pública, tal y como está estipulado, y cedieron los terrenos a la cooperativa de productores del campo de Alcalá del Río para sembrar naranjos y obtener beneficios económicos. Para ello, ambas organizaciones falsearon informes, según la Guardia Civil. En uno de los pinchazos, Zamudio explica el plan previsto por la comunidad de regantes:
Gerente: —Presentaremos todos los años a Confederación un informe de la mejora, la adaptación, los climas, los suelos, del riego… Tantas horas: cuatro horas. Un riego cuatro horas, mentira. Nosotros, ocho horas y da más kilos. Es muy fácil hacerla, nada más que hay que ponerla en los papeles. Un paripé. Todo eso muy bien socorrido, con eso le damos un pantallazo a quien fuere.
Tras sentirse señalados, las conversaciones intervenidas a los tres dirigentes de la comunidad de regantes denotan sus planes para atacar a Juan Antonio León, presidente del jurado de riegos de la comunidad de regantes, que había denunciado las irregularidades de manera interna. La Guardia Civil define la charla como “preparación de atentados a la imagen y amenazas”:
Gerente: —Esa es la guerra sucia.
Presidente: —Si hay algo que hacer es matarlo.
Gerente: —Un palo en la cabeza.
Presidente: —Matarlo.
Gerente: —Yo siempre tengo la opinión de que a todo cerdo le llega su San Martín.
Antes de que la investigación se pusiera en marcha, León denunció los hechos ante la CHG, pero tramitó la denuncia el jefe de área que supuestamente había recibido un jamón, Marcos Méndez, y este decidió archivarla, según destaca la Guardia Civil en su atestado.
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