La necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica es el punto que ha unido este martes a los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, pero tras su entrevista de más de dos horas y media en Sevilla ambos dirigentes pretenden establecer una alianza permanente con el objetivo de “lograr mayor cohesión en España”. El andaluz Juan Manuel Moreno, del PP, y el valenciano Ximo Puig, del PSV-PSOE, quieren que estas citas dejen de ser noticia y se conviertan en algo habitual.
Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido de que “no lleva a nada bueno la creación de bloques o de brechas” entre comunidades. Con ese mantra ha instado a todas las comunidades y partidos a abordar con “empatía, respeto y escucha” las reivindicaciones de cada autonomía y del Gobierno. Ahora mismo se están formando dos bloques transversales, formados indistintamente por territorios del PSOE o del PP. A un lado están algunas de las comunidades más pobladas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, que se encuentran entre las peor financiadas; del otro están las comunidades que más sufren la despoblación, como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, que piden que se tenga en cuenta el coste de los servicios, que se dispara en las zonas rurales. “Las manifestaciones que parten de planteamientos de enfrentamiento entre partidos y territorios no sirven”, ha apostillado Calviño.
Frente a las prisas de los barones de distinto signo, el Gobierno emplaza a las comunidades a que aguarden hasta noviembre. El Ministerio de Hacienda presentará ese mes los criterios de población ajustada que deberían servir, según el Ejecutivo, como un punto de partida para aprobar el futuro sistema de financiación. La sensación generalizada en los ejecutivos autonómicos consultados es que la renovación del sistema de financiación vigente, que caducó en 2014, llevará su tiempo. Hay barones que incluso no lo ven posible en lo que resta de legislatura. “En todas las comunidades hay una sensación de infrafinanciación, eso quiere decir que el punto de partida no sea muy favorable a que se logre un acuerdo, que ha de tener un carácter transversal”, ha subrayado Calviño al término del Consejo de Ministros. “Eventualmente, se trata de un tema que deberá llevar a una ley orgánica y exigiría de un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos”, ha remarcado.
El 30% de la población española
Aun así, las comunidades mantienen la presión al máximo. El Gobierno andaluz ha querido dar el mayor realce posible a la entrevista entre Moreno y Puig en el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Eligió el Salón de los Espejos para la comparecencia conjunta decorada con seis banderas (andaluza, valenciana y española por duplicado). Andalucía y la Comunidad Valenciana suponen el 30% de la población española y ese dato fue el que han esgrimido los dos presidentes autonómicos para justificar la necesidad de tejer “una alianza en positivo para el conjunto de España”, ha dicho Moreno. “Queremos sumar, no dividir y hacer más fuerte el país a través de la España real”, ha dicho Puig.
Más allá del diagnóstico común de cómo les perjudica el actual modelo de financiación, Moreno y Puig defendieron la necesidad de “llegar a acuerdos” en todos los niveles. “Aquí no se va contra nadie, sino a favor del diálogo”, ha dicho Moreno, mientras que Puig ha destacado la “necesidad de llegar a acuerdos de Estado”. Ambos presidentes firmaron una declaración institucional de 11 puntos, trabajada previamente por las respectivas consejerías de Hacienda, en la que estiman en 16.400 millones de euros [para todas las comunidades] la insuficiencia del sistema en vigor que califican de “discriminatorio, complejo y poco transparente”.
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Moreno y Puig han reclamado un modelo transitorio que frene la infrafinanciación que genera el modelo actual, conscientes de que la renovación de un nuevo sistema no será fácil ni rápida. “Tenemos una hemorragia y hay que taponarla”, ha asegurado Moreno.
La declaración institucional pactada por los dos gobiernos apuesta por que el criterio principal de reparto en el futuro sistema deben ser las personas beneficiarias, es decir, la población. Pero ambos se muestran dispuestos a que la distribución se haga de acuerdo a lo que se conoce como población ajustada (ponderada de acuerdo a criterios demográficos y geográficos).
Ambas comunidades quieren participar más en sus ingresos, pero carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y en la gestión de los grandes impuestos donde participan, por eso piden un margen mayor. Calculan que esta falta de capacidad normativa ha supuesto una merma de los recursos para todas las autonomías de más de 72.400 millones de euros entre 2010 y 2018, en concreto 11.400 millones en el último año.
Además, la Generalitat valenciana y la Junta de Andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las autonomías para aumentar su corresponsabilidad fiscal, especialmente en materia de imposición medioambiental. Ninguno de los dos está, sin embargo, a favor de subir impuestos en este momento porque lo urgente es la recuperación pero sí reivindican ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos.
Las dos comunidades ven en los fondos europeos del programa NGEU el instrumento básico que permita recuperar los niveles de prosperidad previos a la pandemia y por ello piden para la España de las autonomías un mayor protagonismo en la gobernanza del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Puig se reunirá esta tarde con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien valoró la entrevista entre los dos presidentes. El socialista defiende “un acuerdo político” entre las direcciones nacionales de PSOE y PP, como partidos mayoritarios, para reformar el sistema de financiación. Pero en su opinión, el problema mayor para un acuerdo vendrá de la Comunidad de Madrid, por lo que emplazó a Moreno a “sentarse” con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Moreno ha anunciado que la semana próxima se reunirá con el presidente de Murcia, Fernando López Mira, otras de las autonomías infrafinanciadas.
Las comunidades despobladas se movilizan
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha movido ficha, consciente de la importancia de la alianza entre las dos comunidades más pobladas que presiden PP y PSOE. “No se trata de que Castilla-La Mancha tenga mejor financiación, se trata simple y llanamente de que el conjunto de la riqueza que genera España se destine a los servicios básicos. Voy a trabajar muy duro y lo vamos a hacer muchos presidentes que nos vamos a juntar no tardando, por definir un escenario donde el modelo de financiación de los grandes servicios públicos no obligue a los españoles a irse a vivir a las grandes ciudades. Hay que financiar los servicios donde la gente vive”, ha subrayado el barón socialista.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, también ha salido en defensa de los intereses de las comunidades del interior peninsular, precisamente las más castigadas por la pérdida de habitantes y que además presentan elevadísimos porcentajes de población envejecida y dispersas en un territorio muy amplio (6 de los 47 millones de españoles viven en el 70% del país, lo que se conoce como la España vaciada). “El modelo de financiación que defiendo yo tiene más que ver con el que proponen Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura o Asturias. Ya constituimos un foro de trabajo en 2018 y estamos en conversaciones para mantener una reunión presencial en el mes de octubre”, ha señalado. El líder territorial socialista ha insistido en que “no se trata de dar réplica a la reunión de Puig y Moreno, sino de defender un modelo de financiación y un modelo de hacer España que no es exactamente el que otros defienden”.
En esta línea, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera “urgente y necesaria” la aprobación de un nuevo modelo. Los requisitos que a su juicio debería tener son los de “una financiación ajustada a las necesidades; evidentemente no puede ser concebida en términos exclusivamente de población, porque eso seria una tremenda injusticia sabiendo lo que cuesta llegar a todas partes en las mismas condiciones”. “Yo entiendo que las comunidades más pobladas defiendan sus intereses, pero esto no va de intereses, esto va de igualdad de oportunidades en el conjunto de España. Entre otras razones, hasta que los niveles de renta se igualen y por tanto los niveles de recaudación”, observó este lunes.
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