Sin mujeres no hay democracia, y en México faltan avances: Flavia Freidenberg

Elda Tomasini

Aun cuando la presencia de las mujeres en las instituciones no garantiza por sí sola la defensa de una agenda feminista ni asegura un estilo de hacer política diferente al que ejercen los hombres, su ausencia denuncia un problema de desigualdad estructural, indica Flavia Freindenberg, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora de la Red de Politólogas–#NoSinMujeres. Por eso celebra que la paridad en México vaya ganando terreno, aunque no sea a la velocidad deseada.

México acaba de estrenar, por primera vez en su historia, una Cámara de Diputados totalmente paritaria (250 mujeres legisladoras y 250 hombres), el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha mantenido con una presencia de mujeres nunca antes vista, y avances como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a no penalizar a las mujeres por abortar, han marcado importantes precedentes, pero “aún falta mucho para que esa presencia de mujeres también suponga control igualitario de las decisiones”, dice Flavia Freidenberg.

Sí, el poder formal e institucional en México se ha hecho cada vez más paritario, pero una cosa que hemos aprendido es que tener un cargo o detentar un escaño no significa necesariamente tener el poder para hacer las transformaciones que las democracias necesitan, indica la académica en entrevista, quien asegura que definitivamente, sin mujeres no hay democracia.

La investigadora feminista dedicada al estudio de representación política en América Latina desde 1998 y coordinadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina tomó como agenda principal dese el 2013 la representación de mujeres. Ella afirma que la relación histórica entre las mujeres y la política ha sido de exclusión; sin embargo, destaca todos los recientes avances, los cuales son alentadores para promover la igualdad de género, la representación política de las mujeres y leyes que impactan en una mejora en la vida de mujeres y niñas.

Flavia, también trabaja –junto con un grupo de colegas– en un proyecto de investigación llamado #RepresentaciónParitaria [@PolisParitaria] en el que evalúan los avances en la representación política de las mujeres en cada una de las 32 entidades del país; y nos adelanta que según sus estudios desde fines de la década de 1980 la representación descriptiva de las mujeres en los congresos mexicanos aumentó unos 38.5 puntos porcentuales, reduciendo con ello la brecha de género existente en la política legislativa subnacional.

¿Cómo ha sido la relación histórica de las mujeres y la política en México?
La relación histórica entre las mujeres y la política ha sido de exclusión. Ellas han tenido más dificultades que ellos para competir y acceder a los cargos de representación popular; para tomar decisiones y tener voz pública.

Aun cuando ha habido avances significativos en las últimas décadas, México es de los 85 países —dentro de los 153 integrantes del Ranking Global de la Brecha de Género— donde nunca una mujer ha ocupado la Presidencia. Ha tenido sólo nueve gobernadoras en toda su historia, sólo el 20% de las presidencias municipales y 26% de síndicas han sido ocupadas por mujeres. La experiencia muestra que el camino para generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres ha estado lleno de espinas.

¿Cómo se reparte el poder en México hoy?, ¿ha habido avances sustantivos en los últimos años?
México es un ejemplo de progresividad normativa, basado en la incidencia de los compromisos jurídicos internacionales sobre las reglas nacionales y estatales, la adopción de los derechos de las mujeres como derechos humanos; el intenso activismo judicial y administrativo de los organismos electorales nacionales y estatales así como también la presión generada por el litigio estratégico y la relevancia de las redes informales de mujeres feministas y del movimiento amplio de mujeres sobre el monitoreo de las reglas y las prácticas vinculadas a la participación de las mujeres. Todos estos esfuerzos han llevado a avances significativos en la presencia de las mujeres en las instituciones y también un cambio en la distribución del poder. Al menos, del poder formal.

 

Por primera vez en la historia del Congreso mexicano vemos una Cámara de Diputados totalmente paritaria, ¿qué significa en términos reales?
El poder formal e institucional en México se ha hecho cada vez más paritario, pero una cosa que hemos aprendido es que detentar un escaño o tener un cargo no significa necesariamente tener el poder para hacer las transformaciones que las democracias necesitan.

Aun cuando hoy el Congreso es paritario, el poder aún pareciera estar en manos de los hombres, quienes controlan los cargos de dirección y también la representación de los grupos parlamentarios. Aún falta mucho para que esa presencia de mujeres también suponga control igualitario de las decisiones.

Según el Índice Global de la Brecha de Género, en México existe una brecha de 75.4 puntos porcentuales (…), y si bien ha habido avances formales en términos de representación descriptiva aún quedan pendientes en términos de ejercicio del poder —representación simbólica—, y en cuanto a las agendas de género que las mujeres impulsan y se aprueban —representación sustantiva.

Usted junto a un grupo de colegas trabaja en una investigación sobre representación política, ¿cuáles han sido sus hallazgos?
Efectivamente, estamos trabajando en el proyecto de #RepresentaciónParitaria para evaluar los avances en la representación política de las mujeres de manera multidimensional en las 32 entidades federativas mexicanas. Evaluamos la representación descriptiva, sustantiva y simbólica en los dos últimos periodos legislativos y ya estamos en la parte de resultados.

Hemos encontrado cosas muy interesantes. Cuando la federación mexicana aprobó la paridad de género a nivel constitucional en 2014 y obligó a la armonización normativa a las entidades federativas, diversos estados ya contaban con estas reglas en sus regímenes electorales de género, tales como Guerrero, Tlaxcala,Campeche, Chihuahua, Chiapas y Sonora entre otros. Y los demás estados se vieron obligados a realizar reformas para incorporar el principio de la paridad en la postulación de las candidaturas.

En ese escenario, para el proceso electoral 2014-2015, 17 estados debieron apresurarse para armonizar su legislación, pero las entidades federativas mantuvieron un amplio margen de adecuación normativa. Lo que resultó en una heterogeneidad en la implementación de la paridad en las elecciones de hace seis años. De ahí que unos estados hayan crecido más y otros menos en cuanto a la representación descriptiva.

Entonces a partir de esa elección (2014-2015) tres Congresos estatales tuvieron una integración (de mujeres) por encima del 50% como Chiapas (60%), Campeche (57.1%) y Querétaro (52%), mientras que la mayoría de las entidades que tuvieron elecciones apenas sobrepasaron el 30% de mujeres electas.

 

Ese incremento de mujeres legisladoras también se dio en el siguiente proceso 2017-2018 en el que se celebraron elecciones en 27 estados. En 12 de ellos, las mujeres ocuparon 50% o más de las curules. El estado de Morelos fue el que tuvo el porcentaje más alto de mujeres, con 70%; seguido de Chiapas (65%), Tlaxcala (60%), Baja California Sur (57%), Coahuila (56%), Colima (56%), Oaxaca (55%), Hidalgo (53%), Nuevo León (52%), Querétaro (52%), Aguascalientes (52%), Campeche (51%). Al mismo tiempo, cuatro tuvieron una integración paritaria (Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas) mientras que el resto sólo tuvo menos del 50%.

Las diferencias en el funcionamiento de la paridad se explican a partir de las resistencias partidistas ante las nuevas normas que pretendían fortalecer la representación política de las mujeres, del diseño de estas normas, así como por la actuación de las autoridades electorales y la interpretación constitucional y legal de los alcances de la paridad.

Este último punto resultó ser fundamental, pues en la etapa de asignación de los escaños de representación proporcional permitió, en algunos casos, alcanzar la paridad, mientras que en otros impidió la incorporación de las mujeres a los espacios legislativos.

En cualquier caso, desde fines de la década de 1980 (que es desde cuando contamos con datos), la representación descriptiva de las mujeres en los congresos mexicanos aumentó unos 38.5 puntos porcentuales, reduciendo con ello la brecha de género existente en la política legislativa subnacional.

Con la llegada de Olga Sánchez Cordero a la presidencia del Senado, ¿podría haber avances en leyes que favorezcan a la igualdad?
La lucha contra la desigualdad supone mujeres comprometidas con la agenda de la igualdad; incorporar prácticas que integren en la diferencia a los grupos subrepresentados; implica una educación más plural e igualitaria y una mayor capacidad de reacción de los partidos y de la sociedad frente al incremento de la violencia política contra las mujeres. Ayuda muchísimo que mujeres empoderadas y conscientes de las reformas que hay que hacer dirijan los espacios donde se toman decisiones. Cuantas más sean, mucho mejor.

Tras la reciente e histórica decisión de la SCJN, ¿hacia dónde irá el debate por el aborto en México?
La decisión de la SCJN es muy importante y ayudará a que ninguna mujer sea penalizada. México ha dado un paso histórico que evidencia décadas de luchas del movimiento feminista por el reconocimiento (y no penalización) del derecho a decidir de las mujeres. Esperemos que este tipo de avances continúen en muchos otros ámbitos para que la igualdad y la paridad no sea sólo un discurso.

 


Usted promueve en Latinoamérica la discusión sobre una democracia paritaria, ¿qué significa esto?
Una de las características centrales de una democracia plena es la oportunidad de la ciudadanía de participar en igualdad de condiciones en el debate abierto y plural y en hacer que esas ideas se plasmen en políticas que resuelvan los problemas de la sociedad.

Para poder participar del diálogo público, los diversos grupos de la sociedad deberían poder estar representados en las instituciones públicas en igualdad de condiciones. Si no, resulta imposible construir democracias plenas.

Con las mujeres ha ocurrido que su mínima presencia histórica en las instituciones públicas ha evidenciado las deficiencias en términos de pluralismo e inclusión de demandas y políticas en las democracias contemporáneas.

Aun cuando la presencia de las mujeres en las instituciones no garantiza por sí sola la defensa de una agenda feminista ni asegura un estilo de hacer política diferente al que han ejercido (y ejercen) los hombres, su ausencia denuncia un problema de desigualdad estructural.

Esa desigualdad se manifiesta en la existencia de prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias que hacen que haya grupos en situación sistemática de exclusión, donde, aunque no existen reglas formales (leyes) que impiden el ejercicio de los derechos o el acceso a las instituciones, hay personas que por el hecho de pertenecer a esos grupos enfrentan barreras mayores que dificultan el acceso y ejercicio pleno de los derechos.

De eso se trata mi insistencia en procurar cambiar estas condiciones que generan desigualdad en la región. Definitivamente, sin mujeres no hay democracia.

 

Elda Tomasini, periodista independiente




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