La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó que más de 550 mil presuntos agresores de mujeres en 28 estados fueron incorporados al registro nacional, aunque reconoció que la cifra es mayor a la reportada.
La titular del organismo, Fabiola Alanís Sámano, detalló en un comunicado que entre enero de 2019 y agosto de 2021, solo 28 entidades reportaron de manera regular, aunque no completa, la información sobre la atención a mujeres y niñas, víctimas de algún tipo de violencia por razón de género, al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (Banavim).
Por lo tanto, con esta información la primera aproximación al universo de presuntas personas agresoras en el país es de más de 550 mil.
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En ese sentido, Alanís señaló que el número de víctimas de violencia por razón de género es más amplio, dada “la falta de integración completa de la información de los 32 estados y también por un porcentaje todavía desconocido de mujeres que no acuden a las instancias de gobierno a buscar apoyo, por ello es necesario también fortalecer el área de información estadística para el diseño de esta política pública”.
“Ante la necesidad de hacer más eficientes los mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en el país, nos hemos propuesto fortalecer la política nacional de intervención a agresores con perspectiva de género, que contemple la participación de los tres órdenes de gobierno”, aseguró la funcionaria.
“El fortalecimiento de esta política nacional debe pasar por tres líneas fundamentales: la consolidación de un Modelo Homologado de Trabajo Integral con Generadores de Violencia, la creación de centros estatales y municipales de reeducación integral y la mejora de los mecanismos de información sobre agresiones a mujeres en razón de género”, agregó.
De acuerdo con la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la federación tiene la obligación de coordinar la creación de programas de reeducación a personas agresoras de mujeres, en tanto que los estados están obligados a su diseño e implementación, así como los municipios tienen la atribución de apoyar su implementación en el territorio.
Alanís detalló que el gobierno federal cuenta con diferentes experiencias de reeducación de agresores, las cuales son el Programa de Reeducación para Agresores de Violencia de Pareja, operado por la Secretaría de Salud federal; y el modelo de los Centros para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (Cecovim), impulsados por la Conavim y adoptado por diversos estados durante los últimos años.
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Agregó que, mediante la Iniciativa Spotlight para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y Niñas (proyecto global financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas), se avanza en la creación de un modelo piloto de homologación de trabajos con hombres generadores de violencia, con la intención de lanzarlo en cinco municipios de las entidades de Chihuahua, Estado de México y Guerrero.
Sin embargo, este esfuerzo debe tomarse en cuenta para la construcción de un modelo nacional de reeducación en el corto y mediano plazo.
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