Por Alberto Vizcarra Ozuna
La respuesta negativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio a la demanda de Cuauhtémoc Cárdenas de cancelar el Acueducto Independencia, ha puesto en cuestión el llamado Plan de Justicia desplegado por el gobierno federal para beneficiar a la tribu yaqui, principal afectada con la operación del acueducto que ilegalmente sustrae agua desde la parte media de la cuenca del Río Yaqui, desviando el recurso a la cuenca del Río Sonora en atención a la creciente demanda de los grandes negocios inmobiliarios que han encontrado refugio en la ciudad de Hermosillo.
La exigencia de Cárdenas se dio el martes 28 de septiembre, en el poblado de Vícam, Sonora, cabecera de los ocho pueblos yaquis y ubicada en el corazón del territorio yoreme. El hijo del General Cárdenas, asistió como invitado a la ceremonia organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la que el presidente le pediría perdón a los yaquis por los agravios de los que han sido sujetos desde la conquista, el porfiriato y otros momentos de la historia nacional en los que a la tribu se le ha tratado de despojar del territorio y el agua.
Todo parecía indicar que la ceremonia correría sin contratiempos. Los directivos del INPI habían preparado las cosas para asegurarse que ningún miembro de la tribu se refiriera a los problemas presentes, el acto estaba organizado sólo para condenar el pasado y permitirle al presidente la comodidad suficiente para abordar la historia desde una perspectiva angelical. Los temas prohibidos estaban claramente establecidos: No mencionar el Acueducto Independencia y sus afectaciones, tampoco la creciente brutalidad delincuencial de la que ha sido objeto la tribu en los años recientes, ni los asesinatos políticos que en este año le han quitado a la tribu a sus principales voceros y representantes.
El mensaje de Cuauhtémoc Cárdenas, no se quedó en el angelicalismo histórico. Ubicó en su justa dimensión los alcances del decreto presidencial de su padre, Lázaro Cárdenas, reclamó el esclarecimiento del asesinato de los voceros de la etnia, Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano, y le pidió al presidente que en apego a la ley, al Estado de Derecho y a las disposiciones legales existentes cancele el Acueducto Independencia que indebidamente continua desviando volúmenes de agua de la Cuenca del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo.
Denunció que para la operación de dicha obra, en este año, atropelladamente las autoridades responsables, habían decidido retener 600 millones de metros cúbicos en la presa del Novillo, adicionales a los almacenamientos ordinarios, para mantener los niveles que permitan el bombeo extractivo, sin considerar las afectaciones que eso acarrea para el pueblo yoreme y para las actividades productivas del Valle del Yaqui.
Las palabras de Cárdenas recogieron el sentir de la mayoría del pueblo yoreme, que durante la última década ha resistido en contra de la imposición del acueducto y en los recientes tres años han sentido la intensa presión de los directivos del INPI, quienes descaradamente ofertan las promesas de beneficios del Plan de Justicia a cambio de la aceptación del acueducto. El discurso de Cárdenas resultó liberador para el pueblo yoreme y para los habitantes del sur de Sonora. Un suministro de energía moral para seguir resistiendo frente a un gobierno que en materia de política hídrica ha resultado igual o peor que el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En su negativa a proceder conforme a derecho y cancelar el Acueducto Independencia, el presidente implicó que el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis los compensaría. Volvió a presumir futuras inversiones millonarias para el territorio yaqui en una especie de revelación involuntaria de que dicho plan está diseñado desde el principio para que acepten el despojo del agua con la operación del acueducto.
Ciudad Obregón, Sonora. 30 de septiembre de 2021
Alberto Vizcarra Ozuna, coordinador del Movimiento Ciudadano por el Agua
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