Las autoridades del estado estadounidense de Misuri ejecutaron el martes a un hombre condenado por matar a tres personas durante un robo en una tienda en 1994, a pesar de los llamamientos a favor de una clemencia por parte del papa Francisco y otros políticos y activistas, que argumentaban que la discapacidad intelectual del hombre convertían su ajusticiamiento en un acto inconstitucional.
El hombre, Ernest Lee Johnson, fue ejecutado en la prisión de Bonne Terre a través de una inyección letal, según el Departamento de Prisiones de Misuri. El departamento publicó una carta de Johnson en la que se disculpa y muestra su arrepentimiento por sus actos, según informó el diario estadounidense The New York Times.
El papa Francisco pidió a finales de septiembre al gobernador de Misuri, Mike Parson, que concediera un perdón a Johnson, llamado al que se sumaron los congresistas Cori Bush y Emanuel Cleaver II. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó a primera hora del martes una petición para detener la ejecución, que fue finalmente llevada a cabo.
El nuncio apostólico en Estados Unidos, el arzobispo Christophe Pierre, afirmó en una carta “en nombre del Santo Padre” que la petición de clemencia no se fundamentaba “en los hechos y circunstancias de los crímenes”, sino en “la dudosa capacidad intelectual” de Johnson. “¿Quién podría argumentar que crímenes tan graves requieren castigos severos?”, se preguntó.
“Su Santidad desea plantearle el simple hecho de la humanidad de Johnson y lo sagrado de toda la vida humana”, dijo Pierre, quien pidió a Parson que considerara que “cuando toda violencia de todo tipo es limitada, incluso la violencia de una ejecución legal, toda la sociedad se beneficia”, tal y como recogió el portal Vatican News.
El propio Parson dijo el lunes que Johnson sería ejecutado el martes, tal y como estaba previsto. “El estado está preparado para hacer justicia y llevar a cabo la sentencia legal contra Johnson, según la orden del Tribunal Supremo de Misuri”, resaltó el gobernador, miembro del Partido Republicano.
El abogado de Johnson, Jeremy Weis, confirmó que el Supremo del estado había rechazado en agosto la petición de su defendido para evitar su ejecución debido a su discapacidad intelectual, así como su petición de ser ajusticiado por un pelotón de fusilamiento.
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El Supremo de Estados Unidos determinó en 2002 que la ejecución de una persona con discapacidad intelectual supone una violación de la prohibición en la Octava Enmienda de los castigos crueles o inusuales. Sin embargo, los tribunales determinaron que los recuerdos del crimen que tiene Johnson permiten afirmar que era capaz de “planear, crear una estrategia y solucionar problemas, en contra de lo que supondría una inteligencia sustancialmente por debajo de la media”.
Johnson mató a martillazos a tres trabajadores de una tienda de alimentación en febrero de 1994 durante un robo para lograr dinero para comprar drogas, según los documentos judiciales del caso. Un jurado del contado de Boone le condenó en 2005 por asesinato y le condenó a muerte, lo que fue ratificado por instancias superiores.
(Europa Press)
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