Los escándalos que rodean a la figura de Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca antes de su abdicación en 2014 y las dos regularizaciones fiscales que ha realizado a raíz de las investigaciones abiertas por las Fiscalías del Tribunal Supremo y Anticorrupción se han convertido en una de las principales preocupaciones de los organizadores del 40.º Congreso Federal del PSOE.
Militantes de Juventudes Socialistas, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, y otras federaciones han presentado enmiendas en las que proponen aumentar la transparencia de la Casa Real o abrir una comisión de investigación al padre de Felipe VI en el Congreso, una posibilidad que, desde su regreso a La Moncloa, los socialistas han evitado con su voto siempre que Unidas Podemos y otros socios del Gobierno lo han intentado. La celebración de un referéndum sobre la forma de Estado y la tradicional apuesta por la República asoma como otros posibles quebraderos de cabeza para la dirección del PSOE. De prosperar y llegar al plenario al que asistirán 1.082 delegados la próxima semana en Valencia, podrían provocar un debate incómodo. Y desviar la atención del mensaje de unidad en torno a Pedro Sánchez que Ferraz quiere transmitir.
Una de las enmiendas que han puesto en alerta a los responsables del PSOE, proveniente de militantes andaluces, insta a profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de la Monarquía “mediante la mejora de la trazabilidad de su presupuesto, unificándolo bajo el paraguas de un único ministerio y bajo partidas específicas e inequívocas de la Casa Real, rindiendo además cuentas de sus gastos periódicamente al Tribunal de Cuentas”. “Ante la desconfianza que genera la corrupción en la ciudadanía atendiendo a las continuas informaciones sobre las [supuestas] comisiones que recibió el emérito, el PSOE no se va a poner de perfil y va a liderar una comisión de investigación en el Congreso”, apostilla otra enmienda de un afiliado de Juventudes. La reforma de la Constitución para acabar con la inviolabilidad del Rey figura en enmiendas de Canarias, Madrid y Málaga, según la memoria a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Dentro del maremágnum de 10.500 enmiendas a la ponencia que marcará el proyecto político del PSOE los próximos años, el modelo de Estado es otro de los grandes objetos de debate. “La sociedad española, después de 45 años de democracia, ya es lo suficientemente madura como para poder elegir la Jefatura del Estado. El PSOE se compromete a que como máximo en la próxima legislatura, se convoque un referéndum para poder elegir entre Monarquía o República”, apela un militante de Murcia. De igual modo, bases de Andalucía animan a una consulta vinculante sobre “si el actual sistema de monarquía parlamentaria es el idóneo”.
En esta línea, un militante de la corriente de Izquierda Socialista cree que la única forma de luchar contra la desafección hacia la clase política y las instituciones públicas pasa por “revisar en profundidad la Constitución para liberarla de las limitaciones y tutelas que en el contexto de la Transición se impusieron, entre ellas la Monarquía como modelo de Estado”. Avanzar a “un nuevo modelo de gobernanza” donde el jefe del Estado sea elegido “mediante un proceso democrático reglado por la correspondiente modificación constitucional”, es la tesis de un afiliado de Mallorca.
La resolución de la crisis territorial en Cataluña, cuyos promotores consideran posible si el Estado autonómico culmina en un modelo federal, también aparece en varias enmiendas. “Necesitamos tender más alianzas por la prosperidad compartida y por la igualdad. Nuestro concepto de lo que significa España se define desde la diversidad”, animan desde Valencia. “Los indultos han supuesto un paso importante (…) queda todavía mucho por hacer para levantar el muro que la aplicación de durísimas políticas represivas ha levantado frente a la negociación y la concertación. Todos los presos y encausados del procés deben volver a sus casas”, reclama un grupo de militantes de Andalucía.
El sector feminista contrario al uso del término “género” por el de “sexo” en el texto base de la ponencia marco, impulsada por la dirección nacional, también se ha movilizado con la presentación de enmiendas que han pasado el filtro de las federaciones de sus territorios. Este colectivo, crítico con la ley trans, en tramitación, se resiste a lo que considera una “modificación histórica del partido respecto a lo que se entiende por sexo, género, identidad, diferencia sexual, salud, derechos e igualdad”.
La armonización fiscal que el Gobierno tiene en mente para acabar con excepciones como la de Madrid, la única comunidad que no aplica de facto el Impuesto sobre el Patrimonio, cuenta con partidarios desde las autonomías mediterráneas a Extremadura. “La competencia fiscal a la baja mina la solidaridad interterritorial. Rechazamos lo que hay detrás del discurso anti impuestos”, contempla una enmienda de Cáceres.
Cómo endurecer la regulación de las puertas giratorias tampoco faltará en los debates de las comisiones del Congreso Federal. Un militante de base de Cantabria considera preciso añadir al reglamento del PSOE que, cuando un socialista sea elegido para un ministerio o alto cargo de la Administración, “se comprometa por escrito a que, bajo ningún concepto, una vez sea relevado de su cargo, pase a formar parte de cualquier Consejo de Administración de empresas de alto valor estratégico, energético, infraestructuras o bancario y menos aún si durante su mandato tuvo actuaciones sobre esas empresas”.
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