El artista cubano Hamlet Lavastida pasó 89 días en una prisión de La Habana acusado, sin juicio ni pruebas, de incitación a delinquir. Tras semanas de tortura y después de haberse convertido en un símbolo internacional de la oposición al régimen cubano le ofrecieron a él y a la escritora Katherine Bisquet, su pareja, una solución al encierro: si aceptaban salir del país, la puerta de la cárcel se abriría. Y aquí no ha pasado nada. Una propuesta similar llegó varias veces a la casa de la también artista Tania Bruguera, en arresto domiciliario, con los mismos cargos. Otra parecida le hicieron a Carolina Barrero. La lista de artistas a los que el Gobierno de Díaz-Canel le propone la libertad a cambio del exilio es larga en lo que parece un modus operandi para tratar de silenciar a la disidencia, con especial foco en los artistas. La Seguridad del Estado los persigue con mayor intensidad desde inicios de año cuando este colectivo se convirtió en la cara visible de una oposición que salió a las calles en las históricas protestas contra el Gobierno el pasado 11 julio.
Lavastida y Bisquet aceptaron la propuesta y el pasado septiembre salieron del país. Ahora residen en Varsovia. “Mi salida era la moneda de cambio para su liberación”, escribió Bisquet en sus redes sociales. “A esa misma presión e intentos de chantaje estuvieron sometidas varias personas allegadas a Hamlet, tanto familiares como amigos”. Al poco tiempo, ya en Europa, el artista confirmó esta versión en una entrevista para el medio cubano independiente El Estornudo. “No solo presionaron a Katherine, a Carolina Barrero también: que yo pudiera hablar con cualquier persona, y convencerlos de eso”, relató Lavastida.
Una vez aceptaron salir del país, el régimen les extendió una alfombra roja para que realizaran los trámites con las instituciones pertinentes. Conseguida la visa, “te señalan el camino del exilio”, explicó Lavastida en El Estornudo. “Cinco carros te llevan a ti y a tu pareja al aeropuerto, con una moto atrás, y más de 20 oficiales; cuando tú no entras al aeropuerto por la puerta normal, sino por atrás, por donde entran los presidentes y los ministros. Tus maletas pesan el cuádruple de lo permitido, y ellos te las dejan pasar”. Además, le permitieron salir con varias de sus obras, las mismas en las que aparecía su crítica a Fidel Castro y que antes le habían vetado. “De eso se trata, te sientes como VIP”, reflexionó el autor.
En una situación parecida se encontró la artista Tania Bruguera, una de las voces más críticas en la última década entre los artistas cubanos y quien también decidió salir del país recientemente después de pasar casi nueve meses en prisión domiciliaria (tiempo en el que el Gobierno le cortaba su conexión a internet para mantenerla incomunicada). A finales de agosto salió de la isla y ahora trabaja en Harvard, en Massachusetts, una oferta laboral que había recibido meses antes, aunque dudó en aceptar cuando el régimen comenzó a tratar de convencerla para que saliera de la isla.
“El Gobierno de Cuba, a través de agentes de la Seguridad del Estado, me hablaron cuatro veces de que me fuera o me decían que iba a perder mi carrera”, cuenta Bruguera a El PAÍS. “La última vez me dijeron: ‘Si es por problemas de dinero, no te preocupes, te facilitamos todo”, recuerda. Las mismas ventajas que le ofrecieron a Lavastida y Bisquet. Pero ella se negaba a concederles esa salida tan fácilmente. “Cada vez que me lo decían les contestaba que no estaba interesada en salir, incluso suspendí varias exposiciones fuera del país”, añade.
La historiadora del arte Carolina Barrero, en arresto domiciliario desde inicios de junio (es la segunda ocasión que está en esta circunstancia, en total suma más de 100 días), es víctima del que se ha establecido como patrón de hostigamiento del Estado. Está acusada de instigación a delinquir pero nunca ha recibido un documento oficial con el cargo. Debajo de su casa, cuenta por una llamada de WhatsApp a un número que no es el suyo, hay un equipo de miembros de la policía y de la Seguridad del Estado apostado día y noche. No puede salir de casa. Le tienen que llevar la comida. Solo, con permiso, va a la tienda de la esquina a comprar agua y cigarrillos y siempre con el acompañamiento de un agente. Es en estos cortos paseos en los que le sugieren que se vaya. Como Bruguera, se niega. “En una ocasión me dieron 10 días para salir de la isla”, recuerda sin perder la fortaleza en la voz. Para persuadirla ha recibido hasta la visita de la madre de un amigo: “Me dijo que era lo mejor para mí, me habló como una madre”. Otra forma de chantaje emocional.
Barrero ha tenido que cambiar en tres ocasiones de línea de teléfono. Se ha mudado a casa de su padre porque la mujer que le alquilaba su casa “estaba cansada de la presencia militar”. Pasa los días leyendo, “en una cosa y la otra, siempre ocupada”, dice en referencia a su trabajo como activista porque no tiene un trabajo formal que le genere ingresos. Vive de los ahorros que reunió en España, donde pasó ocho años antes de volver a Cuba en noviembre de 2020 cuando se involucró en el Movimiento San Isidro. Y en este punto de la charla recuerda que es ciudadana española y no ha recibido ningún tipo de asistencia por parte de la embajada.
En el caso de Bruguera, consciente de la reacción internacional que provocaba su detención y la de otros artistas, intentó negociar: le escribió una lista a los agentes del Estado con los nombres de 70 detenidos arbitrariamente, como Lavastida o el artista Luis Manuel Otero Alcántara, además de otras personas menos conocidas que también fueron apresadas el 11 de julio. El Gobierno accedió a liberar a Lavastida y a algunos más de esa lista, y retiró los cargos en la Fiscalía contra Bruguera para que se fuera. Una muestra más de que, en vez de ser un proceso judicial con garantías, el Gobierno usa las acusaciones como instigación a delinquir o atentar contra la Seguridad del Estado (las dos que pesaban contra Bruguera) de manera arbitraria y como forma de presión. “Normalmente este tipo de negociaciones son entre estados. Creo que es la primera vez que la sociedad civil ha podido sacar a algunos presos de esta manera”, dice Bruguera desde Estados Unidos.
Abraham Jiménez, periodista independiente en Cuba, explica que las ofertas de salir del país para Lavastida o Bruguera son similares a las de la denominada primavera negra. En 2003, el gobierno de Fidel Castro detuvo a 75 activistas cubanos, los encarceló con cargos absurdos, pero en 2010 accedió, después de negociar con la Iglesia Católica y la embajada española, a que varios de ellos fueran liberados si se iban a España. En los ochenta, recuerda Castillo, sucedió algo similar tras la caída del Muro de Berlín y del campo socialista. “Cuando la olla está en ebullición, el Gobierno suelta un poco de presión y les pide que se vayan”, resume Jiménez.
No les han vetado la entrada en su país, pero tampoco la tienen garantizada. “A Hamlet no le dijeron que estuviera desterrado, pero uno de los agentes de la Seguridad le advirtió de que si sigue con su activa vida política [en referencia a su trabajo artístico crítico con la Revolución] le estaría esperando personalmente en el aeropuerto para devolverle a Villa Marista [la prisión en la que estuvo encerrado]. Nunca sabes si estás vetado hasta que llegas al aeropuerto”, explica Marco A. Castillo, artista cubano residente en México que lideró las protestas en la pasada edición de ARCO por la liberación de Lavastida. “La isla no es propiedad del Régimen, salir de Cuba no significa irse al exilio o solo volver en vacaciones”, acompaña Barrero.
La Bienal de arte de La Habana
“Vamos a boicotear la bienal mientras no liberen a todos los presos del 11 de julio”, dice Bruguera. Junto a un grupo de artistas promueven un boicot a uno de los eventos culturales más longevos e importantes del país que se llevará a cabo a finales de noviembre, y a la que normalmente van curadores, artistas o comerciantes de todo el mundo. “No me meto con los artistas cubanos, que actuarán como su conciencia les dicte, pero le pedimos a los extranjeros que no participen porque sería legitimar una dictadura que está metiendo presa a tanta gente”, dice Bruguera. “Todos hemos empezado en esa bienal”, acompaña Castillo, “no tenemos nada en contra, es una gran oportunidad para los artistas cubanos, pero necesitamos hacer este llamado de atención”.
La ONG cubana Cubalex intenta construir un registro con el historial jurídico de 1.116 personas detenidas durante las protestas de julio, de los cuales 561 siguen encarcelados de acuerdo a la información que han podido recolectar. “El Estado no da información ni a los familiares de los detenidos”, dice a El PAÍS Laritza Diversent, una de las activistas que intenta seguir la pista de los detenidos.
La campaña por liberarlos a todos ya ha comenzado en las redes. Los artistas comparten imágenes de su cara con el lema No a la Bienal, el propio Lavastida ha participado desde Varsovia. La exigencia es que liberen a las cientos de personas detenidas, todos esos sin nombre, y sin cargos. De lo contrario, no se levantará el boicot. Queda un poco más de un mes para saber si esta iniciativa es una carta potente que los artistas tienen en mano para negociar con el Gobierno cubano, o si este último ya se cansó de soltar presión de la olla.
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