El general Raúl Isaías Baduel murió en los brazos de su hijo Josnar Adolfo en la celda que compartían en el Helicoide, una antigua cárcel del servicio de inteligencia venezolano en Caracas. Esta es la versión que dio su familia el viernes en una rueda de prensa para denunciar los detalles omitidos por el gobierno sobre la muerte del militar, de la que se enteraron por un tuit del fiscal Tarek William Saab en el que adelantaba la causa de la muerte: paro cardiorrespiratorio producto del covid. La familia Baduel y su abogada Yasnaida Villalobos dicen tener razones para dudar del diagnóstico del fiscal y han pedido una investigación internacional independiente para aclarar las circunstancias de una nueva muerte de un preso político bajo custodia del Estado, que se suma a otros nueve casos ocurridos desde 2014. Esta petición también la ha hecho la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la CIDH y la OEA. El gobierno de Nicolás Maduro ya la ha negado a través de un comunicado de su canciller.
“Mi hermano nos dijo que solicitó una y otra vez atención médica; sin embargo, la asistencia médica llegó a las 4:58 de la tarde y mi papá falleció a las 5:00. No les dio la gana de atenderlo. Mi hermano hizo lo que pudo, pero se le murió en los brazos”, relató Andreína Baduel, una de las hijas del general. Otra de las hijas del ex ministro de la Defensa de Hugo Chávez, Nayeska Baduel, señaló que lo había visitado tres días antes de la muerte, el primer contacto autorizado tras un año de aislamiento. Nadeska asegura que ese día su padre se quejaba de las dolencias asociadas a una intervención quirúrgica a la que fue sometido en diciembre pasado y de la que se enteraron ahora. Según el testimonio de los Baduel, el militar de 66 años fue llevado sin avisar a su defensa a una carpa hospitalaria. Ahí fue operado de unas hernias inguinales y devuelto a la cárcel sin guardar ningún tipo de observación médica ni reposo. “Responsabilizo al Estado por no haberle dado los cuidados necesarios a mi padre”, expresó.
Baduel fue uno de los presos más emblemáticos del chavismo. De haber salvado a Hugo Chávez durante el breve golpe de Estado que sufrió en 2002 pasó a ser su enemigo al punto de ser encarcelado en 2009 por supuesto enriquecimiento ilícito dos años después de su pase a retiro. Estuvo seis años en prisión hasta que recibió una medida de libertad condicional en 2015 que fue revocada dos años después. En 2018, fue degradado y destituido de la Fuerza Armada Nacional junto a otros oficiales involucrados en actividades consideradas conspirativas. Estaba preso junto con su hijo Josnar, acusado de formar parte de la llamada Operación Gedeón en la que un grupo armado desembarcó en las costas venezolanas con la intención de forzar la caída del gobierno. Otro de sus hijos, Raúl Emilio fue puesto preso durante las masivas manifestaciones de 2014 y amnistiado en 2018. Baduel murió tras estar cuatro años presos sin un juicio, señaló su abogada, gran parte de ese tiempo en La Tumba, una celda de máxima seguridad en los sótanos de la sede del servicio de inteligencia señalado como un centro de torturas.
Reformas empañadas
Las controversias sobre la muerte del general Baduel complican nuevamente el panorama internacional del gobierno de Maduro. Sentado en una mesa con la oposición, a las puertas de una elección en la que después de siete años de abstención participan los partidos que le adversan y cuenta con observación internacional —no sin controversias—, el chavismo, acorralado en su cerco diplomático, también había comenzado a hacer reformas judiciales para mejorar su imagen luego de los demoledores informes de la Misión Independiente de la ONU y atenuar los señalamientos de la Corte Penal Internacional.
El viraje tiene algunos hitos importantes. En 2018, cuando el concejal opositor Fernando Albán murió al caer de un piso 10 de la sede del servicio de inteligencia, el fiscal Saab anticipó la tesis del suicidio. Hace cinco meses el funcionario se retractó, reconoció que se había tratado de un asesinato y ordenó la captura de los agentes que lo custodiaban. En esa misma declaración, también reconoció como asesinatos los casos del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto producto de torturas, y de Juan Pablo Pernalete, impactado por el disparo de una lacrimógena en las protestas de 2017. En septiembre, con muy bajo perfil, también comenzaron a producirse algunas excarcelaciones de presos políticos.
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Se trata de un cambio radical en la postura de la Fiscalía, considerada uno de los brazos represivos de Maduro. La presión por los señalamientos de crímenes de lesa humanidad, de los que la CPI ha dicho que hay evidencias razonables para investigarlos, parece ser la mayor encrucijada del chavismo, un terreno en el que tienen poca capacidad de maniobra. Más allá de las consecuencias jurídicas que podrían tardar, el proceso en La Haya pone más alto el cerco diplomático que el gobierno chavista intenta derribar principalmente con el levantamiento de sanciones.
Recientemente, la Asamblea Nacional plegada al chavismo, dictó sin mayores consultas públicas un paquete de leyes que intentan cubrir los enormes baches que han dejado las violaciones de derechos humanos en el país. Algunos de los avances legislativos tienen que ver con la desmilitarización de la justicia, la posibilidad de que ONG de derechos humanos asuman la defensa de quienes les han sido violadas las garantías fundamentales y la reforma del Código Penal, que recorta los lapsos judiciales para acelerar los procedimientos y pone un límite de tres años al tiempo que una persona puede estar presa sin recibir condena. “Si Venezuela fuese un país de leyes, estos cambios legislativos traerían alguna mejora al sistema de justicia. Estas modificaciones no apuntan al enorme paquidermo que no se atreven siquiera a mencionar: que en Venezuela no tenemos jueces ni imparciales ni independientes sino simples funcionarios que se limitan a cumplir órdenes”, señala un análisis sobre las reformas de Acceso a la Justicia.
La muerte de Baduel y su condena internacional ha agitado nuevamente la causa de los presos políticos. Lo ocurrido empaña los movimientos con los que el chavismo busca levantar cabeza en los foros internacionales, donde acumula un grueso expediente de violaciones de derechos humanos. Esta semana, los familiares de presos políticos protestaron para exigir que la CPI acelere su decisión sobre la apertura de una investigación contra Maduro y otros altos cargos. Este caso, sin duda, salpicará el encuentro entre las delegaciones de la oposición y el gobierno en México la próxima semana, en los que el tema de los presos políticos todavía no consigue acuerdos.
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