Casi dos años después de que Dolores Delgado dejara de ser ministra de Justicia para convertirse, unos días más tarde, en fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo debate este martes la legalidad de ese nombramiento. La Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) tiene que deliberar sobre los recursos planteados por PP y Vox, que cuestionan la idoneidad de Delgado para ejercer el cargo, para el que fue nombrada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. La decisión está en manos de los seis magistrados de la sección cuarta de lo Contencioso y del presidente de la sala, César Tolosa, que ha rechazado la petición formulada por un grupo de magistrados para que el asunto se debatiera en el pleno, del que forman parte los 27 magistrados de la sala.
La deliberación sobre el nombramiento de Delgado empezará este martes resolviendo si el PP y Vox están legitimados para recurrir una decisión del Gobierno. La Abogacía del estado considera que no, pero los dos partidos sostienen que lo que haga la jefa del Ministerio Público les puede afectar de forma directa, por lo que se consideran con derecho a impugnar la elección. “La designación incorrecta del fiscal general del Estado es susceptible de afectar a sus funciones respecto a los diferentes procedimientos judiciales en curso en los que el PP o sus miembros son parte”, alega el partido de Pablo Casado, que califica de “fraude constitucional” el nombramiento de Delgado. En parecidos términos se expresa Vox en su recurso, en el que considera “improcedente y contraria a derecho” la designación de la fiscal general tras abandonar la cartera de Justicia.
Una vez resueltas las dudas sobre la legitimidad de los dos partidos para impugnar el nombramiento, los magistrados deben decidir si este fue legal. Las fuentes del tribunal consultadas señalan que no hay dudas sobre el hecho de que Delgado cumplía los requisitos formales para acceder al puesto (ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión), aunque Vox en su demanda sostiene que la exministra “ni por su currículum ni por su profesionalidad y experiencia entraría en la categoría de jurista de reconocido prestigio”. Pero entre los magistrados hay más debate sobre si la actual jefa de la Fiscalía incumple el requisito de “imparcialidad”, un principio que, según la Constitución, debe regir la actuación del Ministerio Público. Este será uno de los puntos centrales de la deliberación en el Supremo, que partirá de la ponencia elaborada por la magistrada Pilar Teso.
La idoneidad de Delgado para ocupar el cargo ya dividió en dos el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando tuvo que elaborar su informe preceptivo previo a la designación oficial de la fiscal. El órgano avaló la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez con 12 votos a favor y 7 en contra, una división que no se daba desde la elección de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (trece votos a favor, seis en contra y uno en blanco). Los siete votos contra Delgado correspondieron a vocales propuestos por el PP (José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz, José María Macías, Carmen Llombart y Juan Manuel Fernández), que emitieron un voto particular en el que cuestionaban la idoneidad de la exministra para dirigir la Fiscalía General. “La asunción de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido político que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado”, recogía el texto.
En el Supremo el recurso sobre Delgado ha elevado también la tensión en la Sala de lo Contencioso antes de que el asunto llegue a deliberarse. Un grupo de nueve magistrados solicitaron al presidente de la Sala de lo Contencioso que la decisión sobre la legalidad del nombramiento no recayera solo en los magistrados de la sección cuarta (la competente para resolver cuestiones que afecten al ministerio fiscal), sino que se elevara al pleno, lo que habría abierto el debate a los 27 magistrados de la sala, con una amplia mayoría conservadora. Estos magistrados se amparaban en el precedente del recurso contra el nombramiento en 1992 de Eligio Hernández como fiscal general, que, fue deliberado en junio de 1994 por el pleno de la sala y acabó siendo anulado al concluir el Supremo que el tiempo que desempeñó cargos dependientes del Gobierno no debían computarse entre los 15 como jurista requeridos para dirigir el ministerio público.
Tolosa ha rechazado la petición y la decisión sobre Delgado la tomará la sección cuarta, integrada por los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico, Pilar Teso, Luis Díez Picazo, Antonio Fonseca-Herrero y José Luis Requero. Los tres primeros son considerados de perfil progresista y los tres últimos, conservadores. El presidente de la Sala sí ejercerá su derecho a presidir la deliberación, por lo que esta queda en manos de siete magistrados.
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