El escándalo de las ayudas familiares, que provocó el pasado enero la dimisión en bloque del Gobierno de Países Bajos, ha dado un giro desgarrador. Más de 30.000 progenitores ―muchos de ellos de origen inmigrante― fueron acusados erróneamente de fraude en la percepción de subsidios sociales entre 2013 y 2019. La Oficina Central de Estadística holandesa ha informado este martes de que 1.115 niños de estos hogares afectados acabaron en régimen de tutela en instituciones públicas entre 2015 y 2020. Los responsables del informe, que fue solicitado por el Ministerio de Justicia, han asegurado que se trata de un cálculo aproximado y han subrayado que deben investigarse individualmente las causas de cada régimen de tutela. Las cifras podrían ser más abultadas porque el problema de los subsidios se remonta a 2004 y, hasta el momento, solo se han contado los niños y las niñas que fueron sacados de sus casas a partir de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley del Menor.
El Gobierno holandés estima que unos 70.000 menores sufrieron, desde 2013, las consecuencias de los problemas padecidos por los más de 30.000 padres sacudidos por una estafa que no cometieron. Entonces, las autoridades incurrieron además en discriminación al buscar posibles estafas, ya que investigaron a familias en función de su origen y apuntaron especialmente a aquellas de ascendencia turca o marroquí. Para hacer sus cálculos, la Oficina de Estadística ha comparado la cifra total de menores tutelados en el país entre 2015 y 2020 con la de cerca de 50.000 hijos de progenitores víctimas del escándalo. De ahí salen los 1.115 menores.
El servicio estatal de protección del menor actúa cuando considera que los niños no están seguros o si existe alguna amenaza para su bienestar. Entre los problemas padecidos por estas familias figuran deudas, quiebra, desahucios, accidentes, estrés, ansiedad, depresión o rupturas de pareja. Paul Blokhuis, secretario de Estado de Sanidad de Países Bajos, ha reconocido: “Tenemos constancia de que las tutelas han sucedido y el sufrimiento de los padres es indescriptible. El daño causado debe ser compensado”. Antes de la publicación de las nuevas cifras, admitió que “se desconoce por el momento el número de familias que han afrontado el internamiento de sus hijos o bien su regreso”. Los adultos recibirán como mínimo 30.000 euros de compensación. A los niños ―algunos ya mayores de edad― les corresponden entre 1.500 y 7.500 euros, porque la situación repercutió en su desarrollo.
Blokhuis decidió dar explicaciones después de que la columnista Harriët Duurvoort, del periódico De Volkskrant, apuntara la posibilidad de que centenares de estos niños hubieran acabado fuera de sus casas. Peter Omtzigt, exdiputado democristiano que ocupa hoy un escaño como independiente, espera que el Ejecutivo holandés rinda cuentas de lo sucedido lo antes posible de forma veraz. “Lo peor que puede pasar es que un hijo sea apartado de sus padres. No sabemos qué ha pasado con estos menores, pero el Gobierno debe trazar un plan y ofrecerles un horizonte. Estadística ha publicado los datos sin que se haya remitido una nota a la Cámara con ellos. El Gabinete tiene que pronunciarse sin demora”, exige el parlamentario en conversación telefónica. Esto mismo le ha pedido ya al Ejecutivo en una carta abierta junto con otros cuatro diputados. Desde 2017, Omtzigt ha interpelado repetidas veces al Gobierno tras responder a llamada de la abogada española Eva González Pérez, que destapó el escándalo. También contribuyeron las investigaciones del rotativo Trouw y la cadena televisiva RTL. Hasta la fecha, solo cerca de un 10% de los padres han llegado a un acuerdo para ser compensados.
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