La mayoría de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron abiertos este lunes a respaldar que los proveedores de servicios abortivos puedan impugnar en los tribunales la ley de Texas. La normativa, vigente desde septiembre, le prohíbe a las mujeres interrumpir el embarazo a partir de la sexta semana, incluso en casos de violación e incesto. El máximo órgano de justicia rechazó hace unas semanas bloquear la draconiana ley del latido, por lo que las señales favorables de los togados conservadores hacia los demandantes le devolvieron el aliento a las defensoras de los derechos reproductivos. Millones de mujeres ven bajo amenaza el histórico fallo Roe contra Wade emitido por el Alto Tribunal en 1973, que legalizó el aborto en el país.
Desde Roe contra Wade, los Estados no pueden prohibir el aborto antes de la viabilidad del feto, alrededor de las 24 semanas de embarazo. Sin embargo, el Supremo no está discutiendo si la ley de aborto de Texas es anticonstitucional, sino si puede ser impugnada en los tribunales. El Alto Tribunal accedió a escuchar los argumentos del Departamento de Justicia y de los proveedores de servicios abortivos que intentan tumbar la restrictiva ley en tribunales inferiores. La normativa fue diseñada precisamente para esquivar el potencial bloqueo de la justicia: las autoridades texanas, para quitarse responsabilidad, delegaron la responsabilidad de aplicar la ley al ciudadano de a pie. Son ellos los que están facultados para demandar civilmente a quien “ayude o sea cómplice” de un aborto y, si ganan el caso, cobrar 10.000 dólares.
El conservador juez Brett Kavanaugh, uno de los cinco magistrados que permitió que la normativa entrara en vigor, sugirió que el inusual esquema para aplicar la ley debería poder impugnarse en los tribunales. “Aquí se ha utilizado y explotado una laguna [legal]”, y la pregunta que debe responder el Supremo es si la deben cerrar, explicó el magistrado. Recordando el principio de un fallo del Alto Tribunal en 1908, Kavanaugh, nominado al cargo por el expresidente Donald Trump, dijo que probablemente deberían cerrarla. La juez Amy Coney Barrett también dejó entrever que se desmarcaría de su bloque, al considerar que la ley está diseñada para evitar que los proveedores de abortos presenten ante los tribunales una “defensa constitucional completa”.
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en representación del Departamento de Justicia, alertó durante la audiencia de que “ningún derecho constitucional es seguro” si los jueces permiten que se mantenga la ley de Texas, una normativa que “claramente viola los precedentes” del Alto Tribunal. De los nueve jueces, cinco son conservadores, incluidos los tres designados por Trump durante su Administración. El presidente del Supremo, John Roberts, no tiene una línea tan marcada, y en la votación sobre si bloquear o no la ley de Texas, se unió a la postura de los tres jueces progresistas. El objetivo de la norma “parece ser excluir al Estado de la responsabilidad de implementar y hacer cumplir la ley”, argumentó entonces.
A espaldas del Capitolio y frente al Supremo, un grupo reducido, en su mayoría alegres mujeres jóvenes, vestidas de rojo, levantaban esta mañana globos con forma de corazón que combinaban con sus cuidados atuendos. “Somos la generación provida”, rezaban sus pancartas. A unos metros, repartidos por la fachada, un puñado pequeño de hombres y mujeres, con vaqueros y chaquetas gruesas para soportar el frío washingtoniano, guardaban silencio con el semblante serio. Representaban a los que temen que les arrebaten un derecho conquistado hace medio siglo. “¿Qué pasa con mis latidos?”, se leía en un cartel. De fondo, unos parlantes transmitían lo que ocurría dentro del tribunal: los jueces discutían, nuevamente, sobre la interrupción del embarazo.
Las clínicas abortistas de Texas han dejado de realizar los procedimientos una vez que se detecta actividad cardíaca. Si incumplen la ley, arriesgan suculentas multas. La consecuencia ha sido que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y tienen buena situación económica, han viajado a otros Estados. Las más vulnerables, deben continuar con sus embarazos o encontrar otras formas, generalmente peligrosas, para ponerles fin.
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