NUEVA YORK — El promedio de tiempo que toma resolver un caso en las cortes de inmigración estadounidenses es de cuatro años.
Pero ese no es el mandato que tiene el juez de inmigración Francisco Prieto.
A este magistrado en Nueva York el gobierno le ha dicho que resuelva los casos en un plazo de 300 días.
VARIOS JUECES DE INMIGRACIÓN AHORA DEBEN TRAMITAR SUS CASOS
En ese tiempo Prieto espera poder decidir las decenas de casos diarios que tiene de familias que recién llegaron a Estados Unidos por la frontera y que, tras pocos días detenidas, fueron dejadas en libertad con una notificación para comparecer en la corte.
El gobierno estadounidense ha puesto a estos migrantes recién llegados -que usualmente provienen de Latinoamérica- al comienzo de las listas de casos de jueces como Prieto y por delante de muchos otros migrantes que llevan años en el país.
Estados Unidos cree así que otros latinoamericanos quizás decidan no emigrar al saber que sus casos se resolverán rápido. El país lidia en la actualidad con una acumulación de 1.4 millones de casos en las cortes de inmigración.
Hace casi seis meses, la administración del presidente Joe Biden estableció esta nueva lista de casos -llamada en inglés “dedicated docket”- para lidiar con familias recién llegadas, muchas de ellas en busca de asilo.
El programa es un paso modesto para establecer orden en la frontera, donde las autoridades estadounidenses han visto cifras inusualmente altas de migrantes. En septiembre, por ejemplo, casi 15,000 migrantes, en su mayoría haitianos, acamparon bajo un puente en el pueblo fronterizo de Del Río, en Texas.
Aproximadamente 35 de los más de 530 jueces de inmigración del país fueron asignados a este nuevo sistema de aceleración de casos, según datos de la oficina que supervisa las cortes migratorias. Estos jueces manejan el nuevo sistema mientras siguen al mismo tiempo con sus listas regulares de casos.
Son varias las naciones incluidas en el anuncio.
A pesar de que esta lista “rápida” de casos se inició hace poco, la iniciativa enfrenta las mismas quejas y desafíos que cuando la impuso por primera vez el expresidente Barack Obama.
Los críticos del nuevo programa aseguran que los migrantes no recibirán un trato justo cuando las autoridades se apresuren y aceleren sus casos, especialmente si los migrantes carecen de abogado.
Los jueces de la iniciativa siguen los mismos procedimientos que en casos regulares pero dan a los migrantes plazos más cortos de tiempo cuando fijan fechas en la corte.
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Sea como sea, el sistema de aceleración representa una parte diminuta en el enorme volumen de casos que llegan a las cortes de inmigración.
En la época de Obama y del expresidente Donald Trump, la gran mayoría de los casos en la lista “cohete” carecieron de representación legal y muchos resultaron en deportación, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, en inglés).
A Prieto, el juez de Nueva York, le asignaron más de 1,600 casos del “dedicated docket” antes de fines de agosto, además de los que ya tenía anteriormente, según cifras de la Transactional Records Access Clearinghouse, o TRAC, en la Universidad de Syracuse, que recopila y analiza datos federales.
A partir de este lunes 8 de noviembre los pasajeros que tengan su esquema completo de vacunación podrán entrar a Estados Unidos.
Un día el mes pasado, el magistrado, que fue designado por Trump, urgió a las familias migrantes que se presentaban en su sala a llamar a abogados de bajo coste o gratuitos que aparecen en una lista que la corte entrega.
Algunos de los migrantes le dijeron que nadie responde el teléfono cuando llaman o se les dice que no puede ser ayudados.
Prieto les pidió que insistieran y fijó nuevas fechas para que comparezcan en su tribunal.
Algunas familias le hablaron de sus problemas: la inconveniencia de llevar un grillete electrónico en el tobillo y otras restricciones que les impone la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida como ICE.
Joselyn Margarita Aguilar, una hondureña que apareció con su hija pequeña frente al juez, le dijo al magistrado que ICE le ha dicho que no puede salir de su casa los viernes.
“Encontré un trabajo y ahora lo perdí porque no puedo faltar los viernes”, dijo Aguilar al juez. “Necesito más tiempo (para encontrar un abogado) porque no tengo trabajo y no puedo pagar”.
Una cantidad inusual de casos no pudieron ser escuchados por Prieto ese mismo día porque la corte no recibió notificaciones por parte del Departamento de Seguridad Interna sobre cada una de las audiencias. Prieto dijo a las familias que esperaran a que les llegara otra notificación de la corte por correo.
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