Por Víctor Diusabá Rojas/ Connectas*
“En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 176 mil empleos al año, los salarios están mejorando”. El presidente Sebastián Piñera describía así a su país en una charla con periodistas el 8 de octubre de 2019. Pocos días después estalló una revuelta social que dejó al menos 34 muertos, centenares de heridos y millonarias pérdidas económicas.
Han pasado dos años y un mes, y el panorama de la nación austral dista mucho de ser ese oasis. En efecto, atraviesa la situación más compleja que haya vivido desde el regreso de la democracia, a finales de los años ochenta, tras casi 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet.
¿Cómo pasó Chile en tan poco tiempo de ejemplo de la región a lo que es hoy, un mar de incertidumbre? Hay muchas respuestas, pero también nuevos interrogantes. Porque en Chile, en los últimos años, una seguidilla de desafíos ha puesto la institucionalidad a prueba y no siempre ha salido bien librada. Todo ello con una nueva compañera de viaje, la covid-19, acompañada de sus inmensas secuelas sociales, económicas y políticas.
Como todo el vecindario, Chile enfrenta los retos de una economía que, tras pasar por cuidados intensivos por el descalabro de la pandemia, está obligada a crecer. Aún están frescas las señales de la contracción que en 2020 alcanzó un 5,8 %, su peor indicador desde 1980. Como consecuencia, desaparecieron cerca de dos millones de empleos. Hoy las cosas comienzan a cambiar. Por ejemplo, el crecimiento de agosto arrojó un 19,1 % anual y la tasa de desempleo bajó a un dígito (8,5%). Pero, en cambio, la inflación ya llegó en septiembre al 4,7% y podría acercarse al 6,0% al terminar este año. No en vano las alarmas sonaron en el propio Banco Central, obligado a subir en 2,75 % la tasa de interés para intentar atajar este fenómeno que golpea los bolsillos de los consumidores. La suma de estos factores preocupa a algunos expertos que no descartan la posibilidad de una recesión.
Los demás frentes abiertos no son menos preocupantes. Solo en el campo político andan juntos, y revueltos por estos días, una convención constituyente abierta y las elecciones presidenciales y parlamentarias en plena recta final. Y en ese mismo remolino el Senado rechazó una acusación constitucional para destituir a Piñera, aprobada inicialmente por la Cámara. Los diputados lo acusaban por supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero de su familia hecha, sospechosamente, en las Islas Vírgenes, todo lo cual apareció en los Pandora Papers. Aunque el asunto no prosperó en el Legislativo, aún está por verse su costo político de cara a las elecciones.
#Piñera se salva de juicio político
La acusación constitucional, rechazada por el Senado, buscaba destituir al presidente por su implicación en un proyecto minero, revelado por los #PandoraPapers.
Chile celebra elecciones presidenciales el 21 de noviembre.#DWNoticias /cmw pic.twitter.com/BerefklB6K
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Y aún no ha terminado la lista. Otro tema candente es la inmigración. Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), citado por el diario La Tercera, en 2019 hubo 8.048 casos de ingresos informales al país por pasos no habilitados y en 2020 esa cifra se duplicó, la mayoría proveniente de Venezuela. Sin embargo en los últimos tiempos ha crecido el número de migrantes de Haití, que se suman a peruanos, bolivianos y colombianos, los más frecuentes en una ya vieja diáspora en procura de mejores condiciones de vida.
Con el paso del tiempo, lo que pareció en principio un fenómeno regional de trashumancia se ha convertido en Chile en foco de agudas discusiones. E, incluso, de polémicas reacciones con tintes de xenofobia, como sucedió en septiembre en Iquique. En esa ciudad del norte, manifestantes quemaron las pocas pertenencias de inmigrantes venezolanos que acampaban en plazas y playas.
El narcotráfico también forma parte de la rocosa geografía de la Chile actual. Ya no es un secreto que esa epidemia criminal común a la costa del Pacífico de Sudamérica ha puesto los ojos en el país. El estudio “Percepciones sobre política exterior y seguridad nacional”, elaborado por expertos de AthenaLab y el grupo de investigación de mercados Ipsos, y citado por Insight Crime, dice que el 79 por ciento de los chilenos considera al narcotráfico y al crimen organizado una “amenaza crucial o significativa para la seguridad nacional”.
Sin embargo, la cosa va más allá de la percepción porque, como acostumbra, el narco ha llegado para quedarse. Como le dijo Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab a Insight Crime, aparte de tener de vecinos a Perú y Bolivia, segundo y tercer productores mundiales de cocaína, hay en Chile “una banca sofisticada y puertos de exportación muy competitivos, lo que lo hace atractivo como lugar para lavar dinero y como corredor de tránsito”.
Por supuesto, y como en otras latitudes, el narcotráfico trae consigo otras especies de la criminalidad: el sicariato y los ataques a la autoridad se han hecho más comunes. Y la Policía, en particular, ha tenido que dedicarse a perseguir a esas estructuras al margen de la ley, mientras la gente se siente menos segura en las calles o en sus casas, como lo dice el ya señalado estudio de opinión.
🔴#LaTerceraPM | Sondeo global ubica a Chile entre países con mayor percepción de inseguridad: Solo un 41% se siente tranquilo al caminar solo https://t.co/VOw3C3ZaaY pic.twitter.com/ccbxOKFZ35
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Y, además, la confianza en las autoridades anda en su punto más bajo, en especial con los Carabineros, el cuerpo de policía que recurrió a un uso excesivo de la fuerza en respuesta a las manifestaciones masivas. Así lo dice Human Right Watch: “miles de personas resultaron heridas o informaron haber sufrido graves abusos durante su detención, incluidas brutales golpizas y abusos sexuales (…) Entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, casi 11.000 personas resultaron heridas, entre ellas, 2.000 policías, y 26 personas murieron. Más de 15.000 fueron detenidas, y en algunos casos recibieron serios maltratos. Varias decenas sufrieron lesiones oculares, en su mayoría al ser alcanzadas por perdigones disparados por carabineros con escopetas antidisturbios”. Aún están en camino las medidas que el gobierno de Piñera prometió para reformar ese cuerpo policial, una vez conocidas las evidencias de esas denuncias.
Y a este cuadro tampoco escapa el viejo conflicto por la propiedad de la tierra con la comunidad indígena mapuche, que ahora vuelve al primer plano. El gobierno de Piñera ya había crispado el ambiente al militarizar las regiones de Biobío y La Araucanía, donde habita ese pueblo. Y la tensión creció luego de que las fuerzas de seguridad dieron muerte a un miembro de la comunidad. Hoy, en el seno de la sociedad chilena el asunto mapuche no tiene medias tintas. Mientras unos, los más conservadores, apuestan por la fuerza como primer y casi único recurso, otros, los más liberales y los propios mapuches, rechazan el estado de excepción y piden “diálogos plurinacionales”.
¿Cómo pasó Chile de ser el pregonado ejemplo de la región hace tan solo pocos años para convertirse ahora en esa olla de incertidumbres? La pregunta surge de nuevo. ¿Acaso tiraron todo por la borda? Jorge Saavedra, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, especializado en comunicación, estudios culturales y movimientos sociales, responde que “entre la imagen y la realidad siempre suele haber distancia. Y en el caso de Chile, esa imagen ocultaba que ese sistema descansaba sobre las personas. Quien aparentaba estar bien, andaba endeudado entre pagos de salud y educación muy caras. Ellos eran objeto de ese tipo de abusos. Pero quienes no tenían cómo pagar ese bienestar, entraban en otra categoría, la del abandono. Y eso se vio más claro en la pandemia”.
Esos sectores, cansados de luchar en silencio, fueron los que comenzaron a expresar su desesperación a partir de 2019. “Y no se trataba de los treinta pesos del valor del transporte en metro, sino de 30 años de ininterrumpido abuso”, explica Saavedra. Y señala que lo que, desde fuera, se veía como una casa en perfectas condiciones, “era en verdad una edificación con estructuras corroídas y, más aún, corrompidas”.
Este país, una caldera a máxima temperatura por factores tan diversos, escogerá su nuevo presidente entre siete candidatos, aunque la mayoría de las apuestas se inclinan desde ya por dos. Se trata del ultraderechista José Antonio Kast, que marcha primero en las encuestas, y el socialista Gabriel Boric, favoritos para pasar a una casi segura segunda vuelta.
🇨🇱#Chile| Encuesta Cadem
🔴Kast: 32%
🔵Boric: 26%
🟢Parisi: 13%#Elecciones2021CL pic.twitter.com/jol2nTottd
— DATOWORLD (@Datoworld) November 15, 2021
Ellos y sus propuestas antagónicas componen otro elemento que complica aún más la actualidad chilena: la extrema polarización. Esa que, como dice un analista, “puede llevar al país a una dimensión desconocida”. Porque, como dice Saavedra, los chilenos tienen ante sí “la opción de elegir entre dos caminos: el de la convivencia y el respeto por una oposición respetable, y el de la persecución de quienes disienten”, algo que dolorosamente Chile conoce muy bien.
Más allá de sus programas, Kast y Boric cargan a sus espaldas el pasado y el presente del contexto político chileno. Boric, un izquierdista moderado, cuenta con el respaldo del Frente Amplio y el Partido Comunista. Con este último debió marcar distancia hace pocos días luego de que esa formación política, al lado de otras de la izquierda más radical, apoyó la farsa electoral convocada en Nicaragua por Daniel Ortega.
Por su parte, Kast, que no está en las filas del presidente Piñera sino mucho más a la derecha, no tiene problema en afirmar, a ocho días de la apertura de las urnas, que el gobierno de Pinochet hizo elecciones democráticas y nunca encerró a opositores políticos, como ahora sucedió en Nicaragua. “Y eso marca una diferencia fundamental”.
Ahora bien, ¿qué puede significar para América Latina la victoria de Kast o la de Boric? “Por supuesto que no es lo mismo. La llegada de una extrema derecha al poder en Chile, sintiéndose heredera de una dictadura sería un retroceso para ese país y para la región. Sería como volver a un pasado que solo dejó violaciones a los derechos humanos y equivaldría a premiar la infamia, con lo que propuestas similares se sentirían en el derecho de postularse”, dijo a CONNECTAS Luis Cañón, escritor, periodista y editor de diarios en América Latina. “Además, el manejo que Kast plantea para la crisis migratoria solo se puede comparar al que quiso Donald Trump en la frontera con México, o a las políticas xenófobas de movimientos como Vox en España y similares, empeñadas en perseguir a ciudadanos provenientes de países pobres, olvidados de la tragedia que ellos representan”.
Y agrega: “lo de Boric sería para la región un camino muy diferente, no solo por respetar los derechos de los migrantes, sino en el muy probable propósito de buscar salidas comunes a esa situación y a otras, como los casos de Venezuela y Nicaragua”. También está el tema de los posibles lazos que un gobierno de la izquierda eventualmente entablaría con regímenes cuestionados como el de Daniel Ortega o el de Nicolás Maduro. Al respecto Cañón cree que los sectores aliados del candidato que los favorecerían no prevalecerán sobre la política exterior de un Estado como Chile, ajena a esos vaivenes.
Quizás, al final, Chile corre el riesgo de que el laberinto que atraviesa desemboque en el regreso de una historia bien conocida. Porque, como dijo al diario El País de España Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile: “Las sombras de Allende y Pinochet siguen planeando sobre nuestras cabezas”. Por lo pronto, las urnas tienen la palabra.
*Periodista y escritor bogotano. Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS. Es egresado de la Universidad de La Sabana, con máster en Claves del Mundo Contemporáneo de la Universidad de Granada, en España. Ha sido jefe de la oficina de el diario El País de Cali en Bogotá, jefe de redacción de El Espectador, editor general de la agencia nacional de noticias Colprensa, editor del Grupo Nacional de Medios, director de Semana.com, editor general de Semana Rural y consultor estratégico de comunicaciones del Programa Colombia Responde.