La teoría del voto económico sugiere que los gobiernos que presentan resultados económicos prósperos en el período que precede a las elecciones serán reelegidos con mayor probabilidad que aquellos que presentan resultados adversos. Se trata de la intuitiva lógica del premio-castigo: los ciudadanos premian a los gobiernos que proporcionan prosperidad y viceversa. Por ejemplo, un Gobierno que logra disminuir las cifras de paro durante su legislatura, que aumenta el nivel adquisitivo de la gente o que disminuye el nivel de pobreza del país tendrá más probabilidades de ganar las elecciones.
La lógica del premio-castigo se presenta en los estudios de voto económico como evidencia de la posibilidad que los ciudadanos tienen de sancionar las acciones de los gobiernos cada cuatro años gracias a la celebración de elecciones. Sin embargo, para que la lógica del control se cumpla el electorado debería contar con un nivel mínimo de conocimiento y entendimiento de las condiciones que rodean a las decisiones de los gobiernos, así como a la implementación de sus políticas. Cuando los ciudadanos están informados, son capaces de responsabilizar al Gobierno por los resultados económicos que afectan a su vida cotidiana. En cambio, un electorado desinformado puede llegar a castigar a gobiernos que se han esforzado por proteger el interés general bajo las condiciones más adversas y, al contrario, premiar injustamente a gobiernos que han traicionado el interés general.
El galopante encarecimiento del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha supuesto un incremento sin precedentes en la factura de la luz de muchos consumidores y empresas a lo largo del presente año 2021. En algunos casos, los incrementos llegan a ser de más de un 30%. ¿Tendrá consecuencias electorales la escalada del precio de la luz, dado que afecta directamente al bolsillo de los electores? En las siguientes líneas ofrezco una reflexión al respecto guiada por las principales conclusiones a las que los estudios académicos sobre voto económico han llegado.
La primera conclusión a la que han llegado estos estudios es que a la hora de tomar su decisión en las urnas, la ciudadanía tiene más en cuenta el estado de la economía del país (lo que se denominan las percepciones sociotrópicas) que su situación económica particular (lo que se conoce como consideraciones egocéntricas sobre sus finanzas personales). Aunque no seamos expertos en economía, podemos intuir que el Gobierno no es 100% responsable de nuestra situación económica personal, puesto que la misma es también el producto de decisiones particulares tales como nuestro nivel de consumo, el tamaño de la familia a la que pertenecemos o de la casa en la que vivimos, nuestras preferencias personales, etc. No obstante, el precio de la luz no solo afecta al bolsillo de los consumidores sino también al tejido empresarial ya bastante maltrecho a consecuencia de la pandemia. Tanto pequeñas como medianas empresas afrontan el coste imprevisto de la subida de la luz con preocupación y, en algunos casos, incluso indignación.
La segunda conclusión es que algunos resultados económicos no son únicamente el fruto de unas decisiones gubernamentales concretas, sino que deben interpretarse en el marco de una tendencia global. En el caso del precio de la luz, la actual situación de los mercados energéticos mundiales es crítica, debido al descontrol de los precios de cotización del gas natural. Se trata, por tanto, de un contexto de crisis energética global. Esta circunstancia podría (al menos en parte) exonerar al Gobierno de su responsabilidad directa respecto al desmedido precio de la luz. Sin embargo, la cuestión del grado de control que los gobiernos tienen sobre el precio de la electricidad es peliaguda.
Es cierto que el brusco incremento del precio de la luz se puede achacar al mal funcionamiento del mercado mayorista, ya que no hay duda de que los precios en el mercado eléctrico distan mucho de ser trasparentes respecto a los costes que originan su producción. Sin embargo, no debemos olvidar que en España el Gobierno tiene un papel relevante en el establecimiento del precio final de la electricidad, dada la carga fiscal que soporta su consumo. Baste mencionar el tipo de IVA que se ha aplicado hasta junio de 2021 en la factura de los consumidores domésticos, que correspondía al 21% (el mismo que se aplica a los bienes de lujo). Un tipo de IVA que en otros países europeos es mucho menor.
Finalmente, los estudios sobre voto económico también sugieren que los gobiernos pueden compensar condiciones económicas adversas con medidas de protección de los grupos sociales a los que probablemente la recesión económica afectará en mayor medida. La aprobación del plan de choque para rebajar el precio de la electricidad muy probablemente persiga ese objetivo. El paquete de medidas aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre combina, entre otras cosas, rebajas fiscales (justo aquellas en las que más margen tiene el Gobierno) con la aprobación del suministro mínimo vital. Esta medida aumenta la protección de los consumidores vulnerables, las familias y las pymes, prohibiendo el corte de servicio por impago a los beneficiarios del bono social eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro que ya existían.
Está por ver si este paquete de medidas funcionará como amortiguador del posible castigo electoral que algunos comentaristas y medios de comunicación vaticinan. De momento, con la inflación al alza y con su cota más alta en las últimas tres décadas no lo parece. Todo dependerá de si los electores son capaces de considerar algunas de las condiciones bajo las cuales se ha producido este imprevisto aumento de precios en plena crisis energética. Y, lo que tal vez sea más importante, que nuestros dirigentes sepan explicarlo a los ciudadanos con serenidad y pedagogía, más allá de las broncas y reproches a las que nuestra clase política nos tiene acostumbrados. Pero, sobre todo, conviene no perder de vista que el precio de la luz no es más que la punta del iceberg de una crisis energética mundial sin precedentes. No hay tiempo que perder: es el momento de que el actual Gobierno explique con claridad y contundencia cuál es su estrategia a largo plazo para gestionar la emergencia climática, la necesaria descarbonización de nuestra maltrecha economía, o el compromiso sincero con la defensa del medio ambiente. Sin una hoja de ruta clara para la gestión de la actual crisis energética, el mencionado paquete de medidas urgentes para rebajar el precio de la electricidad puede convertirse en un simple parche momentáneo sin recorrido a largo plazo.
En definitiva, el aumento del precio de la luz puede pasar factura no solo a los consumidores (que se han tenido que rascar el bolsillo), y al tejido empresarial sino también al Gobierno, provocando la indignación de los ciudadanos que perciben una disminución significativa de su poder adquisitivo en el contexto de una inflación por encima de los cinco puntos. Pero no olvidemos que las elecciones no sirven exclusivamente para mirar atrás y castigar a los políticos que no hayan proporcionado suficiente bienestar a la ciudadanía a lo largo de la legislatura. Las elecciones también sirven para seleccionar al proyecto político que mayor prosperidad y bienestar proporcionará al país en el futuro. Y, en la actualidad, cualquier proyecto de futuro tiene necesariamente que hablar largo y tendido sobre la emergencia climática.
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