La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advierte que el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que “declara de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno federal, podría generar riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.
La Cofece advirtió que el acuerdo presidencial podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos.
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La Comisión destaca el hecho de que, conforme al acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación.
“En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable”, afirmó la Cofece.
Este martes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó la publicación del acuerdo del presidente López Obrador, al considerar que evade diversas normas constitucionales y legales que tienen como objetivo “proteger los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos”, entre otros.
“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, señaló el CCE.
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El Consejo denunció que el acuerdo presidencial declara de seguridad nacional proyectos de infraestructura prioritarios y/o estratégicos, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva dicho régimen excepcional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen.
“La Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”, expone el documento.
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