Melissa Barra
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y Wendy Galarza, activista defensora de los derechos de las mujeres en Cancún y fundadora del Colectivo 9 de noviembre, denunciaron en París los feminicidios en México y la represión que se vive en las protestas feministas.
“Los policías comenzaron a disparar directo a los manifestantes, con armas largas y balas reales”… Wendy Galarza, activista de Cancún, recuerda de manera muy vívida cómo trascurrió la jornada del 9 de noviembre de 2020.
Ese día, salió a las calles a protestar junto con asociaciones civiles contra el violento asesinato dos días antes de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, llamada Alexis.
En un punto de la protesta, dice Galarza, miembros de la fuerza pública dispararon contra la multitud y tres policías empezaron a golpearla en el suelo a ella y a su pareja con todo lo que tenían.
“Yo no puedo identificar en qué momento las balas entran a mi cuerpo, de lo fuerte que era la golpiza”, recuerda.
Recibió disparos en la pierna y la vulva. Relata que varios amigos fueron heridos con balas, y algunas manifestantes incluso fueron torturadas sexualmente.
Galarza interpuso una denuncia a la fiscalía, pero un año después ninguno de los autores de los disparos que la hirieron han comparecido ante la justicia. La causa sigue abierta.
“Formamos el Colectivo 9N como consecuencia de la represión para visibilizar y trabajar en nuestro caso”, dice.
Su compromiso ha recibido el respaldo de Amnistía Internacional, que ha impulsado una gira europea con Galarza para alertar sobre la criminalización de las protestas feministas en México. La acompaña Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la ONG internacional, que ha denunciado a finales de octubre estos casos de uso desmedido de la fuerza en al menos nueve Estados del país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
3 mil 700 asesinatos de mujeres en 2020
“Publicamos un informe documentando las protestas durante 2020 y, desafortunadamente, en 2021, hemos podido monitorear otras manifestaciones donde se han presentado estas violaciones a los derechos humanos“, detalla Olivares Ferreto. “Vemos con preocupación cómo diferentes entidades hacen uso del sistema penal para acallar a las mujeres”.
Pide que en vez de dedicar recursos públicos a la represión de las protestas, mejor se usen para prevenir la violencia contra las mujeres en México.
Porque las cifras de feminicidios a nivel nacional son escalofriantes. En promedio, 10 mujeres son asesinadas cada día.
“En lo que va del 2021, ya registramos en septiembre una cifra de 2 mil 800 asesinadas“, apunta la directora de Amnistía Internacional.
En 2020, se contabilizaron más de 3 mil 700 muertes violentas de mujeres, pero apenas un cuarto de esos homicidios fueron investigados como feminicidios.
“Tiene que ver con el hecho de invisibilizar estos actos atroces“, explica Wendy Galarza. “Justo este número es tan escandaloso para las autoridades que se trata de ocultar cómo se llevan a cabo las investigaciones”, dice.
“No se aplica la sentencia de Campo Algodonero”
En todas las 32 entidades estatales mexicanas se han constatado deficiencias a la hora de investigar asesinatos y desapariciones de mujeres. Fallas que llevan a las familias a investigar por su propia cuenta. Recientemente, Amnistía Internacional se ha enfocado en denunciar falencias de la Fiscalía general del Estado de México en especial. Ha lanzado una campaña llamada #HastaSerEscuchadas.
“Hay pérdidas de evidencias, no se recolectan a tiempo pruebas periciales, no se llevan a cabo todas las líneas de la investigación y los casos quedan abiertos 20 años sin que se cierre la investigación y se pueda así judicializar”, lamenta Edith Olivares Ferreto, que también denuncia cómo no se han aplicado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2009, llamada Sentencia de Campo Algodonero, que había establecido un aparato legislativo para investigar los asesinatos de mujeres.
“Por ejemplo no se aplican pruebas periciales como la toma de exudado vaginal para determinar si hubo violencia sexual, o el raspado de uñas para saber si la víctima se defendió”, agrega.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tildado el movimiento feminista de “conservador” y ha insinuado que intenta “afectar” a su gobierno. Para las activistas, el mandatario habla de feminicidios únicamente para “estigmatizar y criminalizar” las protestas de mujeres.
RFI
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